Guadalajara, Jal. (apro).- Ante la privación ilegal de la libertad, desaparición y el asesinato de Karina Ruiz Ocampo, quien realizaba activismo por el acceso al agua en El Arenal, Jalisco, organizaciones de la sociedad civil exigieron justicia, para que el crimen de la representante legal de la asociación civil La Cima Nuestra Prioridad, se investigue bajo la línea de su labor como defensora de derechos humanos. 

Karina Ruiz, de 47 años, quien realizaba activismo en pro del acceso al agua en el Fraccionamiento La Cima, en El Arenal, fue reportada como desaparecida luego de ser raptada dentro de su hogar, el 13 de abril de 2025, alrededor de las 20:00 horas. 

Ruiz Ocampo, representante legal de la Asociación Civil La Cima Nuestra Prioridad, había tomado un rol notorio en la exigencia de soluciones para la crisis hídrica que afecta a los residentes del fraccionamiento, quienes sufren con un escaso acceso al agua de apenas media hora al día.  

Este problema tiene sus raíces en un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, lo que llevó al corte del suministro eléctrico al pozo de agua desde 2012. Ante la falta de soluciones, en 2023, se presentó una petición al Congreso para solicitar la intervención del gobierno estatal. 

El 23 de marzo, la activista lideró una marcha en El Arenal y, un día después, realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, en la que cuestionó al presidente municipal, Gildardo Partida Hermosillo, al que apodó "virrey". Durante esta transmisión, Ruiz Ocampo expresó su disposición a seguir defendiendo los derechos de su comunidad a pesar de las amenazas recibidas. 

En sus declaraciones, Karina advirtió que, de no atenderse sus demandas, los activistas contemplaban cerrar la circulación vehicular sobre la carretera a Nogales, en donde se ubica El Castillo de Tequila, empresa propiedad del alcalde Gildardo Partida y de su familia. 

En paralelo, había enfrentado intimidaciones en redes sociales, donde desconocidos la amenazaron con daños a su propiedad e incluso con agresiones físicas, para presionar la de desistir de su acción comunitaria. 

Aún con las amenazas, Ruiz Ocampo, quien trabaja como quiropráctico y reside en el fraccionamiento, continuó su lucha. Conocida por su distintivo cabello rojo y sus tatuajes, su homicidio generó la demanda de organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Comunicación e Información de la Mujer A.C, (CIMAC) y el Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) que exigen justicia y seguridad para personas defensoras. 

La coordinadora de Estrategias de Comunicación y el Observatorio de Medios de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer A.C, Cirenia Celestino Ortega apuntó que “es importante el reconocimiento de las buscadoras como defensoras de derechos humanos que realizan una labor de riesgo ante la falla de Estado”. 

La integrante de CIMAC subrayó que toda muerte violenta de las mujeres debe investigarse como feminicidio: “En ese sentido llamamos a los medios a cubrir el caso en el marco de los derechos humanos de las mujeres y a hacer visibles los riesgos que enfrentamos por ser mujeres y por ser defensoras de derechos humanos”. 

Por su parte Anna Karolina Chimiak, representante del Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) demandó a la Fiscalía del Estado de Jalisco que considere la labor de defensa de derechos humanos de Karina como una de las líneas principales de investigación, además piden que realice investigaciones serias, exhaustivas e independientes con perspectiva de género. 

“Estamos muy indignadas y externamos nuestra preocupación considerando que la muerte de Karina constituye el tercer asesinato de mujeres defensoras en Jalisco en las últimas semanas y evidencia su vulnerabilidad y desprotección ante su labor de defensa de los derechos humanos en el Estado. Defender los derechos humanos no debe seguir costando vidas, el escenario en el Estado de Jalisco para la defensa de los derechos humanos en el último año ha sido sumamente preocupante”, anotó. 

El CEPAD urgió también al gobierno del Estado de Jalisco de priorizar la implementación de políticas de protección integrales, efectivas, inmediatas, con enfoque preventivo para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de las personas defensoras, “pero con el particular énfasis en las mujeres defensoras para considerar también los riesgos diferenciados que enfrentan, que son diferentes que los riesgos que sufren los hombres, personas defensoras de derechos humanos”. 

Destacó que esa organización condena el feminicidio de la defensora de derechos humanos Karina Ruiz Ocampo, quien luchaba por el abasto de agua en su colonia La Cima, en el Arenal Jalisco y se solidarizaron con su familia, así como con las personas integrantes de la asociación civil La Cima, a la cual Karina pertenecía. 

Por su parte, el Instituto mexicano de derecho ambiental (IMDEC) incluyendo a su coordinadora María González Valencia también reprobó la desaparición y el asesinato “de la Defensora del Agua, Karina Ruiz Ocampo” e integrante de la asociación civil, La Cima Nuestra Prioridad. 

“Karina defendía y exigía el agua para los habitantes del Fraccionamiento La Cima en El Arenal, en donde ella vivía y que padecen desabasto desde el año 2012, por falta de pago de la constructora a la CFE. Es inadmisible la violencia contra personas defensoras en Jalisco. El asesinato de Karina se suma a 4 defensorxs asesinados en lo que va del año”. 

El IMDEC exigió que este asesinato “no quede en la impunidad, se investigue como defensora de derechos humanos y se castigue a los responsables. Se brinden medidas de protección a sus familiares y compañerxs de su organización”. También demandó que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento en el fraccionamiento La Cima.