Ciudad de México (Proceso).- El monto solicitado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2024 al Sector Cultura, el último año del gobierno de la 4T, encendió las alertas entre artistas, trabajadores, investigadores, colectivos, sindicatos, así como en instancias vinculadas a los derechos humanos.

Y es que, si bien contempla un incremento del 0.39% con respecto al de 2023, no supera los presupuestos de la administración pasada. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), presentado el 8 de septiembre pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), está solicitando 16,754.87 millones de pesos (mdp) para el Sector Cultural.

Según datos recabados por el Centro de Análisis e Investigación A. C. (Fundar), en 2023 se aprobaron 16,689.45, menor que en años anteriores: El de 2017 fue de 17,779.28 mdp y terminó con un gasto de 19,012.30. El de 2018, de 17,350 y concluyó con un gasto de 18,785.03. A partir de la presente administración no se han superado siquiera los 17 mil mdp. En 2020 incluso se aprobaron 16,751.53 millones y el gasto fue de 14,870.47 mdp.

Lo más preocupante para Fundar y sectores de la sociedad civil involucrados en la discusión del presupuesto (que se han reunido en un par de ocasiones), es que el incremento para 2024 para el Sector Cultura (Ramo 48) se desviará a los megaproyectos. Representa 65 millones más con respecto a 2023.

Y buena parte se destinará al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyos recursos se incrementan en 61.20%: si en 2023 tuvo 4,966.71 mdp, para 2024 se están solicitando 8,006.56 mdp. El punto es que el incremento en poco o nada contribuirá para remediar los rezagos históricos y la precariedad transexenal en la cual ha subsistido el INAH, el cual en los primeros años de este gobierno sufrió recortes presupuestales de hasta el 75%.

El recurso extra va destinado, exclusivamente, a la adquisición de terrenos con monumentos arqueológicos, situados a ambos lados de la ruta del Tren Maya. Lo cual es visto como una asignación directa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que sólo está encargada de la construcción del proyecto, sino que por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador lo administrará una vez terminado, como mando de la empresa “Tren Maya”.

Así se manifestaron en una de dos reuniones de miembros de la comunidad artística y cultural, colectivos como el Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu) y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), así como Fundar, de la cual surgió el comunicado #SinRecursosNoHayCultura.

Fechado el 9 de octubre pasado, logró la firma de 338 personas a título individual y 19 colectivos y organizaciones promotoras del derecho a la cultura. Es un llamado al Congreso de la Unión para que en la discusión del PPEF 2024 “se ponga fin a la política de austeridad implementada durante esta administración en perjuicio del derecho a la cultura de toda la población”.

Detalla el comunicado que el 18.14% del presupuesto de la Secretaría de Cultura (SC) se destinará al mejoramiento de las zonas arqueológicas alrededor del Tren Maya, y 5.97% al Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (que hasta ahora ha costado más de 11,500 mdp, según diversos medios), “un proyecto que desde sus orígenes ha sido rechazado por diversos sectores cultuales”.

Y precisa que si se restan los recursos de ambos megaproyectos, el presupuesto de la SC para 2024 equivaldría a sólo 12,715 mdp, en tanto que los recursos para el fortalecimiento de infraestructura en otras entidades del país son de apenas el 1.18% (https://fundar.org.mx/sin-recursos-no-hay-cultura/#SinRecursosNoHayCultura).

Entre los firmantes se puede mencionar a la Academia Metropolitana de Teatro, A. C., Documental Ambulante, A. C., Equis Emergente, Foro la Columna de Tamaulipas, Foro Shakespeare, A. C., Grupo de Danza Folclórica Xochimecoatl, el Grecu, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, Moccam, y Red Creativa de Mujeres Escénicas.

Y a título personal están, entre los cientos de firmantes, Alfonso Miranda Márquez, Antonio Mier Hughes, Bolfy Cottom, Boris Schoemann, Carla Rippey, Daniel Giménez Cacho, Elena del Río González, Enrique Singer, Ernesto Ramírez, Everardo González, Gerardo Jaramillo, Gina Martínez Ortega, Paulina Castaño, Otto Minera, María Minera, Pilar Boliver y Sophie Alexander Katz.

Rezagos históricos

Con el mismo propósito de abogar por mayores recursos para la cultura, el pasado 6 de octubre, se realizó la mesa de análisis “Adiciones y propuestas al presupuesto 2024 en Cultura. Ramo 48”, en el Auditorio Norte de la Cámara de Diputados. Intervinieron los especialistas en políticas culturales e investigadores Eduardo Cruz Vázquez, Bolfy Cottom, Carlos Villaseñor y Fernando Cortés de Brasdefer.

Participaron también representantes y miembros de los sindicatos nacionales Democrático de Trabajadores de la SC (SNDTSC), de Trabajadores de Cultura (SNTC), de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH (SNPICD). Así como la diputada Gabriela Sodi Miranda, integrante de las comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Derechos Humanos.

No es la primera vez que los especialistas son convocados para analizar la propuesta de presupuesto para el Sector Cultura, y como entonces esta vez “nada va a pasar, más ahora que no se mueve una coma, hay una línea establecida, sin embargo es importante sentarse a dialogar, sobre todo porque se trata de un problema cada vez más grave en uno de los sectores de la Administración Pública del país”, inició Cottom su intervención.

El investigador del INAH, especialista en legislación cultural, hizo observaciones en torno a varios aspectos, aunque se centró en esclarecer que se puede tener la impresión de que el INAH es la única institución beneficiada con el PPEF 2024, cuando la realidad es que no se atiende el cúmulo de necesidades de la institución para cumplir con las actividades y facultades que le dan diversos instrumentos legales.

Señaló que “estaría loco” si se opusiera al incremento del 61.20% propuesto para el INAH. Pero se debe observar que el aumento es para un hecho específico: el Programa de Previsiones para la Adquisición de Terrenos en sitios y zonas arqueológicos:

“Son regulaciones de tierras con relación del Tren Maya, eso coloca al Instituto en una circunstancia muy difícil, porque está atendiendo efectivamente un problema histórico… Sin embargo hay un abandono para todos los otros rubros competencia del INAH, pero también del Instituto Nacional de Bellas Artes”.

Por ejemplo, la investigación, la docencia, la infraestructura en las escuelas, y los únicos beneficiarios son el Tren Maya y el Proyecto Chapultepec.

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Fundador del Grecu (Grupo de Economía Cultural) y exdiplomático, Cruz Vázquez expuso que la precariedad presupuestal en Cultura viene desde 2007 a 2012, pero se ha profundizado en el gobierno de López Obrador.

Detalló: En 2012 se alcanzó el montó más alto, cuando todavía existía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora SC), con 16,663 mdp; el tope con Enrique Peña Nieto fue en 2016 de 13,199 mdp. El sexenio de AMLO arrancó con 12,894 mdp.

Cruz Vázquez agregó que en este sexenio se fueron suprimiendo fuentes de financiamiento; por ejemplo, los donativos vía donatarios culturales, “entre 2019 y 2021 dejaron de captar 540 millones de pesos; se espera que sumen mil millones en 2024”.

En su opinión, el presupuesto de 2024 debería rondar en la realidad los 26 mil millones de pesos. Lo que queda, dijo tajante, es que la comunidad del sector cultural pida a los aspirantes a presidente de la República y futuros legisladores, el compromiso “de poner al día lo que como política económica y de financiamiento público demanda el sector. Sacarlo del enorme retraso acumulado donde lo que cuenta para lograrlo es cambiar el paradigma tanto de política cultural como de modelo institucional y generar un Sistema Nacional de Desarrollo Cultural”. Y anunció que en su próxima columna de “Paso Libre” en Internet, explicará los cómos.

Calos Villaseñor Anaya, especialista en derechos culturales, indicó que aunque aparentemente no hay posibilidad de moverle nada al PPEF 2024, la Cámara de Diputados tiene la “facultad soberana” de hacer modificaciones y reasignaciones, atendiendo a los principios que rigen los derechos humanos y considerando que el acceso a la cultura es uno de ellos.

Por ello, se puede recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la vía del amparo, para que el presupuesto atienda las necesidades de ese derecho humano.

Consideró que debe reasignarse al menos el 40% de lo que se está destinando para la adquisición de “suelo arqueológico”, que si bien es una demanda histórica que garantiza la conservación y preservación de los monumentos, deben atenderse también urgentes rezagos históricos.

En cuanto al Proyecto Chapultepec, destacó que recibe 18 millones de visitantes al año, y para atenderlo se dejaron de lado las necesidades de 110 millones de habitantes del país. ¿Cómo revertirlo? Mencionó una sola propuesta a guisa de ejemplo:

Hay 2 mil 120 casas de cultura en todo el territorio nacional. Si a cada una se le dieran cien mil pesos, podría tener una televisión, un equipo de sonido, buena señal de internet, pantallas, una impresora, y con eso “le daríamos acceso a gran parte de la población, al internet, con ello a la lectura, a la música, a los audios, a los videos… Estaríamos asignando 210 millones de pesos para atender a todos los habitantes de la República”.

La Cámara de Diputados tiene hasta el próximo 15 de noviembre para entregar aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación. Casi un mes para analizar las demandas y propuestas.