MADRID (apro).— Medio centenar de generales y altos mandos militares retirados difunden un manifiesto en el que reclaman al Ejército que destituya al recién investido presidente Pedro Sánchez, y que convoquen nuevas elecciones.

Algunos de los promotores de esta iniciativa son militares franquistas que en 2020 participaron en un chat desvelado por el periódico InfoLibre, donde se afirmaba que “no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, en referencia a las políticas del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

El manifiesto se conoció este viernes poco después que Pedro Sánchez oficializara su presidencia al jurar la Constitución española ante el Rey Felipe VI, quien es el Jefe del Estado.

La publicación del manifiesto que se colgó en la página web de la Asociación de Militares Españoles, se pretende hacer coincidir con la manifestación convocada para este sábado en Madrid con el respaldo expreso del Partido Popular y Vox.

El capitán retirado del Ejército del Aire, Francisco Javier Sanz Arzuaga confirmó a la periodista Alicia Gutiérrez de InfoLibre, la existencia del manifiesto y que la redacción es definitiva y , en particular que se reclama al Ejército que destituya al presidente del Gobierno y convoque nuevas elecciones.

Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de copar la mayoría de los órganos judiciales, lo que “anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes”. Esto, a pesar de que la mayoría de las asociaciones judiciales, tanto de jueces como de fiscales, son de corte conservador.

En el texto conocido no se lee el término golpe de Estado, pero la redacción lo enmascaran al pedir la intervención del Ejército:

“Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura  de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerza Armadas, hoy en retiro “preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales”.

Los firmantes señalan que existe un “acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”.

Este dicho contrasta con el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, lleva cinco años caducado contraviniendo la ley y la presión de Europa. La renovación de este órgano copado por el bloque conservador de sus integrantes, no se ha conseguido por la negativa del Partido Popular a apoyar la renovación.

Los militares en retiro –la mayoría juraron lealtad al dictador Francisco Franco— ponen en cuestión la legalidad del Tribunal Constitucional, por considerar que su presidente Cándido Conde Pumpido, como “un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que `hay que mancharse la toga con el barro en el camino´ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político”.

Aluden al momento en el que algunos ex miembros de ETA después de cumplir condenas abandonaron las armas y los atentados, momento en el que decidieron regresar a los canales de la política y formaron una corriente de las muchas que conforman el partido vasco EH Bildu.

Los militares en retiro endurecen el tono contra el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña, cuando en el manifiesto señalan, “el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos”.

Y entran al tema de la polémica amnistía cuando señalan que “la elevación a las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) como Proposición de Ley de Amnistía”, “sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, si ésta es aprobada, y ello por el solo interés personal para ser investido el Presidente del Gobierno”, lo que “deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Los militares repiten el mismo argumento expresado por el Partido Popular sobre la ruptura de la “igualdad de todos los españoles”, pese a que la Constitución contempla que el Ejecutivo puede otorgar el “derecho de gracia”. Además, dan por hecho el “golpe de Estado” en Cataluña, aunque el Tribunal Supremo condenó a los independentistas catalanes por el delito de sedición, pero este delito no es equiparable a la rebelión ni al golpe de Estado.

Por último los militares firmantes dan por hecho que este proceso de amnistía permite la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, cosa que el PSOE ha negado y que, afirman en su manifiesto, romperá la unidad de la nación española.