CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que los fabricantes de armas hayan optado por litigar la controversia legal en los medios y no en los tribunales.

“Era previsible”, refutó la Cancillería en un pronunciamiento emitido horas después de los alegatos difundidos por la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) en respuesta a la denuncia civil interpuesta por el gobierno mexicano en su contra por su presunta responsabilidad en el tráfico de armas y los daños que ocasionan a México.

Según la SRE, 70 o 90% de las armas recuperadas en hechos criminales en el país fueron internadas ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos.

Además, las armas que más se recuperan provienen de las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. También Barrett, cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga.

Asimismo, dice que la empresa Interstate Arms es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos los fabricantes demandados, excepto uno, venden sus armas para su reventa a vendedores de armas en todo Estados Unidos.

Los fabricantes demandados –prosigue el pronunciamiento de la Cancillería mexicana– diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México.

Y suelta más argumentos:

“Los demandados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Los demandados diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en el mercado criminal. Los demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el Gobierno de Estados Unidos y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los demandados desafían esas recomendaciones, y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México, porque se benefician de él.

“Los demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadunidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EU hacia criminales al sur de la frontera”.

En su escrito, la SRE refiere también que, en 2001, el gobierno federal de Estados Unidos instó igualmente a los fabricantes demandados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución, para evitar el suministro de armas a criminales.

Aun así, acota, los fabricantes se negaron. Es más, recuerda que la empresa Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno estadunidense y varias ciudades de Estados Unidos, comprometiéndose a reformas específicas de su sistema de distribución, diseñadas para evitar el suministro de armas al mercado criminal. “Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo”, subraya.

En contra de los argumentos esgrimidos por los demandados, la Cancillería mexicana destaca que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce que un gobierno extranjero puede demandar en cortes estadunidenses, sin menoscabo de la legislación de ese país, pues “no pretende atentar contra la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.

“Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable” en donde, si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas para:

–Abstenerse de anunciar entre la población civil armas de alto poder para fines militares.

–Sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadunidense.

–Cooperar con las autoridades estadunidenses para identificar la ruta que siguieron en la cadena comercial, armas utilizadas en delitos en México. Esta información podría beneficiar a la investigación y procuración de justicia.

–No dirigir su publicidad a grupos delictivos.

Por último, la oficina de Marcelo Ebrard apunta que en el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. “La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, concluye.