CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El juez federal de Boston que atiende la demanda del gobierno mexicano contra ocho empresas fabricantes de armas en Estados Unidos escuchó hoy los argumentos orales de ambas partes, y determinará en algunas semanas si decide detener o continuar con el proceso judicial.

Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, recalcó que “nos sentimos muy confiados en (nuestros) argumentos legales” y, tras afirmar que impera “mucha satisfacción de que lo estamos haciendo bien”, sostuvo que “estamos muy optimistas de que nuestros argumentos legales son lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración y nos permita continuar en la siguiente etapa”.

Bajo el impulso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno mexicano demandó a las empresas por su “negligencia” y por sus prácticas comerciales que facilitan el tráfico ilegal de por lo menos 500 mil armas al año a México, a sabiendas de que grupos criminales las utilizan para cometer sus delitos violentos.

“Entre 70 y 90% (de las armas usadas en delitos en México) es traficado ilícitamente desde Estados Unidos; se facilita por la negligencia de las empresas a las que estamos demandando. Estas empresas saben, todos sabemos, que sus armas son usadas en México para cometer delitos. Y aún sabiendo, no hacen nada para detenerlo”, planteó Celorio.

En una conferencia de prensa que dio de manera virtual desde la embajada de México en Washington, el consultor jurídico explicó que, en la audiencia de hoy, las empresas presentaron nueve “mociones de desestimación” para convencer el juez de no dar cabida a la demanda: cada una presentó una por su parte, y entregaron una conjunta.

El abogado insistió en que la audiencia se llevó a cabo “en un ambiente de mucho respeto”, en “un intercambio muy técnico” de argumentos y precedentes legales, en el cual “no hubo argumentos políticos, sobre la frontera” y “sin la contaminación que existe a veces alrededor del tema”.

En sus presentaciones orales, las empresas insistieron en cuestionar la capacidad legal del gobierno mexicano para demandar en Massachussets, señalaron que son las víctimas y no el gobierno quiénes deberían demandar, y negaron el nexo causal entre la fabricación de armas y su uso para cometer delitos.

El gobierno mexicano contestó puntualmente a estos argumentos, y según Celorio “existe un alto respeto entre las empresas demandadas y nosotros que estamos demandando”, lo anterior “en un marco de respeto al derecho”. El consultor jurídico indicó que la etapa de hoy fue “muy preliminar”, y el juicio está lejos todavía de ver “el fondo del litigio”.

“¿Qué pasaría si la resolución es favorable para México? Sabemos que nuestros argumentos son válidos y sólidos como para obtener la razón. Si no obtuviéramos una razón favorable, tendríamos que revisar cuál es el razonamiento del juez respecto a nuestros argumentos legales, y si lo estimamos procedente –puedo anticipar que sí—recurriríamos a la instancia de apelaciones para solicitar que se reviertan los efectos de la decisión del juez”, abundó.