Madrid (Proceso).— El presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, admitió que las negociaciones que ya inició con seis fuerzas políticas para formar un nuevo gobierno en España “son complejas”, y tras evadir por días, finalmente el viernes 6 se pronunció sobre la amnistía para los acusados y condenados por el procés independentista de Cataluña.

“La amnistía no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017”, dijo en la rueda de prensa tras el foro europeo en Granada, acompañado de los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel.

Tales declaraciones las hizo tras conocerse que la plataforma Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz presentará el martes 10 en Barcelona el dictamen de un grupo de juristas sobre la amnistía para los encausados por el procés. “Conocemos todas esas propuestas, pero también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista”, la que dará a conocer hasta que se pueda llegar a un acuerdo con todas las fuerzas.

Para Sánchez esta es una negociación muy compleja, porque es a varias bandas y con temas tan delicados, que lo colocan cuesta arriba para armar el rompecabezas político que le permita tener la mayoría parlamentaria para formar nuevo gobierno. La línea que tienen todos es que, de no conseguirlo, estarían avocados a una repetición electoral, en la que es altamente probable que todos salgan con grandes pérdidas.

Prácticamente ninguno se puede dar el lujo de una repetición electoral, por ello, Pedro Sánchez ha sido extremadamente cauto en hablar lo menos posible sobre la amnistía, porque debe asegurarse de tener atados los votos de un acuerdo que acepte toda la legislatura y no sólo la formación de gobierno, porque un fracaso sería dejarle servida a la derecha el discurso de campaña contra la amnistía y la tan llevada y traída “España se rompe”.

Hasta ahora, las negociaciones se llevan de forma muy discreta, intercambio de documentos, de propuestas, pero se sabe poco. Sin embargo, se espera que en estos días crezca el histrionismo entre los actores políticos, que elevarán el nivel de sus exigencias y propuestas para condicionar su apoyo a Sánchez.

Consultada por Proceso, una persona que ha participado en este tipo de negociaciones políticas, sostiene que “uno es el ruido exterior que va a haber en estos días, y otro es el tono en las reuniones discretas de los equipos negociadores, por más intensas que sean las negociaciones de las propuestas”.

En ello están Sumar, la confluencia de partidos que encabeza la vicepresidente Yolanda Díaz; Junts, cuyo líder es el expresidente catalán Carles Puigdemont; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Partido Nacionalista Vasco (PNV); EH Bildu; y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). A este bloque podría sumarse Coalición Canaria, que apoyó al conservador Alberto Núñez Feijóo en su investidura, pero cuya agenda política centrada en las islas Canarias, le da una cierta flexibilidad para negociar con Sánchez. Oscilarían en 178 votos, dos más que la mayoría absoluta necesaria para gobernar, en una primera votación.

De hecho, el equipo cercano del presidente ya está en conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), un partido fundamental para la estabilidad de un eventual acuerdo, porque suele contar con políticos profesionales y con una visión de largo plazo.

Hasta ahora los pocos posicionamientos públicos en este bloque señalan que se debe aprobar una fórmula de amnistía que pase el filtro constitucional, que ayude a desinflamar el enquistado conflicto catalán y reconducir la estabilidad al país.

El conflicto en Cataluña escaló hasta la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, pero es un proceso con más recorrido en el que ambas partes fueron incapaces de resolver las diferencias con el diálogo político, que terminó judicializado y que aqueja no sólo a los líderes visibles del procés, sino a miles de ciudadanos, alcaldes, servidores públicos en ciudades y pequeños pueblos.

Los enemigos de la amnistía

En diversas oportunidades, Pedro Sánchez se ha referido a los indultos otorgados a los líderes del procés que tenían condenas de prisión, aprobados en 2021 durante su gobierno, para resaltar que, pese a las críticas de la oposición, han ayudado a restar tensión en Cataluña.

“Cuando el gobierno aprobó los indultos, yo tenía la confianza en que contribuyeran a la convivencia y a la estabilización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión”, señaló.

Esta insistencia, que busca normalizar la discusión sobre la amnistía, se produce mientras el Partido Popular y Vox lo toman como campaña contra Sánchez, haciendo llamados a la movilización en las calles, como la celebrada en Madrid, antes de la investidura fallido del candidato de la derecha, Alberto Núñez Feijóo.

Llama la atención el encendido discurso anti-amnistía, a pesar de que hasta el día de hoy no se conoce ni una sola línea del hipotético acuerdo para impulsar la amnistía.

Sin embargo, este domingo 8 casi todos estos líderes participarán en la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana (SCC), una entidad contraria a la independencia. En la movilización participará Feijóo, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y varios dirigentes del PP y de la ultraderecha Vox.

Sólo un día después de esta movilización, Pedro Sánchez se reunirá en el Congreso de los Diputados, con el líder de la oposición, Núñez Feijóo.

A los contrarios a la amnistía se han sumado las viejas glorias socialistas, como el expresidente Felipe González, su vicepresidente Alfonso Guerra, Joaquín Almunia y, hasta hace poco, Nicolás Redondo Terreros, quien en el pasado fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi (País Vasco).

El 14 de septiembre pasado, Redondo Terreros fue expulsado del PSOE por su “reiterado menosprecio” a las siglas del partido, al utilizar duras expresiones contra la actual dirección socialista por impulsar la amnistía para los catalanes. Ya en la contienda de mayo pasado apareció apoyando en un acto público a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, señalada como la Trump española.

De hecho, la prensa española (El País y elDiario.es) dieron a conocer que Nicolás Redondo fue notificado de su expulsión cuando terminaba una comida con el expresidente conservador del PP, José María Aznar, y con Joaquín Leguina.

Todos estos personajes del PP y de la vieja guardia del PSOE reivindican la ley de amnistía que se aprobó en España en octubre de 1977, tras salir de la dictadura, que otorgaba el perdón a los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976.

Esta ley ha sido el obstáculo que antepone la justicia en España para juzgar los actos que recaen en delitos de lesa humanidad durante la guerra civil (1936-39) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha instado al gobierno español a que estudie la derogación de esa ley de amnistía, ya que obstaculiza a su juicio las políticas a favor del reconocimiento y reparación de las víctimas.

Mientras tanto, Pedro Sánchez insiste que habrá gobierno progresista, pero no desconoce las complejidades, y por ello su intención de que la investidura se celebre lo antes posible está avocada a irse al mes de noviembre, en una fecha aún por fijar.

Es por ello, que ahora toca negociar con hilo fino las exigencias, por ejemplo, de Sumar, que propone un programa ambicioso con medidas concretas y plazos, aunque el PSOE desearía que fuera un acuerdo más declarativo sobre la reducción de la jornada electoral, el blindaje al salario mínimo interprofesional y medidas sobre las viviendas y sobre los departamentos turísticos.

Podemos, que ahora forma parte de Sumar, exige que Irene Montero continúe al frente del Ministerio de Igualdad, pero el PSOE no está por ceder en esa posición después del desgaste que supuso el error en la ley del “sólo sí es sí”, que provocó las rebajas de las condenas para agresores sexuales y la salida de prisión de algunos de ellos.

El ingrediente adicional a la negociación del PSOE, es que en 2024 habrá elecciones en varias comunidades, entre ellas en País Vasco y Cataluña, lo que añade otro elemento, porque en el primero PNV y EH Bildu buscan que sus demandas les acarreen beneficios en los comicios locales.

Pinta más complejo en Cataluña, donde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts siguen insistiendo en sumar un proceso de autodeterminación además de la amnistía, pero Pedro Sánchez ha sido tajante al señalar que un nuevo referéndum no lo permitiría, no sólo por imperativo constitucional, sino por convicción política. Los dos partidos independentistas buscarán apropiarse de la paternidad de un eventual acuerdo con Sánchez, para venderlo en el mundo independentista, a la par que se espera que haya concesiones de tipo presupuestal y, eventualmente, la concesión al gobierno catalán de los Rodalíes, que es la infraestructura ferroviaria que recorre Cataluña.