WASHINGTON (apro). – México solicitó a la Corte Federal del estado de Massachusetts mantener vigente su demanda contra ocho empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, a las que acusa de negligencia en el tráfico ilegal del armamento que empodera al crimen organizado y al narcotráfico; responsables del asesinato de miles de personas.

México ha establecido una denuncia viable de afectación pública, por lo que respetuosamente solicita a la Corte negar la petición de los demandados de desechar el caso”

se lee en el argumento legal de 54 páginas entregado al juez Dennis Saylor, de la Corte en Massachusetts.

A finales del año pasado, las ocho empresas demandadas exigieron a la Corte con sede en Boston, desechar la demanda que le interpuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los acusados diseñan y manufacturan armas de guerra, luego las colocan en el mercado y las venden de una forma con la cual sabe que de forma rutinaria arman a los cárteles (del narcotráfico) de México”, destaca el argumento legal del gobierno mexicano.

En agosto del año pasado por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el gobierno de México demandó a las empresas; Smith and Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Strum, Ruger and Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

Con la respuesta de México al pedido de los demandados ante la Corte en Massachusetts, los ocho armeros ahora tienen de plazo hasta el 28 de febrero para interpelar la acción legal del gobierno de López Obrador.

La exposición legal a la Corte en la respuesta mexicana está acompañada de aspectos comunes en el comercio de las armas.

El gobierno mexicano aborda que los demandados fabrican rifles de alto poder calibre 0.50 con capacidad para derribar helicópteros y penetrar vehículos como tanquetas de guerra, que en el caso de México han sido utilizados por narcotraficantes en enfrentamientos con el ejército.

“Diseñan rifles semiautomáticos que con facilidad pueden ser transformados en ametralladoras automáticas”, se lee en el documento firmado por los bufetes de abogados, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, representantes de la SRE en la demanda ante la Corte en Boston.

En paralelo, el gobierno mexicano solicita al juez Saylor la realización de una audiencia presencial para en persona escuchar sus argumentos en la que también estarían presentes los representantes legales de las empresas estadunidenses demandadas.

La pandemia de covid-19 ha impedido la realización de audiencias presenciales en el litigo de Boston, al cual se le considera como icónico, al establecer el hecho de que un país demanda a las poderosas empresas estadunidenses fabricantes de armas.

México en la demanda civil exige una compensación de 15 mil millones de dólares para los familiares de las decenas de miles de víctimas que perdieron la vida en los incidentes de violencia y homicidios cometidos con armas fabricadas y traficadas ilegalmente de Estados Unidos.

Ellos saben (los demandados) que sus distribuidores y vendedores despachan a granel estas armas militares sin ninguna restricción, claramente intencionadas para los narcotraficantes

“Ellos (los demandados) sabe que los cárteles usan estas armas para causar daños devastadores al gobierno de México y a sus ciudadanos”, enfatiza el argumento mexicano ante el juez Saylor.

Una vez presentada la respuesta de las 8 empresas estadunidenses, a más tardar el próximo 28 de febrero, el juez debe emitir una decisión en dos meses después, en abril, enseguida las partes tiene un plazo de 45 días para apelar de la decisión del magistrado de la Corte de Massachusetts.

En caso de que el juez Saylor favorezca la posición y pedido del gobierno de México, los tiempos legales para iniciar un juicio se calculan para el verano de este mismo año.