CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) reprobó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, integrante del Consejo Directivo de esa organización.

El exministro “se ha distinguido por ser un jurista comprometido con la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho”, destacó la CMDPDH.

López Obrador dio a conocer en su conferencia matutina de este lunes la misiva que envió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que solicita se investigue al juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un amparo provisional contra la aplicación de la reforma en materia energética.

En el documento ubicó al exministro Cossío Díaz como parte de un “buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas” del actual gobierno, y durante su gestión en la SCJN –sostuvo-- “legalizó injusticias de grupos minoritarios y guardó silencio cómplice ante corruptelas”.

En respuesta, la CMDPDH difundió un comunicado en el que destacó: “Los ataque en contra del ministro en retiro se han orquestado a partir de un esfuerzo por deslegitimar las decisiones del Poder Judicial respecto de la Ley de Industria Eléctrica que fue suspendida provisionalmente por un juez federal”, y “sin fundamento”, añadió, el presidente hace señalamientos “sobre supuesta corrupción e injusticias” cometidas por Cossío duranta su paso por la SCJN.

“Las críticas que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador son selectivas y desconocen una trayectoria ejemplar y progresista del ministro en retiro José Ramón Cossío”, apuntót.

Para la CMDPDH, las expresiones del Ejecutivo “califican y estigmatizan desde el poder a una persona que el propio presidente identifica como opositor político, de forma completamente descontextualizada y en ataque abierto a la independencia judicial, la división de poderes y el Estado de Derecho”.

La organización civil consideró “preocupante” que el presidente reaccione con “ataques” para responder a “un claro acto constitucional que busca suspender efectos y consecuencias de una ley hasta en tanto se resuelva si la misma contradice o no la Constitución”.

En una democracia constitucional, abundó, “el recurso a la ley por parte de la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos, no debería enfurecer al presidente, ni convertirse en el mecanismo para deslegitimar públicamente a quienes el presidente ha decidido considerar sus opositores”.