PACHUCA, Hgo. (apro).- Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), congeladas hace dos años y tres meses por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dichas cuentas acumulan 151 millones de dólares, dinero por el que la Drug Enforcement Administration (DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) emitió una alerta internacional, al presumir movimientos inusuales en el extranjero. 

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito consideró fundada la queja administrativa que presentó la casa de estudios para suspender una resolución de junio de 2020, mediante la cual se mantuvieron inhabilitadas las cuentas, luego de que la UIF presumió actos ilegales bajo asociación delictuosa.   

En ese momento, el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que mantuvo el bloqueo porque probó que había una alerta del sistema financiero internacional y principalmente de la DEA por transferencias y depósitos provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido. 

Con la determinación judicial, que corresponde al expediente 231/2019, el Segundo Tribunal emplazó a la Unidad de Inteligencia Financiera para que dentro de un plazo de 24 horas pruebe que requirió al banco HSBC que liberara los recursos y permita su manejo sin restricciones. De no hacerlo, expuso que tanto los responsables de la UIF como de la institución bancaria serán denunciados ante el Ministerio Público federal por los delitos que establece el artículo 262 de la Ley de Amparo en sus fracciones III y IV: desobediencia a un auto de suspensión notificado y notoria mala fe o negligencia inexcusable. 

La presunta trama de lavado se conoció el 22 de febrero de 2019 tras el congelamiento de cuentas de la UAEH y de líderes de la institución académica, quienes conforman un grupo político liderado por el exrector Gerardo Sosa Castelán, preso en el penal del Altiplano por presunto lavado de dinero.

Las autoridades universitarias acusaron a Santiago Nieto, titular de la UIF, de conductas arbitrarias; además, pidieron su destitución y castigo penal para funcionarios de HSBC. 

De igual manera, aseguraron que la acción podría ocasionar una parálisis financiera con la que no podrían pagar salarios, mantener becas ni continuar con la operatividad de la institución, que cuenta con más de 60 mil alumnos. 

Nieto respondió que la UAEH no había probado la licitud de los recursos y que las cuentas para pagos de nóminas, becas y cualquier operación relacionada con las actividades educativas estaban a salvo. 

El bloqueo alcanzó las cuentas personales del rector Adolfo Pontigo Loyola y del exrector Humberto Veras Godoy, diputado local por Morena, con cuyo partido el denominado Grupo Universidad tiene una alianza política desde la elección presidencial de 2018. También del periódico ‘El Independiente de Hidalgo’, empresa de la UAEH que cerró el pasado 12 de diciembre, entre otras. 

El líder político de la institución académica, el exdiputado federal priista Gerardo Sosa Castelán, fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México, acusado de sustraer 58.2 millones de pesos de la universidad, mediante un esquema de dispersión con una empresa fantasma (Contabilidad del Siglo XXI) y despachos contables de su principal operador Natalio Zamudio Isbaile (aún prófugo).

También a través de otra empresa creada con dinero de la UAEH, según un testigo colaborador, quien reconoció haber sido prestanombres, a cambio de un criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República, de Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo.