CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) denunció la indiferencia del Estado mexicano para atender una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, en favor de Hugo Martínez Gorostieta, detenido, torturado y acusado de delitos que no cometió.

La organización que representa a Martínez Gorostieta, arrestado en 2008 sin orden de aprehensión por personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, resaltó que en el GTDA emitió la Opinión 61/2021 en la que declaró que “la detención de Hugo es violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y recomendó al gobierno de México ponerlo en inmediata libertad”, resolución que fue aprobada en noviembre del año pasado.

La CMDPDH urgió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y a la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México a conceder un indulto a Martínez Gorostieta.

La organización apuntó que el organismo de la ONU dio al Estado mexicano seis meses para atender la resolución, plazo que venció la semana pasada, “sin que el Estado hubiese adoptado acciones sustantivas para siquiera fijar una ruta para el cumplimiento de la decisión del GTDA”, por lo que Martínez Gorostieta continúa en prisión cumpliendo una pena de 113 años por el delito de secuestro, que no cometió, y además fue torturado y obligado a firmar una declaración autoinculpatoria.

Al reconocer que, hasta ahora, el gobierno mexicano sólo ha acatado la resolución publicándola en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 7 de julio, la CMDPDH apuntó que el gobierno mexicano no ha atendido los puntos cruciales del resolutivo de la GTDA no sólo sobre poner en libertad a Hugo Martínez Gorostieta, sino que “no se le ha concedido medidas de reparación, y las investigaciones sobre la violación a sus derechos se encuentran paralizadas”.

Para la organización, la desatención de las observaciones del organismo de la ONU “evidencia la penosa y reiterada contradicción que existe entre el discurso de compromiso con los derechos humanos que México presume en los foros multilaterales, y la ausencia absoluta de esfuerzos serios para cumplir con las recomendaciones internacionales en sede interna”.

La organización narró que una vez que fueron notificadas las observaciones del GTDA, se acercó a la Coordinación Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos (CAIDH) de la Secretaría de Gobernación, dependencia que se comprometió a convocar a una reunión entre víctimas y autoridades responsables a más tardar el 6 de julio de este año, situación que no ocurrió.

Ante el silencio de la CAIDH, la organización señaló que buscó a las autoridades responsables del cumplimiento de la resolución internacional, respondiendo satisfactoriamente el Consejo de la Judicatura Federal, y las comisiones de Derechos Humanos y Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México.

“Nos preocupa, particularmente, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL) hayan negado la solicitud de reunión formulada por la CMDPDH, bajo el argumento de que la Segob es la entidad gubernamental encargada de coordinar el cumplimiento de la Opinión, pues ante la falta de convocatoria por parte de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Segob y la negativa de la reunión de la CJSL y la Jefa de Gobierno, la víctima se enfrenta ante una denegación absoluta de alternativas para recuperar su libertad”, expuso la organización.

La CMDPDH puntualizó que la recuperación de la libertad de Hugo Martínez Gorostieta puede materializarse a través de un indulto concedido por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y por el titular de la CLSL, Néstor Vargas Solano.

Para atender el resolutivo del organismo internacional, la CMDPDH urgió a una reunión a representantes de la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, las dos últimas, dependencias de la Segob.   

La organización insistió en que Hugo Martínez Gorostieta “ha agotado ya todos los recursos posibles para revertir su condena”, por lo que la única posibilidad para alcanzar la libertad “descansa en la voluntad política del poder ejecutivo, tanto local como federal”.