WASHINGTON (apro).- La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó los procedimientos legales que inició en su contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los tildó de acusaciones infundadas.

“La NSSF rechaza los alegatos de México de que las manufactureras de armas de Estados Unidos participan en prácticas comerciales negligentes”, destaca la respuesta de la agrupación a la demanda civil presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

“Todas las armas de fuego se venden en Estados Unidos en cumplimiento con las leyes federales y estatales, bajo el escrutinio del FBI (de los antecedentes penales de los compradores), y se cumple con todos los requisitos”, abunda la NSSF.

Apro buscó a la SRE para saber qué opinaban de la reacción de la NSSF, y la respuesta fue: "Sus declaraciones eran previsibles", dijo un alto funcionario de la Cancillería mexicana.

La demanda civil contra la industria de las armas, presentada ante una corte federal en el estado de Massachusetts, argumenta la negligencia en la práctica de la venta de armas en Estados Unidos en detrimento de México y sus ciudadanos.

En la ficha técnica de la demanda que presentó la SRE resaltan dos puntos:

• El gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos.
• Los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México.

La NSSF, con sede en Newton, Connecticut, sostiene que son falsos los argumentos de la SRE de México, a cargo de Marcelo Ebrard, respecto a que con sus ventas al mayoreo provoca un trasiego ilegal de armas de fuego.

“Esos alegatos son infundados; el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras”, señalo Lawrence Keanne, vicepresidente ejecutivo y consejero general de la NSSF, a través de un comunicado de prensa.

“La actividad criminal en México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, de personas y por los cárteles y crimen organizado que han plagado a sus ciudadanos”, argumentó Keanne en la réplica a la SRE.

Sobre los cárteles del narcotráfico, la NSSF apunta que estas organizaciones criminales “dan mal uso” a las armas de fuego importadas ilegalmente a México o que le roban al Ejército mexicano o a las entidades de la aplicación de la ley.

“En lugar de buscar un chivo expiatorio y de embarrar a las empresas estadunidenses, las autoridades mexicanas deberían concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”, agregó el vicepresidente ejecutivo de la NSSF.

“Los demandados facilitan y apoyan el tráfico de armas a México”, destaca la demanda del gobierno de López Obrador, que entre otras cosas pide “que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en el juicio”.

Haciendo eco de lo que en muchas ocasiones han señalado legisladores federales estadunidenses en el Capitolio, la NSSF se defendió al indicar que no son los encargados ni los responsables de vigilar las fronteras de México por donde entran sin parar las armas.

“El gobierno de México que recibe ayuda considerable del erario de Estados Unidos es el único responsable de aplicar sus leyes entre sus fronteras, incluidas las medidas estrictas para el control de armas”, enfatiza el comunicado de prensa de la NSSF.

En la respuesta a la demanda del gobierno mexicano, Keanne indicó que esta acción legal es incluso una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y la Segunda Enmienda constitucional que permite la venta, portación y uso de armas de fuego en la Unión Americana.

“Un derecho que el gobierno de México niega a sus ciudadanos para defenderse de los cárteles”, insistió Keanne.

La NSSF también presenta estadísticas para responder a la maniobra legal del gobierno de México, indicando, por ejemplo, que en 2008 el 12% de las armas confiscadas provenían de Estados Unidos, pero unas 30 mil fueron decomisadas a criminales.

De esas 30 mil armas, la NSSF apunta que solamente 7 mil 200 (24%) fueron sometidas al rastreo (para determinar su origen) del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La agrupación de manufactureros de armas acota que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que venden armas al de México, y que el problema también incurre y se infla por la deserción de soldados mexicanos que se va a trabajar con los cárteles y se llevan con ellos los rifles automáticos y armas para uso exclusivo del Ejército.

“En los últimos años el número de deserciones se ha incrementado a más de 150 mil. De acuerdo con cables (o despachos diplomáticos) del Departamento de Estado, las armas más letales usadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Adicionalmente, y de acuerdo con un reporte de 2006 de Amnistía Internacional, China estaba activamente proveyendo armas a países de América Latina, que consecuentemente fueron decomisadas en México”, remata la NSSF.