CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron formalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica  y un Modelo de Reparación Extraordinaria.

Lo anterior, con el fin de “iniciar un proceso que esclarezca los hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones a los derechos humanos en México, así como de la impunidad y la violencia estructurales”.

Para las organizaciones, la solicitud respalda “a las víctimas y movimientos que, en el contexto de la consulta popular celebrada el 1 de agosto, nos recordaron la deuda histórica del Estado mexicano frente a la obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a los miles de víctimas de atrocidades”.

Haciendo uso del derecho de petición, Javier Sicilia Zerdain, dirigente del MPJD, y Graciela Rodríguez Manzo, directora ejecutiva de la CMDPDH, ingresaron una solicitud a la Presidencia para “la creación de mecanismos de Justicia Transicional en México”, documento del que giraron copia a los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Acudimos al derecho de petición como un recurso urgente a una situación insostenible y ante la falta de voluntad política por parte de las autoridades. México no puede continuar siendo un país de víctimas, sin acceso a la verdad, al Estado de derecho y sumido en una crisis de derechos humanos, de violencia e impunidad sin precedentes”, explicaron los peticionarios de los mecanismos que, recalcaron, están apegados al Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Derechos Humanos y la Ley de Planeación. 

Asimismo, solicitaron a esas instancias “el inicio de gestiones necesarias, conforme a su ámbito de competencias”, para la construcción de un modelo de Justicia Transicional, con base en la “propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos”, presentada en 2019.

De acuerdo con la CMDPDH y el MPJD, de crearse los tres mecanismos propuestos “se contribuye a generar las condiciones para que víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad en México obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ya que “a partir de la comprensión de dichos fenómenos será posible sancionar a los máximos responsables y ofrecer una reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

Al insistir en que la petición responde a quienes votaron por el sí en la consulta popular del pasado 1  de agosto, las organizaciones consideraron que, con la formalización de la solicitud de creación de mecanismos de Justicia Transicional, apoyan y reconocen el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y de la sociedad en general, lo cual “requiere la generación de procedimientos extraordinarios de verdad y justicia  que esclarezcan las causas y origen de las violaciones sistemáticas a derechos humanos en el país, ya que los mecanismos existentes han demostrado ser insuficientes ante la magnitud de la violencia y la impunidad”.

El documento presentado hace un recuento de agravios a la sociedad mexicana ocurridos desde 1965 a 2006, pasando por las represiones a movimientos estudiantiles y sociales de 1968 y 1971, para continuar con la llamada “Guerra Sucia” o de contrainsurgencia, periodo del que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recabó 532 quejas de desaparición forzada.

El recuento continúa en los años noventa con las masacres de Aguas Blancas y de Acteal, así como las detenciones de activistas en Guerrero y la política de exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entre 1965 y 2006 habría mil 891 reportes de personas desaparecidas, mientras que entre 1990 y 2004 la CNDH tenía un registro de 2 mil 166 quejas por tortura, y de 1999 a 2001, 323 quejas por detención arbitraria.

El siguiente periodo de análisis que incluye la petición abarca de 2006 a 2021, tras la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, que “significó un parteaguas en el estallido de la violencia en México, misma que hasta la fecha no ha logrado ser contenida”. 

Para ilustrar la gravedad, las organizaciones resaltaron que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de ese periodo, hay más de 85 mil desaparecidos; entre 2006 y 2012, de las detenciones ejecutadas “80 mil fueron realizadas sin orden  de detención”, en tanto que la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad (ENPOL) en 2017 alerta que más de 100 mil personas “reportaron haber recibido golpes o patadas durante su arresto”, así como que “50 mil personas fueron presionadas por la autoridad para dar otra versión de los hechos, y 30 mil no contaron con la presencia de un abogado, lo cual evidencia, a su vez, una política de fabricación de culpables”.

El recuento continúa con las 13 mil 560 investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2006 y 2019 por tortura, en tanto que, en ese mismo periodo, en 27 de los 32 estados se integraron 21 mil 360 expedientes.

En materia de homicidios, entre 2007 y 2017, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaron 240 mil asesinatos, mientras que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública alertó sobre “90 mil homicidios y feminicidios, de los cuales se estiman 10 feminicidios ocurridos por día”.

 A ello se suman los desplazamientos forzados por la violencia, destacando los estados de Chihuahua, con 350 mil personas mayores de 18 desplazadas por la violencia entre 2011 a 2017, y Sinaloa, donde la violencia obligó a casi 35 mil personas a cambiar de residencia.

“De esta manera, se evidencia que en México vivimos una auténtica crisis de violaciones graves a derechos humanos que se han perpetrado a gran escala desde 1965. Cincuenta y seis años de atrocidades masivas han dejado a un país profundamente herido, a un Estado preocupantemente disfuncional y a cientos de miles de víctimas esperando verdad y justicia”, puntualizaron los peticionarios.

Los firmantes se sumaron al llamado del EZLN de respaldar una Campaña Nacional por la Justicia y la Verdad, y hermanarse “con las voces de miles de víctimas, colectivos y organizaciones en la exigencia de verdad y justicia”.
    
La CMDPDH y el MPJD invitaron a “la población en general, a movimientos y colectivos de víctimas, y a organizaciones de promoción de derechos humanos, a sumarse a la exigencia en favor de la defensa de las víctimas”.