Gobierno de México
Revelan que demanda de México contra fabricantes de armas de EU fue aplazada hasta 2022
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano presentó una demanda en contra de las empresas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International Arms, Colt´s Manufacturing, Glock Ges, Sturm, Ruger & Co, e Interstate Arms, así como algunas filiales y matrices.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por un acuerdo con el gobierno mexicano y las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, la demanda civil que presentó el gobierno de México ante tribunales de aquel país se aplazó hasta el cierre de febrero de 2022.
Según información del diario Reforma, las ocho empresas fabricantes de armas informaron ayer a la Corte Federal en Boston que llegaron a un acuerdo con el gobierno de México para calendarizar la presentación de mociones para desechar la demanda por improcedente, así como las réplicas respectivas, proceso que originalmente iba a iniciar en septiembre.
El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano presentó una demanda en contra de las empresas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International Arms, Colt´s Manufacturing, Glock Ges, Sturm, Ruger & Co, e Interstate Arms, así como algunas filiales y matrices.
La demanda es para reclamar el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.
"Esta ola de armas (hacia México) no es un fenómeno natural o una consecuencia inevitable del negocio o las leyes de armas de Estados Unidos. Es el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas de negocio de las demandadas", señala la demanda.
La audiencia que se tenía prevista para este mes de septiembre se difirió para febrero del año entrante y además de las réplicas previstas a entregar en noviembre, se analizará el posible desechamiento de la demanda, por cuestiones como la falta de jurisdicción de la Corte para fallar por hechos de violencia ocurridos en México, es un tema preliminar que deberá ser resuelto antes de que se llegue a la etapa de juicio.