Washington (Proceso).- Dennis Saylor, juez federal de la Corte de Massachusetts, cuestionó el fundamento extraterritorial de la demanda civil que el gobierno de México interpuso ante él contra ocho fabricantes de armas, lo que jurídicamente pareciera un mal pronóstico, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se siente confiada en que eso no es así.

“No, no es un mal augurio”, dice Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE y responsable de la querella.

“Hay información suficiente en los escritos que presentamos ante la Corte, en el escrito inicial de la demanda y después en la contrarréplica que presentamos, en los cuales dejamos muy claro cuáles son las particularidades de nuestro caso”, añade en entrevista con Proceso.

El martes 12 se realizó una audiencia virtual sobre la demanda civil, en la cual el gobierno mexicano presentó a Saylor sus argumentos orales en favor de que haya un juicio sobre el caso. Las armerías, en tanto, argumentaron en contra. 

En la sesión que duró poco más de hora y media Steve Shadowen, uno de los abogados representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pocos minutos de presentar su caso fue interrumpido por el magistrado cuando estipulaba el alcance extraterritorial de la denuncia.

El abogado, a nombre de México, alegó que los armeros, bajo la instrumentación de la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), son responsables por negligencia del tráfico ilícito de sus productos que empoderan al crimen organizado mexicano.

“Saben que sus ventas de armas estilo militar son de la preferencia de los cárteles y lo hacen sabiendo que sus armas (semiautomáticas) fácilmente se pueden convertir en armas automáticas”, expuso Shadowen cuando el juez lo interrumpió para cuestionar la sostenibilidad legal del asunto.

Y es que la ley PLCAA, creada por el Congreso federal de Estados Unidos, da inmunidad a los fabricantes de armas ante cualquier demanda civil o criminal por parte de cualquier persona o entidad, incluso en asesinatos u homicidios masivos con pistolas y rifles.

La Cancillería, por medio de sus abogados, sostiene que las armerías publicitan sus armas indirectamente desde Estados Unidos al gusto de los cárteles, lo que los hace corresponsables de la muerte de decenas de miles de mexicanos, pese a la inmunidad de la ley PLCAA.

El juez le preguntó al abogado del gobierno mexicano si, bajo esas argumentaciones, países como El Salvador e Italia también podrían demandar por el uso de armas estilo militar, fabricadas en Estados Unidos, por pandilleros de la M13 y miembros de la mafia italiana.

“Ellos podrían”, respondió Shadowen trastabillando en sus palabras por la sorpresa de la intervención del magistrado.

La respuesta no fue suficiente para Saylor, consciente de que su fallo sobre si desechar o dar banderazo al juicio sentaría un precedente judicial en Estados Unidos que potencialmente pudiera causar una cascada de demandas internacionales contra los armeros estadunidenses.

“Los ucranianos están usando armas militares o revólveres fabricados por Smith & Wesson para matar soldados rusos, ¿podría, entonces, Rusia demandar a Estados Unidos? o por qué no lo haría, si lo que dice su teoría es correcto”, preguntó el juez al abogado.

Shadowen volvió a titubear ante la analogía que usó el juez para interrogarlo y se limitó a volver a decir que se podría. El juez ya no volvió a intervenir y continúo guiando la audiencia conforme a los turnos de tiempo para sus argumentos de los demandantes y acusados.

Los tiempos

En entrevista telefónica con Proceso, el consultor jurídico de la Cancillería indica que los documentos con la demanda que le entregaron al juez hacen del caso de México diferente al de Italia, El Salvador y Ucrania.

Confiado, Celorio Alcántara dice: “Cuando el juez, después de escuchar los argumentos orales, empiece a revisar los argumentos escritos, podrá darse cuenta de que la circunstancia en México es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra demanda señala que las actividades negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas para que algunas personas en México cometan delitos. En otras latitudes estamos hablando de terrorismo; en Ucrania es una cuestión de guerra. Lo más cercano sería El Salvador o Italia, estamos hablando de crimen organizado”.

Uno de los abogados que representan los intereses de las ocho empresas estadunidenses demandadas por México aprovechó el cuestionamiento del juez para denunciar que en la querella se pretende usar a la Corte de Massachusetts como cortina de humo.

“El gobierno (mexicano) está usando a la Corte como herramienta, su demanda tiene fallas, defectos y no puede enmendar lo que dice la ley PLCAA sobre la fabricación de las armas”, expuso Andrew Llelling, representante legal de la empresa Smith & Wesson.

La posición del gobierno mexicano no tiene cortapisas con tal de salir adelante en su propósito, quiere responsabilizar a las empresas demandadas y que paguen por daños y perjuicios unos 15 mil millones de dólares a los deudos de los miles de muertos mexicanos.

“Nuestra posición es que nuestra demanda es particular, pero si hubiera otras demandas no vemos por qué no pudieran (otros países) demandar a estas empresas. Nosotros nos referimos a lo que pasa en México, pero las cortes estadunidenses están abiertas a gobiernos extranjeros y han sufrido un daño, eso es un precedente de la Suprema Corte de Justicia”, explica el consultor o encargado de los asuntos jurídicos de la SRE.

Tras la conclusión de la audiencia del martes 12, Celorio Alcántara ofreció una conferencia de prensa ante medios mexicanos, y, entre otras cosas, habló de “apelación”, lo que algunos analistas calificaron de que ya se asume un fallo de Saylor en contra.

“No, no”, contesta raudo el asesor jurídico a este semanario ante la pregunta de que, si hablar de apelación antes de conocer la decisión del juez de la Corte de Massachusetts es ya anticipar un revés jurídico.

“Siempre lo menciono para que sepan (los medios de comunicación) que las empresas demandadas pueden apelar. Para que se entienda que el proceso no terminó el martes 12, termina cuando da la resolución el juez; es un proceso más complejo de tiempos.”

–¿Qué sigue? –se le pregunta a Celorio Alcántara.

–Por la cantidad de documentos presentados por ambas partes le debe de tomar al juez un par de semanas la revisión, la reflexión, y después lo que esperamos es una resolución por escrito, como se dan las órdenes de estos jueces. Una resolución por escrito que se pueda referir a todos los elementos del caso y eso le va a tomar tiempo. Unos dos meses, unas seis, ocho semanas. Después de la resolución tendríamos que revisar cómo viene. La apelación, no de nosotros, puede ser de las empresas demandadas, explica el consultor jurídico de la SRE.

Las ocho empresas estadunidenses demandadas por México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Sturm, Ruger & Co, y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.  

Texto publicado en el número 2372 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 17 de abril de 2022.