Tráfico de armas
La demanda mexicana contra armeros de EU, en fase crítica
El proceso que lleva adelante la Cancillería mexicana contra ocho fabricantes estadunidenses de armas entrará a una fase crítica, pues los demandados pretenden trasladar el juicio a Texas o Arizona, donde la cultura proarmamento imperante los favorecería.
El proceso que lleva adelante la Cancillería mexicana contra ocho fabricantes estadunidenses de armas, iniciado el pasado agosto en Boston, entrará a una fase crítica, revela a Proceso Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, pues los demandados pretenden trasladar el juicio a Texas o Arizona, donde la cultura proarmamento imperante los favorecería. El 31 de enero un juez decidirá dónde seguir el procedimiento. El funcionario mexicano es enfático al señalar que los armeros del país del norte son “corresponsables de las decenas de miles de asesinatos relacionados directamente con armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos a México y deben pagar por ese daño”.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La demanda civil que la Cancillería mexicana interpuso en agosto contra ocho fabricantes estadunidenses de armas entrará a una fase crítica el próximo 31 de enero, cuando un juez determinará si el proceso continuará en Boston, donde se inició, o es trasladado a Texas o Arizona, como pretenden los abogados defensores.
En su afán de acabar con el clima de violencia que impera en el país, el gobierno de México inició el proceso civil para corresponsabilizar –ante un tribunal estadunidense– a ocho fabricantes de arsenales que han empoderado al narcotráfico y al crimen organizado.
“Los fabricantes de armas de Estados Unidos cierran los ojos ante la criminalidad que hay en México, se hacen tontos y lucran con sus productos; faltan al cuidado de la debida diligencia a través de los criminales”, dice a Proceso Alejandro Celorio Alcántara.
Consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Celorio Alcántara habla sobre la demanda civil que en agosto del año pasado interpuso el gobierno mexicano, originalmente contra 10 empresas fabricantes de armas.
“Son corresponsables de las decenas de miles de asesinatos relacionados directamente con armas traficadas ilegalmente de Estados Unidos a México y deben pagar por ese daño”, precisa Celorio Alcántara.
Interpuesta ante la Corte Federal de Massachusetts, la demanda civil ideada por el canciller Marcelo Ebrard y orquestada por el Consultor Jurídico de la SRE, acusa por negligencia a las ocho empresas del tráfico ilegal anual de entre 500 mil a 800 mil armas estadunidenses a México.
“Buscamos un resarcimiento de daño (a las víctimas) de 6% del Producto Interno Bruto del país, que equivale más o menos a unos 15 mil millones de dólares”, comenta Celorio Alcántara en entrevista con este semanario, anotando que él confía en ganar la demanda.
De 139 páginas, la denuncia civil de México es contra Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Strum, Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
El 31 de diciembre de 2021 los abogados que representan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la demanda en Massachusetts notificaron al juez Dennis Saylor que “voluntariamente y sin prejuicio” retiraban de la pesquisa a las empresas Beretta Holding SPA y a Glock GES MBH.
“Como parte de la estrategia bajamos las demandas contra las empresas Glock y Beretta que están en Austria e Italia, respectivamente, pero mantenemos las demandas contra Glock y Beretta en Estados Unidos”, explica el consejero jurídico de la cancillería mexicana.
En la entrevista, llevada a cabo en la sede la cancillería, el responsable jurídico de la SRE pone énfasis en que con esta decisión se evita que las empresas ahora retiradas voluntariamente exigieran que el pleito legal en su contra se llevara a cabo en sus países sede.
“Se decidió así para conservar el foro en Boston (Massachusetts) y eliminar un desgajamiento de la demanda centrada en las empresas estadunidenses”, reitera el funcionario de la cancillería.
El pasado 22 de noviembre los fabricantes de armas demandados presentaron a la Corte Federal una moción exigiendo al juez Saylor desechar la impugnación, por lo que el magistrado designó el día 31 de enero de 2022 como plazo para recibir la respuesta de México.
Por medio de los abogados Steve Shadowen, Richard Brunell y Jonathan Lowy, la respuesta de México se archivará electrónicamente en la Corte de Massachusetts el próximo lunes 31.
“Vamos a señalar que las empresas demandadas se excusan argumentando que en el tráfico ilegal de las armas intervienen muchas personas en la cadena de comercio y su responsabilidad se diluye; lo cual jurídicamente no es cierto”, adelanta Celorio Alcántara.
