CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Organizaciones civiles denunciaron “la persecución y la criminalización” emprendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del defensor de derechos humanos José Martínez Cruz, quien fuera de la Primera Visitaduría del organismo durante los primeros ocho meses de la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.

Activista, al lado de Rosario Ibarra de Piedra por la presentación con vida personas desaparecidas desde los años setenta, Martínez Cruz se integró a la actual administración de la CNDH en diciembre de 2019, hasta que fue separado de su cargo en agosto de 2020.

Consideraron que “resulta indignante  que en un contexto en el que prevalece en México una grave crisis de violaciones a derechos humanos, la institución Ombudsperson Nacional dedique recursos institucionales de  esta envergadura a dirimir conflictos internos, máxime considerando que en nuestra historia como organismos civiles de derechos humanos no hemos visto similares empeños de la CNDH para lograr que en los ámbitos penales o administrativos rindan cuentas quienes cometen graves violaciones a derechos humanos”.           

Más aún, consideraron que la “autocontención de la autonomía” y los conflictos internos “han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos”, como se comprometió Piedra Ibarra.

Las organizaciones que firman el comunicado resaltaron que el organismo “a la fecha impulsa dos procesos, uno administrativo y otro penal” en contra del defensor quien desde hace más de cuarenta años ha trabajado “al lado de las familias de personas desaparecidas, encarceladas y torturadas”, labor que incluye la creación del Frente Nacional contra la Represión en 1977, el Frente Pro Derechos Humanos de Morelos y la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos en 1989.

“Una vez que concluyó su labor al frente de la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH, José Martínez Cruz expresó públicamente diferencias con las personas que actualmente tienen a su cargo la CNDH, entre otras cuestiones respecto de la falta de investigación sobre el Ejército en graves violaciones a derechos humanos. En respuesta la CNDH ha buscado iniciarle procesos penales y administrativos”, alertaron las organizaciones civiles.

Para las organizaciones firmantes, “llevar a cabo una persecución administrativa y penal en contra de un ex funcionario por hacer uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, constituye un proceder que se aleja de los estándares de derechos humanos que una institución cuya misión es la defensa de los mismos está llamada a respetar más que ninguna otra”.

Las organizaciones consideraron que la embestida contra Martínez Cruz es violatorio de derechos humanos, “que constituye una muestra más de la preocupante deriva en que ha caído la CNDH, caracterizada por un ejercicio autocontenido de su autonomía y a abundancia de conflictos internos, que han terminado por dilapidar la oportunidad de refundar dicha institución al servicio de las víctimas y los derechos humanos como se esperaba en un contexto de cambio”.

Apuntaron que su confianza está en que instituciones como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), “sabrán garantizar los derechos de José Martínez Cruz e impedir que las personas que actualmente tienen bajo su responsabilidad la CNDH empleen a las instituciones para materializar represalias en contra de sus ex colaboradores”.

Las organizaciones informaron que a través de oficios, solicitaron a dicho tribunal y a la FGR que  resuelvan conforme a derecho, garantizando la presunción de inocencia y derechos procesales, los cuales deben ser garantizados en todo momento a José Martínez Cruz para, así, determinar expresamente que el hoy acusado actuó en ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de expresión e información”.

Firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Artículo 19 y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

En breve entrevista, José Martínez Cruz sostuvo que un año después de que dejó el cargo fue emplazado por autoridades administrativas y penales, por expresiones que realizó después de dejar la CNDH sobre casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “casos graves que requieren de máxima publicidad”.

 “El delito que se me imputa la CNDH es el uso de información privilegiada para beneficio personal y la revelación de secretos”, indicó Martínez Cruz al destacar que “nada de eso tiene fundamento”.

Para el defensor resulta improcedente que se le acuse de revelar secretos “cuando el caso Ayotzinapa todo mundo lo conoce, es un caso que me tocó investigar, analizar y sobre eso di mi punto de vista, pero después de dejar la CNDH”.

Tras agradecer la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, “que conocen mi trayectoria desde hace décadas”, Martínez Cruz destacó que dará respuesta puntual a los procedimientos emprendidos “por la institución, impulsados por quien la preside (Rosario Piedra), hasta donde yo se soy el único exfuncionario de la CNDH contra el quien se han iniciado procedimientos penales y administrativos”.