CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un conteo oficial de 129 mil 787 personas desaparecidas y no localizadas, la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada “no está a la altura de la magnitud de la crisis que enfrenta el país”, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh).   

Tras la aprobación de las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización consideró que “no representan un avance sustantivo para la causa de las víctimas y es poco probable contar con otra oportunidad para que haya nuevas reformas en lo que resta del sexenio”.  

Para el Centro Prodh, “la aprobación vía fast track” de la reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones, “es un retroceso, pues se privó de la participación a las familias en el foro legislativo, como se hizo en la discusión de la ley en 2017”.  

En su cuenta de X, la organización, que representa a familiares de víctimas de desaparición forzada, consideró que las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum “parten de una premisa equivocada: suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y se resolverá interconectando bases de datos, en lugar e impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una política nacional”, tal como lo recomendó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo al posicionamiento del Centro Prodh, resultan preocupantes “los riesgos a la privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentará la Plataforma Única de Identidad y la falta de controles para su operación”.  

Apuntó que es lamentable que se eliminara el reporte administrativo de desaparición, ya que la reforma “centra esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias, en regiones controladas por la macrocriminalidad o por ser migrantes”.  

Aunado a ello, las reformas no consideran “medidas concretas” para superar el rezago forense, que tiene a más de 72 mil cuerpos bajo resguardo de servicios forenses, pues en el texto aprobado “no hay una referencia al Centro Nacional de Identificación Humana, cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan la falta de marco legal”.  

La organización lamentó que “las reformas aprobadas no estén a la altura necesaria para enfrentar la crisis de desapariciones y no en respuesta a las miles de familias que buscan a un ser querido”, permaneciendo vigente “la deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias”.