TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres, organizaciones y colectivos de Chiapas se sumaron a la denuncia nacional sobre el incremento de este delito, señalando que la entidad enfrenta un escenario crítico con más de mil 547 personas desaparecidas. 

Durante la protesta en la explanada de la sede del poder ejecutivo, las y los manifestantes colocaron cientos de fotografías, flores, veladoras y mensajes en memoria de las víctimas. Con consignas como “¿Dónde están?” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, denunciaron la inacción de las autoridades. 

El Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas emitió un pronunciamiento contundente, destacando que, a diferencia de otras regiones de América Latina, en México la desaparición de personas no es un problema del pasado, sino una crisis que se agudiza año tras año. A nivel nacional, la cifra supera las 132 mil personas desaparecidas. 

El colectivo denunció que el Estado mexicano sigue permitiendo las desapariciones, obstaculiza el acceso a la justicia y participa de forma activa en el delito. Señaló la profunda violencia contra los familiares buscadores, como lo demuestra el reciente asesinato de Aida Karina Juárez, madre buscadora de Zacatecas. 

Chiapas, un "iceberg" de desapariciones 

Aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 8 mil 600 denuncias de desaparición en Chiapas, el Grupo de Trabajo afirmó que estas cifras solo muestran la punta del iceberg. “Existe un gran número de familias que no denuncian por falta de confianza en las autoridades”, destacaron.  

Según el RNPDNO, hasta junio de 2025 se han registrado 612 denuncias de desapariciones en el estado, de las cuales 172 personas siguen desaparecidas y 12 han sido localizadas sin vida. 

La denuncia destacó que Tuxtla Gutiérrez concentra una de cada cuatro desapariciones en el estado, seguida por Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez. Sin embargo, municipios como Berriozábal, Palenque, Tuxtla Chico y Ocosingo también han visto un aumento significativo de casos. 

Desapariciones vinculadas al crimen organizado 

El colectivo señaló que las desapariciones se han convertido en una herramienta de terror y control poblacional por parte del crimen organizado, especialmente en el contexto del conflicto que estalló en junio de 2021. Diez municipios en la zona de conflicto, como Comitán, Frontera Comalapa y Ocozocoautla, se encuentran entre los de mayor número de personas desaparecidas en Chiapas. 

Los datos indican que los jóvenes son el grupo más vulnerable: una de cada cinco desapariciones en Chiapas corresponde a mujeres adolescentes de 15 a 19 años. La desaparición de hombres es más homogénea entre los 10 y los 39 años. Las personas migrantes también son un grupo de riesgo, con 29 casos de personas de origen extranjero desaparecidas en el estado. 

El Estado como actor activo del delito 

El Grupo de Trabajo subrayó que el Estado no solo tolera las desapariciones, sino que participa activamente en ellas. Según el RNPDNO, en Chiapas se han registrado 40 casos de desapariciones forzada, principalmente contra hombres, con el 70 por ciento de estos ocurridos en 2024. 

Durante la protesta se mencionó el caso de los hermanos Nanga Pérez, de 17 y 20 años, quienes fueron desaparecidos forzadamente por autoridades de seguridad a finales de 2024 en el municipio de Chiapa de Corzo.  

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado un patrón en el que las personas son detenidas arbitrariamente, torturadas y se les fabrican delitos, operando con total impunidad. 

El pronunciamiento de las madres y colectivos finalizó denunciando la obstrucción de la justicia, la criminalización de las familias y la falta de protocolos adecuados para la búsqueda de personas, instando a la sociedad a solidarizarse con las familias que buscan a sus seres queridos y a exigir su aparición con vida. 

¿Dónde están? 

En la protesta participó la colectiva Junax Ko’tantik (Nuestra Casa, en tsotsil), integrada por madres, esposas y hermanas de migrantes chiapanecos que desaparecieron mientras intentaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. También formaron parte del colectivo familias cuyos seres queridos migraron a otras entidades del país como Sonora, Tamaulipas o Tijuana para trabajar, y posteriormente desaparecieron. 

“Las desapariciones no solo ocurren por violencia del crimen organizado, también están ligadas a la migración, a la pobreza y al abandono de nuestras comunidades. Nuestros hijos salieron buscando trabajo, y hoy no sabemos nada de ellos”, expresó una integrante del colectivo. 

Las manifestantes acusaron al Estado mexicano de omisión y revictimización. Señalaron que la Fiscalía no emprende acciones reales de búsqueda y, en cambio, estigmatiza a las víctimas y sus familias. “Nos ven como si fuéramos culpables, cuando lo único que queremos es encontrar a nuestros seres queridos”, denunciaron. 

Además, reclamaron que han tenido que convertirse ellas mismas en investigadoras y rastreadoras ante la falta de respuesta institucional. “Hacemos el trabajo que el Estado no hace. Nosotras buscamos en fosas, seguimos pistas, tocamos puertas”, afirmaron. 

Finalmente, exigieron la implementación de mecanismos eficaces de búsqueda, acceso a la justicia, un trato digno y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre desapariciones forzadas.