WASHINGTON (apro). –Las ocho empresas de Estados Unidos fabricantes de armas y demandadas civilmente por el gobierno de México ante la corte federal de Massachusetts, insistieron en que se debe desechar la querella ya que carece de méritos y fundamentos legales.

En 48 páginas la respuesta conjunta de las armerías demandadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), le vuelven a pedir al Dennis Saylor a cargo del caso, desechar la demanda porque además no demuestra su involucramiento en el asesinado de miles de mexicanos.

“La denuncia no menciona a un sólo demandado que haya cometido un acto de daño en México”, se lee en la respuesta de las armeras, matizando que “no tiene sentido” el caso bajo las leyes de Estados Unidos y menos en la jurisprudencia en Massachusetts.

“Todos los acusados son empresas estadunidenses a las que el gobierno mexicano trata de responsabilizar por sus conductas legales que han ocurrido en Estados Unidos, con la teoría de que algunos de sus productos (armas) fueron traficadas a México por criminales y usadas por otros criminales para cometer crímenes allá”, apunta la respuesta.

La replica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que mantiene la posición de que se lleve a cabo un juicio en Massachusetts, está firmado por los abogados que representan las armerías:  Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.SA., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

La demanda del gobierno mexicano responsabiliza a los armeros estadunidenses de negligencia y los corresponsabiliza del asesinato de miles de mexicanos con armas estadunidenses y de empoderar con sus productos a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado.

“Haber elegido demandar a empresas estadunidenses en una corte de Estados Unidos y basada en su conducta (de las compañías) en Estados Unidos, México no puede evadir los principios básicos de las leyes estadunidenses que inexorablemente requieren desechar las quejas en contra de todos los demandados”, enfatizan los armeros.

La SRE por medio su Consultoría Jurídica, sostiene que los armeros estadunidenses cierran los ojos al tráfico ilegal de armamento que se lleva a cabo en Estados Unidos y que anualmente ingresa a México entre 500 a 800 mil armas de alto poder.

El gobierno de México además de corresponsabilizar a las empresas estadunidenses de la muerte de miles de ciudadanos con las armas que producen, pide un resarcimiento para los familiares de las víctimas de 15 mil millones de dólares.

Los abogados de los armeros le argumentan al juez Saylor que, no tiene sustento lo que sostiene México porque incluso los cárteles del narcotráfico “que son entidades independientes” se involucran en actos de violencia sin que en estos tengan nada que ver los demandados.

“México en su denuncia tasa de forma insuperable que este caso esta gobernado por las leyes mexicanas en lugar de las leyes de Estados Unidos”, resalta en su argumento los armeros para luego sustentar.

“Un hecho, la ley sobre Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) dice con claridad que no se le puede demandar ante cualquier corte de Estados Unidos sin importar las jurisdicción en donde se pueda aplicar la ley”.

“Sobre los méritos, México no tiene un argumento plausible sobre por qué la PLCAA no protege de esta demanda. Es simplemente un error que se aplique el estatuto de extraterritorialidad aquí”, señalaron los abogados. 

Insisten que la PLCAA al contrario de lo que sostiene el gobierno de López Obrador, a ellos los protege la ley de cualquier demanda basada en sus actividades empresariales y en cumplimiento de las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.

Otro de los alegatos de los armeros es que las autoridades mexicanos que demandan no demuestran en la queja que las armas que venden en Massachusetts, dónde presentó la denuncia, los involucren en los asesinatos de ciudadanos mexicanos a menos de terceros que pudieron adquirir las pistolas o rifles en otro lugar.

La PLCAA ofrece una especie de escudo proteccionista a empresas fabricantes de armas frente a demandas civiles en Estados Unidos.

Por ejemplo; en el caso de la masacre del teatro en Aurora, Colorado, a un distribuidor de municiones, familiares de las víctimas le tuvieron que pagar 203 mil dólares por las pérdidas que le causaron a su negocio.

La SRE sostiene en su queja que hay un antecedente jurídico que emana de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre PLCAA en la que dice: cuando una conducta en una nación causa daño en otra, la ley local del estado donde se produjo el daño determina los derechos y responsabilidades de las partes (los armeros).

Las ocho empresas impugnadas por el gobierno mexicano quieren extirpar la demanda de Massachusetts alegando que en ese estado no hay nada que ligue a sus productos con el tráfico ilegal de armas a México y por consiguiente a la violencia y homicidios cometidos con el arsenal.

Con la respuesta de los armeros a la insistencia del gobierno mexicano de que se celebre el juicio, el juez Saylor tiene ahora 45 días para emitir un fallo respecto al pedido de las empresas demandadas y la exigencia de la SRE del gobierno de López Obrador.