CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La violencia generada entre grupos delincuenciales y contra la población civil provocó el éxodo forzado de más de 11 mil personas en cinco estados del país, para las cuales no existe una política pública de atención, se destaca en el informe “Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Cifras 2018”, realizado por la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización, que da seguimiento al fenómeno del desplazamiento interno forzado desde 2014, sostiene en su estudio que con las cifras de 2018 suman 338 mil 405 personas que se vieron obligadas a dejar su hogar a causa de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, por conflictos políticos y/o territoriales, principalmente. En conferencia de prensa, el director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara Bermúdez destacó que si bien la responsabilidad del desplazamiento en 2018 corresponde a la administración de Enrique Peña Nieto, resaltó que la “atención y respuesta a las víctimas, no sólo de las 11 mil 491, sino a las más de 338 mil personas, corresponde a esta administración, que si bien ha reconocido el fenómeno, no ha generado políticas públicas para atender a las víctimas”. El defensor destacó que, del registro de personas desplazadas, “mil 296 víctimas de desplazamiento registradas en diciembre, sí son responsabilidad de las autoridades federales actuales en el curso de nuevo gobierno”. Guevara Bermúdez recordó que en los seis meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el único avance en materia de desplazamientos forzados se ubica en el reconocimiento del fenómeno a través de la publicación del libro “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado”, editado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). “En seis meses de la administración en curso, ha habido algunas acciones para atender a ciertas víctimas de desplazamiento, pero no hay una política de atención, no hay ni una acción definitiva, es decir que ni el millón de personas que reconoce Conapo ni las 11 mil de 2018, saben en este momento a dónde acudir para obtener ayuda, por lo que urgen tomen medidas en esta materia”, puntualizó el director ejecutivo de la CMDPDH. De acuerdo al estudio realizado por la organización civil, con base en revisiones hemerográficas, durante 2018 los desplazamientos internos se registraron principalmente en los estados de Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, siendo en los últimos dos donde se acumularon el 90% de las víctimas con 10 mil 91 víctimas. De acuerdo al registro, en todos los 25 eventos de desplazamiento, hubo episodios de violencia, siendo en 20 de ellos “generada por grupos armados organizados”, ocurridos en Guerrero, Sinaloa y Michoacán, donde 6 mil 156 personas, de las 11 mil 491, tuvieron que mudarse por las acciones de “grupos armados organizados”. En tanto que en cinco situaciones, la movilidad humana fue provocada por “violencia política, conflictividad social y/o conflictos territoriales”, presentados en Chiapas y Oaxaca, donde se desplazaron 5 mil 335 personas. Algunos de los eventos de desplazamiento detectados por la CMDPDH reportaron uso de arma de fuego (en 21 episodios); amenazas e intimidación a la población (en 20 casos); destrucción por quema o por impactos de bala de casas, cultivos o negocios (en 13); saqueos de viviendas y el robo de animales o cultivos (en 8); extorsiones y cobros de piso (6); desalojo con violencia (5); reclutamiento forzado y desaparición de personas (4 en caso caso) y desplazamiento múltiple (3 episodios). De acuerdo a las notas periodísticas revisadas en el documento, en 18 eventos de desplazamiento hubo mención de niñas y niños entre las víctimas; en 15 se mencionaba a mujeres; en 13 adultos mayores; en siete solamente a hombres; en cuatro a jóvenes y en tres a mujeres embarazadas. El documento alerta que de las 11 mil 491 personas desplazadas de forma masiva en 2018, 5 mil 167 son de origen indígena, cifra que corresponde al 45% de la población obligada a dejar sus domicilios por la violencia. Del seguimiento en los medios de comunicación, la CMDPDH estima que “al menos mil 857 de las 11 mil 491 personas que fueron internamente desplazadas por la fuerza en 2018 encontraron una solución parcial o no verificada hasta marzo de 2019, lo que representa el 16.2% del total de víctimas. De esta manera se calcula que 9 mil 634 personas continúan en situación de desplazamiento”. Durante la conferencia de prensa se presentó el testimonio de Laura Orozco, víctima de desplazamiento forzado por violencia criminal e institucional en Michoacán, que inició con la detención arbitraria de un hermano por elementos del ejército mexicano, y continuó con la desaparición forzada de dos familiares. Orozco, explicó que parte de su familia tuvo que huir a Estados Unidos, en tanto que ella y su familia cercana, se rehusaron a huir por la detención de su hermano y la desaparición de su tío y otro hermano. “Frente a las amenazas de agentes de ejército mexicano como de particulares dejamos trabajando a la familia de mamá en las huertas de aguacate de las que la familia era propietaria, orillando a que se rompieran lazos de solidaridad, sufrimos amenazas de muerte, hostigamientos y atentados, para despojarnos de nuestras tierras”, narró Orozco. Brenda Pérez, coordinadora de la investigación sobre desplazamiento interno de la CMDPDH, destacó que los “los impactos psicosociales, económicos, sociales” entre las víctimas son diversos, además de tienen a ser criminalizadas y revictimizadas, además de que “los crímenes atroces que han vivido, les irrumpen en su vida y les impide regresar”. La investigadora resaltó que “la afectación en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, así como indígenas es desproporcionada”, además de que “faltan respuestas institucionales, no hay garantías de solución, al contrario, se tiende a incrementar el número de víctimas que buscaron visibilización con denuncias públicas”. Brenda Pérez puntualizó que es “fundamental generar diagnóstico especializado a nivel nacional, para dimensionar el número de víctimas y generar información para la creación de programas especializados y un marco normativo para la población desplazada conforme a estándares internacionales”.