En la reciente Convención Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció (sin que nadie se lo pidiera explícitamente) una invitación formal para que la cúpula de la radiodifusión dialogue con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y revise “los tiempos que tanto les importan: los mensajes de los partidos, su duración, su impacto en los medios y en la audiencia”.

La escena fue celebrada con aplausos por la CIRT. La mandataria subrayó que su gobierno está “totalmente abierto a escuchar y construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”. El gesto no es un diálogo inocuo, huele a una tregua política, a un guiño institucional que confunde la democracia y el derecho a la información con la cooptación de la opinión pública.

Sheinbaum constituyó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez y que agrupa a figuras del gabinete y del círculo de confianza de la Ejecutiva, entre ellas Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy, además de otros colaboradores con peso institucional, como José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esa comisión tiene la facultad de proponer cambios electorales profundos que pueden comprometer la autonomía del INE, la permanencia de los legisladores plurinominales y ahora sabemos que la revisión de los tiempos oficiales que el Estado utiliza en radio y televisión. La invitación a la CIRT no puede leerse sino como un paso para congraciarse con la cúpula de la radiodifusión, modular la narrativa pública y debilitar aún más a la oposición partidista.

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo y la radiodifusión acuerdan reducir los “tiempos oficiales”. Éstos están conformados por el “tiempo fiscal” (11 minutos en TV y 21 minutos en radio, decreto de Hacienda de 1968 modificado en 2002 por Fox y modificado en 2020 por AMLO) y por los “tiempos de Estado” (30 minutos diarios previstos en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión).

El origen de los llamados “tiempos fiscales” se remonta al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Fue en 1968 cuando el Ejecutivo decretó el cobro en especie a los concesionarios mediante el uso de tiempos en radio y televisión, tras la importancia que adquirieron esos medios electrónicos durante los acontecimientos de represión del 2 de octubre y los Juegos Olímpicos de ese mismo año.

Aquella figura legal (creada en un contexto de control informativo sobre el país) permitió al Estado ocupar espacios en la radio y la TV a manera de impuesto en especie. Con las alternancias partidistas, la práctica fue objeto de reformas y decretos. En 2002 Vicente Fox redujo drásticamente esos tiempos. En 2020 López Obrador publicó un decreto que volvió a modificar los minutos que deberían entregarse, lo cual desató una polémica legal e institucional.

Con AMLO el tiempo fiscal pasó de 18 a 11 minutos en TV y de 35 a 21 minutos en radio. Esa condonación del “tiempo fiscal” atentó contra el derecho a la información en plena pandemia.

El Instituto Nacional Electoral elevó ante la Suprema Corte una controversia constitucional sobre la legitimidad y el impacto de aquel “decretazo” de abril de 2020, que recortó los tiempos fiscales y atentó contra el modelo de comunicación política y la equidad informativa. El INE promovió la controversia y buscó la suspensión, procedimientos que dejaron en evidencia la tensión entre el Ejecutivo y el órgano autónomo encargado de la vida democrática. La SCJN discutió la constitucionalidad y resolvió su validez. El episodio dejó una nueva certeza jurídica pero, sobre todo, una lección política: los “tiempos oficiales” son moneda de cambio.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión preserva las disposiciones sobre los tiempos gratuitos para el Estado y los mecanismos mediante los cuales se asignan minutos y formatos que, en la práctica, se traducen en influencia y capacidad de agenda del gobierno.

Además, el artículo 41 constitucional estipula que “a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión”. Estos 48 minutos son el resultado de los 30 minutos de “tiempos de Estado” previstos en la LMTR más 18 minutos de los “tiempos fiscales” del decreto de Hacienda de 1968-2002-2020.

Los 'tiempos oficiales' es la cuerda que sostiene la equidad electoral entre actores políticos y el acceso a la radiodifusión en la disputa por la atención ciudadana. Alterarla o diluir su ejercicio bajo la excusa del diálogo con la industria sería poner en riesgo la democracia misma, porque los ciudadanos se verían limitados de tomar una decisión político-electoral informada.

Que la presidenta convoque a la CIRT a dialogar con la Comisión Electoral no es un gesto de cortesía corporativa. Evidencia una nueva relación de conveniencia. El poder regulatorio y político del Estado se sienta a la misma mesa con quienes moldean la opinión pública día a día.

No es irrelevante que la CIRT aglutine a quienes operan medios de alcance masivo, ni que su capacidad para construir agendas sea una palanca valiosa en cualquier campaña. Esas plazas mediáticas no son meros negocios, son plataformas de influencia. La Ejecutiva que las convoca a reunirse con la Comisión Electoral corre el riesgo de legitimar la patronalización de la información versus el derecho a la información.

Existe una aritmética incómoda que conviene comprender. La industria de la radiodifusión mueve sumas relevantes de 100,000 millones de pesos de ingresos al año. En cambio, el sector de las telecomunicaciones factura cifras aún mayores, con ingresos de 500,000 mil millones de pesos anuales. La diferencia radica en que la radio y la televisión no sólo venden servicios y espacios; venden audiencias, atención y narrativa pública.

Ésa es la razón por la cual los gobiernos, uno tras otro, acuden a las convenciones de la CIRT y abren diálogos de intercambio de favores, mientras que otras industrias (más importantes en términos de inversión y fiscales como las telecomunicaciones) permanecen en segundo plano.

Si la reforma electoral que prepara la Comisión Presidencial es genuinamente plural y democrática, debe incorporar con urgencia mecanismos de transparencia, distanciamiento y reglas claras sobre el rol de los concesionarios en los procesos electorales. Invitarlos a la mesa para dialogar está bien; privilegiarlos no. El riesgo es que, detrás de los aplausos en la Convención de la CIRT, se fragüe un nuevo pacto entre el poder público y mediático que termine por acordar quién decide la agenda informativa en los tiempos electorales.

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