HIDALGO (apro).- El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Hidalgo, requirió la solicitud expresa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno mexicano para investigar el posible lavado de dinero a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), caso que involucra al exrector Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo conocido como “La Sosa Nostra”, así como a parte de su estructura política y financiera, incluidas empresas y funcionarios de la casa de estudios. 

El requerimiento corresponde al amparo en revisión 119/2020 que presentó ante dicho tribunal la UAEH después de que el Juez Segundo de Distrito en el estado de Hidalgo considerara fundado el bloqueo de cuentas institucionales y de personajes cercanos a la universidad autónoma, por un posible caso de blanqueo detectado tras una alerta internacional por movimientos bancarios inusuales.

Además de Sosa Castelán, otros posibles implicados, con cuentas bloqueadas, son el actual rector, Adolfo Pontigo Loyola; su antecesor, Humberto Veras Godoy, las hijas del líder político de la institución, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, entre otros. 

Respecto a la resolución incidental dictada el 1 de septiembre de 2020 por el Juez Segundo de Distrito sobre la suspensión de cuentas, relativo al juicio de amparo indirecto 363/2020-3, el Tribunal consintió que, en los documentos que le fueron turnados, no se encuentra el oficio del 20 de mayo del año pasado que envió el Departamento del Tesoro, en el que, según se afirma, esta autoridad solicitó realizar o continuar el bloqueo de cuentas bancarias de diversas personas, conforme a las leyes y ámbito de competencia mexicanas, a fin de evitar que recursos con un posible origen ilícito fueran sustraídos o dispersados, “entre las que se encuentran las correspondientes cuentas a nombre de la universidad quejosa”.

El órgano judicial consideró que este oficio es toral en el caso, porque con él se ampara la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, para mantener las cuentas congeladas, pese al reclamo del ala del Grupo Universidad, a cargo de Sosa, que pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), incluidos legisladores federales y en el Congreso de Hidalgo.  

“En efecto, de las constancias que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 363/2020-3, ni de los anexos (dos tomos de pruebas) que remitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo para la sustanciación de los recursos de revisión 97/2020, 98/2020 y 119/2020, los cuales se precisa se encuentran relacionados, se observa que no consta el citado oficio, el cual se estima necesario para la resolución de los referidos medios de impugnación”, sostuvo.

En este acuerdo, publicado el 22 de septiembre, añadió: “habida cuenta, uno de los argumentos torales que dan sustento” a la intervención de la UIF, que incorporó a la UAEH y su principal estructura de control político y financiero en la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, “fue en razón al oficio de 20 de mayo de 2020, suscrito por el Agregado Regional México y Centro América, autoridad integrante de una agencia del Departamento del Tesoro, del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Según estableció el Juez de Distrito, en este oficio se advierte una petición para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de ser posible, realizara o continuara el bloqueo de cuentas bancarias de diversas personas, entre ellas, la persona moral Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Con base en la información publicada en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al recibir el informe del órgano cuyo responsable es Nieto Castillo, ordenó formar un anexo, separado, con información reservada y confidencial, el cual quedó a resguardo de la mesa tres de dicho órgano jurisdiccional; sin embargo, tal información no fue remitida, “la cual, se insiste, se estima necesaria para que este tribunal colegiado tenga la certeza de que efectivamente tal orden de bloqueo, se haya solicitado por autoridad extranjera” y que la misma se deba a un posible caso de lavado de dinero. 

Por lo tanto, pidió entregar a la brevedad el oficio signado por el Agregado Regional México y Centro América Internal Revenue Services Criminal Investigaction Department of de Treasury y, una vez hecho lo anterior, que se devuelva el presente asunto a la ponencia del secretario en Funciones de Magistrado Juan de Dios Hernández Ramírez, donde se encontraba.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene recluido a Sosa Castelán en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a la espera de sentencia, “La Sosa Nostra” o Grupo Universidad es una presunta organización delictiva vertical, con estructura de mando, una red de empresas fachada, compañías creadas con el patrimonio de la UAEH, prestanombres, además emisores y receptores de dinero sustraído de las arcas de la institución educativa.