CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los romanos definían a la justicia como La voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le pertenece; ese ideal requiere la concreción que otorgan los tribunales a fin de hacer posible la convivencia en una sociedad en la que, junto con los esfuerzos de cooperación, existen situaciones de conflicto. En paralelo a esa justicia que Aristóteles denominaba conmutativa, se producen innovaciones en el contenido de la que el mismo filósofo clasificaba como distributiva.

En el contexto de esta última se desenvuelve la transformación que se desarrolla en México, la cual ha implicado una modificación de las ideas conductoras de la función pública apoyadas ampliamente por el voto popular. La mayoría de la Nación se pronunció a favor de un modelo basado en la rectoría económica del Estado; la Supremacía Constitucional; la salvaguarda de la herencia de nuestras culturas ancestrales; el combate a la desigualdad, la lucha contra la corrupción y la preeminencia de los derechos humanos colectivos de carácter económico, social y cultural.

Esta dimensión social de la justicia impacta diversos sectores. Mejoras en los ingresos salariales, apoyos económicos a la población con necesidades especiales a partir de un Presupuesto de Egresos que privilegia el gasto social, y de medidas promotoras de la Austeridad Republicana para que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. En la ejecución de esos cambios han colaborado los poderes Legislativo y Ejecutivo, en los cuales además se consiguieron notables avances en la paridad de género.

En el territorio de la justicia conmutativa, la que compete formalmente al Poder Judicial, no permearon los impulsos transformadores pese a la sensación generalizada de que dicho Poder se alejaba cada vez más de su obligación constitucional de beneficiar el pueblo, como lo ordena el artículo 39: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”. Los reproches sociales se acumulaban quejándose de la opacidad, el nepotismo, el influyentismo, el intercambio de favores para beneficiar a familiares, la dilación en las resoluciones, la propensión a beneficiar intereses particulares en detrimento  del interés social e incluso la realización de acciones francamente corruptas.

A esas  desviaciones se añadió una tendencia a la politización en su peor sentido, que convirtió al Poder Judicial en una fuerza partidista opositora a las resoluciones de los otros poderes, al extremo de desafiar el contenido mismo de la Constitución e incurrir en el incumplimiento de sus deberes al paralizar ilícitamente sus actividades como acto de “resistencia” a los cambios constitucionales que tenían el deber de acatar como Poder Constituido de la República.

La Nación exige la adecuación de la justicia conmutativa a los avances democráticos de la distributiva, para lo cual resulta imperativa la democratización de un Poder que mostraba evidentes rezagos en el cumplimiento de su función constitucional.

La elección popular del próximo primero de junio deberá corregir ese defecto.