Al conocer el cierre del Observatorio de Designaciones Públicas, luego de 13 años de incansable labor por procesos de designación transparentes, es inevitable pensar que si bien concluye un capítulo, la convicción y el compromiso con la causa permanecen y deben fortalecerse.

En un comunicado emitido por Fundar y ARTICLE 19 se señala que el entorno, caracterizado por un “cierre del espacio cívico, desmantelamiento institucional y concentración del poder”, volvió inviable la continuidad del Observatorio. A pesar de ello, ambas organizaciones subrayan que las designaciones públicas transparentes siguen siendo fundamentales.

Desde 2012, Fundar y ARTICLE 19 apostaron por que la ciudadanía se convirtiera en vigilante activa de la política de nombramientos, para que esos procesos dejaran de ser secretos y se convirtieron en temas de interés público.

El INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) fue uno de los organismos más afectados por la omisión del Senado en los procesos de designación, lo que en efecto llevó al instituto a una situación de virtual inoperancia durante más de un año. Lo que vivimos no es deseable para nadie, y menos aún para las instituciones de nuestro país.

Desde abril de 2022 el Senado no completó la designación de las personas comisionadas necesarias para integrar el pleno del INAI. Durante 2023 y buena parte de 2024, sólo cuatro comisionadas y comisionados estuvimos activos.

Esto representó un escenario institucional complejo, sin quórum, sin resoluciones de recursos de revisión, sin criterios oficiales, sin capacidad para ejercer sus funciones. Miles de solicitudes de información quedaron colgadas, la rendición de cuentas se convirtió en una aspiración estancada.

Fue una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo político deliberado desde el Senado. El INAI, organismo clave para la transparencia, quedó virtualmente inoperante. Fueron necesarios amparos, presiones ciudadanas y sentencias judiciales, incluso de la Suprema Corte de Justicia, para reactivar al menos algunas sesiones con solo cuatro comisionados. Sin embargo, el daño institucional ya estaba hecho.

Una institución como el Observatorio, que alimentaba el debate público con datos, análisis, deliberación, se ve forzada a clausurar sus actividades. No por derrota, sino por un entorno adverso, que desincentiva la transparencia y fortalece lo discrecional.

Este cierre duele, pero también genera responsabilidad. La convicción sigue ahí: las designaciones públicas transparentes no son un lujo, son una señal de que vivimos en democracia. Debemos sostener esa convicción, amplificarla y exigir que los procesos futuros se basen en méritos, independencia y experiencia, y no en cuotas ni compadrazgos.

Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron posible el Observatorio durante estos 13 años y que a través de él buscaron nombramientos democráticos.

Hoy, más que nunca, debemos mantener viva esa llama: exigir seguimientos, crear nuevos espacios ciudadanos y permanecer vigilantes. Las designaciones siguen siendo territorios clave del poder democrático, y es nuestro deber como sociedad protegerlos.