CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La persistente violencia contra periodistas, la incapacidad institucional para esclarecer las agresiones contra comunicadores, la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la vigilancia digital gubernamental y la condena al olvido de las graves violaciones a derechos humanos, son algunos de las obstáculos a los que se enfrenta la sociedad mexicana en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, advirtió Artículo 19 en su informe anual 2024. 

En el documento “Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información”, la organización advirtió que, durante 2024 registró 639 agresiones contra comunicadores, que representa un aumento del 13.9% respecto a 2023.  

Entre agresiones ocurridas el año pasado, cinco de ellas corresponden a casos de asesinatos, uno de ellos el de Mauricio Cruz Solís, el primero ocurrido durante el mandato de Claudia Sheinbaum, sumando 168 asesinatos de periodistas desde 2000 a 2024, 156 hombres y 12 mujeres, según los registros de Artículo 19. 

Las agresiones contra los integrantes de la prensa que más resaltan está “el acoso judicial como método de censura”, registrándose 21 casos, lo que significa que “cada tres semanas se comenzó un proceso contra periodistas por sus investigaciones o publicaciones”, de los cuales en 28.57% de las denuncias se interpusieron en el contexto del proceso electoral por violencia política de género.  

Del total de agresiones registradas, 287 fueron atribuidos a algún agente del Estado mexicano, lo que representa el 44.91% del total.  

Artículo 19 identificó que, en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo una tendencia sistemática de agresiones contra periodistas, a través de las conferencias matutinas, mientras que en los primeros tres meses del gobierno de Sheinbaum se redujo la frecuencia de los ataques, pero constató que, por medio de la instrumentación de la sección “El detector de mentiras”, se “facilitan narrativas de estigmatización y enemistad”.  

De acuerdo con los registros de Artículo 19, los estados del país donde se acentuó la incidencia de agresiones fueron la Ciudad de México (170 casos), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32). 

“Pero más allá de la tipología de las y los perpetradores, en el contexto de la gobernanza criminal, los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, tienen vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que permite que los crímenes contra periodistas queden impunes”, se lee en el informe. 

Esta realidad explica la desconfianza de los periodistas en las autoridades, pues “sólo uno de cada tres periodistas agredidos presentó una denuncia ante una fiscalía estatal o federal”. 

La desconfianza se alimenta de la falta de acceso a la justicia, pues en el caso de la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE), el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa sigue en la impunidad”. 

Como una de las barreras para ejercer el derecho a la información, Artículo 19 apuntó a la desaparición del lNAI, bajo el argumento de la austeridad republicana, pero la realidad es que sin ese órgano autónomo “el gobierno puede ocultar con facilidad la corrupción, las violaciones a derechos humanos y los abusos del poder”. 

En su informe anual, la organización consideró que es previsible “un caos institucional” ante la concentración de algunas de las funciones del INAI en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, de reciente creación, además de que hay incertidumbre de lo que ocurrirá con los más de 14 mil millones de archivos y solicitudes a sujetos obligados que albergaba la Plataforma Nacional de Transparencia.  

“La desaparición del INAI implica grandes desafíos para el acceso a archivos sobre la guerra sucia, el papel del Ejército en la represión de movimientos sociales y la responsabilidad del Estado en violaciones graves a derechos humanos”, consideró en su informe.  

En su balance anual, la organización abordó medidas como “el sistema de vigilancia y control informativo que el Estado ha impulsado bajo un mensaje de modernización, eficiencia y cercanía”. 

Puso como ejemplos, “el abuso documentado de tecnologías emergentes por parte del gobierno como la recolección de datos biométricos y la compra de tecnologías de vigilancia por parte de órganos como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), que se han realizado sin licitación y sin supervisión”.  

“Barreras Informativas” abordó el preocupante desdén de las autoridades hacia víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como ocurre con las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia, a pesar de que en su primer acto de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la masacre del 2 de octubre de 1968 como un crimen de Estado, sin que hasta ahora se retomen dos informes elaborados en el sexenio pasado sobre ese periodo, a cargo de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso de la Justicia (Coveh).  

Al señalar que hay una situación similar en el caso de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la organización sostiene que en materia de desaparición de personas, “tampoco se reconoce la continuidad de estas prácticas en la actualidad, en un contexto donde más de 124 mil personas siguen desaparecidas y más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en instalaciones forenses”.  

Artículo 19 abordó la “incertidumbre institucional”, como la última barrera para el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, al documentar que persiste un “debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar justicia y proteger los derechos humanos”, al contar con “presupuestos mínimos, estructuras burocráticas e ineficaces y, en muchas ocasiones, complicidades que obstaculizan la procuración de justicia”. 

Ejemplo de lo anterior es la FEADLE, que en 2024 sólo se le destinó un presupuesto de 18.6 millones de pesos, que representa menos del 0.1% del presupuesto total de la FGR y que sólo integró 84 investigaciones, “dejando cientos de agresiones en manos de las fiscalías locales, a menudo capturadas por políticos y crimen organizado”.