TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de organizaciones y colectivos civiles de México, Centroamérica y de otros países, defensores de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación y su rechazo a las medidas de “restricción” implementadas por el gobierno mexicano en las fronteras norte y sur y el despliegue de fuerzas policiaca y militares desde el pasado fin de semana.

Luego de que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño diera a conocer las medidas restrictivas en la frontera sur mexicana el pasado viernes 19 en Tuxtla Gutiérrez, organizaciones civiles de diversos colectivos y grupos de trabajo criticaron las medidas que tienen como objetivo detener el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes y con necesidades de protección internacional, y que se dieron a conocer en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a las vacunas contra la covid-19.

Rechazaron que la respuesta del gobierno mexicano a los desplazamientos de personas, familias y NNA con necesidades de protección internacional sea negar el derecho a solicitar refugio, a pesar de que dichos desplazamientos eran previsibles en virtud de la persistente violencia e inseguridad, la profundización de la crisis económica derivada del impacto de la covid-19, así como los desastres ocasionados por los huracanes Eta e Iota en la región norte de Centroamérica.

Señalaron que la migración en la región de Centroamérica y México es un proceso que tiene más de 30 años y que se ha caracterizado por la necesidad de brindar ayuda humanitaria y protección internacional a las personas que ingresan por la frontera sur de México, ya sea de forma individual o colectiva, como se ha realizado en distintos momentos históricos desde los años ochenta, hasta las recientes caravanas de los éxodos migrantes desde 2018 hasta la fecha.

Recordaron que la migración es consecuencia de diversas violencias estructurales como: la violencia política, violencia económica, corrupción, pobreza, desigualdad, violencia de género, violencia cometida por pandillas y grupos de delincuencia organizada, y los impactos de distintos fenómenos naturales.

Explicaron que derivado de las actividades de monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil desde la entrada en vigor de la normativa que establece que los NNA y sus familias no serán sujetos de detención migratoria, han identificado deficiencias y vacíos que resultan en violaciones a derechos humanos.

En particular, dijeron que han documentado falta de protocolos, coordinación interinstitucional, capacidades e infraestructura para dar una respuesta efectiva que asegure la protección y el interés superior de los NNA migrantes no acompañados y acompañados de sus familias.

“Hemos constatado en algunos casos la detención prolongada y separación de familias, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

“Observamos con preocupación que, si bien hay señales positivas del gobierno de Estados Unidos dirigidas a restablecer y mejorar el sistema de asilo y se anunció la intención de desarrollar una estrategia para atacar las causas de la migración centroamericana y para fortalecer el acceso a la protección internacional a nivel regional, todavía no se conocen los detalles específicos y hasta qué punto el gobierno llevará a cabo consultas reales con las organizaciones de la sociedad civil en la región”, dijeron en una misiva conjunta.

Pidieron al gobierno mexicano que se garantice el derecho a migrar y solicitar asilo en todos los puntos de ingreso al país, en cumplimiento a los compromisos internacionales y las obligaciones del Estado mexicano reconocidas en la Constitución.

En su pronunciamiento conjunto pidieron también eliminar toda medida discriminatoria, como la restricción del tránsito en las fronteras terrestres que, por lo anteriormente expuesto, no se justifica por razones sanitarias.

Además de reconocer las causas estructurales del desplazamiento de las personas en la región y responder de manera efectiva y diferenciada a las necesidades de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Exigieron eliminar toda medida de contención migratoria que afecte de manera directa el tránsito de trabajadores y jornaleros, así como las rutas comerciales, pues constituyen actividades que sostienen la economía de la frontera sur.

Pero sobre todo demandaron crear los reglamentos, protocolos, manuales de operación y recursos humanos y materiales adecuados y suficientes para la implementación efectiva de la Ley de Migración vigente que prohíbe la detención de los NNA y sus familias.

La carta conjunta dirigida al gobierno mexicano la firman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Colectivo de Observación de Tijuana, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM y muchas otras organizaciones civiles.