CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) emitió recomendaciones a México, “sigue habiendo falta de voluntad y recursos” para terminar con la tortura por “la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración de justicia y administración de justicia”, concluyeron organizaciones de la sociedad civil y víctimas de esa grave violación a derechos humanos.

Al término de la Misión Virtual de Seguimiento de la Implementación de las Observaciones del CAT 2019, encabezada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), los participantes urgieron en la publicación y aplicación del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, comprometido por la administración de Andrés Manuel López Obrador desde 2019.

Dicho Programa fue elaborado de manera conjunta entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil, con la asesoría de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que incluyó un diagnóstico sobre la situación de la tortura en México hasta 2019.

Desde septiembre de ese año, la Secretaría de Gobernación, entidad que coordinó loa trabajos, indicó que el documento sería revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para destinar recursos al combate a la tortura, sin que hasta el momento el Programa haya sido liberado por esa dependencia.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Hacienda, para que terminen los pasos necesarios de forma inmediata para que pueda ser publicado (el Programa Nacional), por la gravedad que conlleva alargar este proceso por las víctimas de la tortura y el conjunto de la sociedad”, alertaron las organizaciones participantes en la Misión de Observación Virtual, realizada del 4 al 11 de febrero.

Como resultado del diálogo con organizaciones, sobrevivientes de tortura y sus familias, así como algunos representantes del gobierno federal con quienes las organizaciones sostuvieron reuniones virtuales, se advirtieron como obstáculos para la “detección, documentación, investigación y sanción de la tortura (…) la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor de la gran mayoría de peritos oficiales , quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo actos de tortura y malos tratos”, lo que debería ser motivo de sanciones, tal como recomendó el CAT.

Desde Ginebra, Helena Solá Martin, responsable de la OMCT para América Latina, consideró preocupante que haya “disonancias entre integrantes del gobierno federal” sobre el tema de la tortura, práctica que el presidente López Obrador ha asegurado que se ha abatido durante su gobierno.

“Por una parte, hubo quien nos dijo que se habían descontextualizado las palabras del presidente, que había que escuchar toda su intervención, pero independientemente de ello, está claro que sigue habiendo tortura.

“En las reuniones con autoridades hubo quien dijo que hay gente que abusa del sistema penal, que las víctimas mienten, que la mayoría de personas que denuncian es porque son los jueces que ordenan las investigaciones por tortura, y hubo quien reconoció que muchas de las víctimas tienen miedo a denunciar por las represalias que podría acarrear. Son contradicciones intolerables y no se pueden permitir, son situaciones que deberían acarrear renuncias de cargos. No se puede jugar con ese tema, los datos confirman la persistencia de la tortura en México”, apuntó la defensora.

Olga Arnaiz, de la Red TDT, reconoció que, si bien durante la revisión del CAT en 2019 se abordaron asuntos relacionados con anteriores administraciones, en la Misión de Observación, “ya no podemos hablar de que la tortura sea un tema del pasado, el problema es que no ha cambiado la situación radicalmente”.

Lamentó que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenga una posición de “silenciar situaciones de graves violaciones a derechos humanos en contra de población migrante, y que intente sancionar a quienes hayan sacado a la luz la denuncias” de personas violentadas por funcionarios federales.

Arnaiz recordó que son más de 3 mil 500 recomendaciones de organismos de la ONU que han enviado a México, entre ellas las del CAT, y siguen esperando respuesta.

Valeria Moscoso apuntó que, además de la “desarticulación” para atender el problema de tortura, lo que se detectó es que las “fiscalías siguen siendo el cuello de botella para que las víctimas alcancen justicia”.

Consideró que de cumplirse el compromiso que el Estado mexicano hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre, de publicar el Programa Nacional, “debería actualizarse el diagnóstico y sería recomendable que fuera revisado por última vez por la sociedad civil, para verificar si entre los nuevos actores se incluyó a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional”.

Entre sus primeros hallazgos, las organizaciones destacaron que en centros de detención, donde se encuentran migrantes y personas con discapacidad, es persistente la práctica de la tortura como mecanismo de control social, así como el sufrimiento causado a las personas que son desplazadas forzadamente por la violencia.

Los representantes de la Misión de Observación se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Instituto Nacional de Defensoría Pública, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

La CNDH y la Fiscalía General de la República se negaron a atender a los integrantes de la Misión de Observación.