CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno del presidente Donald Trump construyó un muro de aproximadamente nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana, en la frontera con México, violando algunos tratados internacionales establecidos sobre los límites territoriales y naturales.

La estructura fue edificada como puente para la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EU.

Por su parte, funcionarios de Baja California e ingenieros especializados advirtieron que el muro —con compuertas electrónicas de acero que abrirán automáticamente en caso de que aumente el flujo del agua— podría causar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Ysidro (California), si no se gestiona adecuadamente su funcionamiento durante una emergencia, de acuerdo con la agencia EFE. 

Adriana Reséndez Maldonado, titular de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), afirmó que el muro viola un acuerdo de 1977 entre los dos países.

El acuerdo oficial implica que cualquier obra de encauzamiento que se realice sobre el canal del río Tijuana –territorio binacional-, debe ser previamente dialogado por el gobierno estadunidense y mexicano, para llegar a una autorización mutua. 

“Los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano”, añadió Reséndez.

Sin embargo, una fuente de la CILA en México, con identidad reservada, mencionó a EFE, que las autoridades mexicanas estaban al tanto del proyecto desde el principio, y que, a pesar de la oposición de las autoridades, no se realizó ninguna acción al respecto: 

“La cuestión aquí es ver qué tanto puede repercutir o no la construcción de este muro, que funge también como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y pese a que desde el mismo Estados Unidos haya organismos y fuentes políticas que se han venido oponiendo a ello”.

Por su parte, el antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, dijo que es “un tema complejo con aspectos ambientales, sociales y políticos”, que el gobierno mexicano “debe atender, porque se trata de acuerdos internacionales entre ambos países que Estados Unidos no está respetando, y pueden traer repercusiones en Tijuana”, señaló EFE.