En el trafico de combustible llamado huachicol y en la red internacional de venta del mismo conocido como huachicol fiscal, personajes y autoridades de México y Estados Unidos están salpicadas de corrupción. La atención periodística está puesta del lado mexicano, pero del otro lado de la frontera hay grandes intereses que se benefician de este gran negocio del crimen organizado que sólo el año pasado fue de 9 mil 200 millones de dólares.

El crimen organizado mexicano y estadunidense es una empresa internacional que ha aplicado las mejores herramientas del neoliberalismo: es global, es decir, no reconoce fronteras ni aduanas, cotiza en los mercados internacionales y financieros, compra autoridades y se aúpa como un poder por encima de cualquier gobierno.

Un ejemplo claro de esto ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, fue detenido un buque con bandera de Singapur y que provenía de Texas. La nave de gran calado cargaba más de 10 millones de litros de diésel de contrabando, portaba papeles falsos que supuestamente transportaban toneladas de aditivos para aceites lubricantes.

El combustible del barco era parte del robo físico de combustible de México que es llevado a Texas, donde lo refinan para volverlo a cargar en barco y transportarlo al mercado ilegal usando papeles apócrifos, incurriendo en el famoso huachicoleo fiscal.

Es claro que en este negocio participan autoridades y empresarios de Estados Unidos y México. No se puede entender sin la participación de funcionarios de ambos países, que forman parte de la maquinaria internacional del crimen organizado.

“Estamos hablando de un esquema bien diseñado, sofisticado, en el que participan desde agentes aduanales hasta altos mandos dentro de ciertas compañías. Se está utilizando la figura del contrabando técnico para ingresar combustible como si fuera otro producto y evitar el pago de impuestos”, denunció la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en mayo pasado.

Lo dos delitos, huachicol y huachicol fiscal, son una sangría importante a las finanzas del país. Se estima que las pérdidas por el robo de combustible ascienden a 60 mil millones de pesos al año, aproximadamente 3 mil millones de dólares. Mientras que el huachicoleo fiscal, de acuerdo con datos presentados por la propia Buenrostro, sólo en el primer trimestre de 2021 fueron de más de 23 mil millones de pesos en recaudación del IEPS.

Entre las empresas señaladas por el gobierno mexicano se encuentra Vitol, una multinacional de energía que ya ha sido investigada por actos de corrupción y sobornos en México y otros países. De hecho, la Secretaría de Economía, el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abiertas varias carpetas de investigación en torno a irregularidades detectadas en la importación de productos petrolíferos refinados, como gasolina y diésel.

Sin embargo, estas investigaciones no alcanzan hasta ahora la cúpula de funcionarios y empresarios involucrados. Solamente se han detenido a los operadores, como fue a finales de junio, cuando el gobierno federal desmanteló una importante red criminal dedicada al robo de combustible en el centro del país y se detuvieron a 32 implicados, pero sin alcanzar a los jefes incrustados en las instituciones hacendarias y Pemex, que estarían vinculados con los cárteles de la droga.

Tampoco en Estados Unidos se tiene información de detenciones de los líderes de este negocio millonario internacional. Y aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó que organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo suministran petróleo crudo robado a redes criminales en Estados Unidos, hasta ahora no han dicho quiénes son desde su país los beneficiados de lo que llaman "la gallina de los huevos de oro para la empresa de narcoterrorismo”.

Por cierto... La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en su más reciente informe sobre narcotráfico, denunció que el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana incurren en el contrabando de gasolinas y gas en la frontera entre México y Estados Unidos, a través de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio.