Ciudad de México (Proceso).- El pasado 9 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para la Federación 2024 sin sorpresas en el Ramo 48, correspondiente al Sector Cultural, al cual se le otorgaron los 16 mil 754 millones de pesos (mdp) solicitados por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero ninguno de los argumentos que en contra de esa asignación expresaron diversas organizaciones, así como artistas individuales, fueron escuchados.

Organizaciones de peso como el Centro de Análisis e Investigación A.C. Fundar, el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), el Movimiento por la Cultura y el Arte de México (Moccam), Documental Ambulante, A.C., Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, y artistas relevantes que firmaron el comunicado público “Sin recursos no hay cultura”.

En la propia Cámara Baja se realizaron las mesas de análisis “Adiciones y propuestas al presupuesto 2024 en Cultura. Ramo 48”, convocadas por la diputada Gabriela Sodi Miranda, integrante de las comisiones de Cultura y Cinematografía y de Derechos Humanos, con las ponencias de destacados especialistas como Eduardo Cruz Vázquez, Carlos Villaseñor, Fernando Cortés de Brasdefer, así como diferentes sindicatos de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ahí, el doctor en Historia y Derecho, Bolfy Cottom, advirtió tajante que participaba en el foro sin mayores expectativas, porque hace tiempo que la Cámara aprueba el presupuesto tal cual lo manda el Ejecutivo:

“Nada va a pasar, más ahora que no se mueve una coma, hay una línea establecida; sin embargo, es importante sentarse a dialogar, sobre todo porque se trata de un problema cada vez más grave en uno de los sectores de la Administración Pública”.

Cottom organizó por su cuenta la mesa “La crisis presupuestal del sector cultura”, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del propio INAH, en Churubusco, donde intervinieron Dobrina Cristeva del Moccam, Eduardo Cruz del Grecu y Paulina Castaño de Fundar.

Esta última puso acento en que el monto total para Cultura representa apenas el 0.19% del presupuesto federal total, cuando la Organización de las Naciones Unidas recomienda el 1% a las naciones adheridas a la Carta Cultural Iberoamericana. Para cumplirla se requeriría un presupuesto de más de 90 mil millones de pesos.

Investigadora del Programa Justicia Fiscal de Fundar, Castaño participó también en el Parlamento Abierto “Rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en materia de Desarrollo Social”, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde expuso que el Estado debe garantizar el derecho a la cultura como un derecho fundamental.

Ello implica el acceso a bienes, servicios y manifestaciones culturales, así como a la participación y expresión libre en todos los espacios, para lo cual el gobierno debe incrementar paulatinamente el presupuesto a la cultura y distribuirlo equitativamente “para que todas las personas podamos disfrutar y ejercer nuestro derecho, porque sin recursos no hay derechos y sin recursos no hay cultura”.

Detalló que los 16 mil 754 mdp para la SC representan un incremento total de 0.39 % respecto al presupuesto de 2023. Pero acotó que la mayor parte se destinarán al INAH, que recibirá un incremento del 61.20%, si bien en el rubro de adquisición de terrenos en zonas arqueológicas para la ruta del Tren Maya. Y se darán más de mil millones de pesos para el ya cuestionado Proyecto Chapultepec, cuyo presupuesto ha absorbido la mayoría de los recursos culturales (https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/10/17/el-presupuesto-para-2024-en-cultura-enganoso-316882.html).

Datos preocupantes

En su intervención en el Parlamento, Castaño explicó que los recursos para el sector “son insuficientes para 27 de las 30 instancias culturales que conforman la Secretaría de Cultura”, y que “18 de los 20 programas presupuestarios que ejercerán los recursos, presentan escasez presupuestaria”. Preocupa, añadió, que recursos de Cultura se vayan al financiamiento de megaproyectos, y aportó los datos:

Para la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas, hay un incremento de 846.89%, destinado al Tren Maya. Y para el programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural, se otorgan mil mdp dirigidos al Proyecto Chapultepec, que ya ha ejercido más de 12 mil mdp. En tanto hay sólo un incremento del 0.02% al fomento al cine mexicano, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la desaparición del Fidecine.

Si se quitan los incrementos a lo destinado al Tren Maya y Chapultepec, el presupuesto real para la SC es de 12 mil 515 millones, “un presupuesto austero que refleja que el derecho a la cultura difícilmente podrá garantizarse”.

La investigadora presentó un comparativo con otras instituciones para puntualizar que el presupuesto de la SC es 15 veces menor que el de la Secretaría de la Defensa Nacional (259 mil 433 mdp), seis veces menor que el de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (105 mil 838 mdp) y cuatro veces menor que lo designado a la Secretaría de Marina (71 mil 888 mdp). Y no se diga sobre otros proyectos prioritarios del gobierno de la 4T: el de la Pensión de Adultos Mayores es 27 veces mayor, el de Becas siete veces, y el de Sembrando Vida lo supera en cinco veces.

Fundar fijó su posición sobre la aprobación del presupuesto a través de las redes sociales, donde lamentó:

“La austeridad continuará oprimiendo el derecho a la cultura en 2024. Sólo el 1.18% del presupuesto se destinará al fortalecimiento de otras entidades federativas y descentralización cultural”.

Añadió que no obstante la Cámara de Diputados impulsó el Parlamento abierto, en los hechos no escuchó a la ciudadanía. Y al respectó señaló:

“El derecho a la cultura no necesita más simulaciones. Las y los legisladores deben atender las demandas e incrementar progresivamente el presupuesto porque #SinRecursosNoHayCultura”.

Afectaciones al patrimonio

Consultado por el periódico El Economista en su edición del 15 de noviembre pasado, el analista Carlos Villaseñor Anay, contó que el antropólogo Diego Prieto, director general del INAH, le dijo que “es posible que parte de esos 3 mil 274 millones (destinados al Tren Maya), si fuera necesario, se podrían reorientar a otras prioridades. En ese momento en particular, estábamos hablando de la intervención que se requiere para el Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Ahora bien, la realidad es que esas carencias están allí, las podemos constatar, y creo que quedan como un gran pendiente para la próxima administración”.

El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, investigador del INAH en la zona maya, desglosó en la mesa de análisis de la Cámara de Diputados las necesidades presupuestarias que arrastra el INAH desde hace años en materia laboral, docencia e infraestructura. No hay equipos de punta para la investigación, y se gasta en rentas para oficinas porque la institución no tiene los recursos para comprar inmuebles. Hay urgencia para restaurar otro tipo de bienes patrimoniales, no sólo los arqueológicos, y de la ruta del Tren, como los monumentos históricos, obras murales y arte religioso (https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/10/21/error-desviar-presupuesto-del-inah-al-tren-maya-cortes-de-brasdefer-317118.html).

Justo una semana antes de la aprobación presupuestaria, el 6 de noviembre, mediante un comunicado, el INAH con su Patronato lanzaron la campaña “Salvemos la Pirámide de la Serpiente Emplumada”, convocando a “cualquier persona física o moral” a ser “guardián teotihuacano” donando desde 20 hasta 2 mil pesos, incluso aportaciones superiores a los 50 mil, para instalar una techumbre de 700 metros cuadrados al templo, que requiere 56 mdp (https://www.patronatoinah.mx/).

No está por demás decir que la cifra representa el 5.6% del presupuesto de 2024 para el Proyecto Chapultepec.

En otra entrevista, Villaseñor dijo al diario Excélsior que la campaña no está mal, por el contrario “qué bueno que se convoque la participación de la comunidad”. No obstante, agregó, si el propio INAH lo consideró urgente desde 2021, y pasaron ya dos ciclos presupuestales, “es una muestra muy grande de que se ha dejado de atender lo necesario, lo indispensable durante estos años, a nivel institucional, mostrando rezagos, que afectan, incluso, la viabilidad del patrimonio para futuras generaciones”.