CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos meses de las elecciones judiciales, se llevó a cabo el foro “¿Cuáles son los pendientes en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad?”, en el que se discutieron los desafíos que enfrenta este sector y el papel de jueces y magistrados en garantizar la igualdad.  

El evento realizado por la asociación “Yo También” y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), contó con la participación de Fabiana Estrada Tena, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Cecilia Armengol Alonso, magistrada de circuito. La moderadora fue Katia D’Artigues.  

Uno de los temas principales fue la falta de boletas en braille para las elecciones del 1 de junio y, además de su complicado diseño, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya tomado medidas al respecto. 

D’Artigues señaló que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras en el acceso a la justicia, como el lenguaje complejo del poder judicial, la falta de intérpretes certificados, la inaccesibilidad de páginas web gubernamentales y la escasez de infraestructura adecuada en los tribunales. 

La magistrada Armengol, madre de un niño con autismo severo, destacó que los juzgados aún no cuentan con accesibilidad universal. Explicó que, además de mejorar la infraestructura y los protocolos, es necesario combatir la discriminación estructural del modelo social. También enfatizó la urgencia de recursos económicos para implementar una reforma judicial que incluya a esta comunidad. 

“Para la implementación de una reforma judicial, que busca ser más cercana a todas las personas, me parece que el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, deben ser una prioridad (...) necesitamos hablar de todos los retos y lo que falta para integrar una verdadera justicia”, sostuvo.  

Por su parte, Estrada, cuyo hermano tiene discapacidad intelectual, mencionó que el sistema de justicia debe adaptarse a las personas con discapacidad, lo que implica cambios en concientización, sensibilización y políticas públicas. Señaló que el modelo judicial actual sigue siendo capacitista y excluyente. 

Armengol propuso la creación de tribunales especializados con personal capacitado en comunicación y atención a personas con discapacidad. Reiteró la importancia de integrar a esta comunidad dentro del poder judicial para representar a los 20 millones de personas con discapacidad en México. 

A su vez, Estrada se comprometió a realizar una consulta previa con personas con discapacidad para desarrollar un plan de accesibilidad al sistema judicial, que incluiría capacitaciones para jueces y magistrados.  

Subrayó la necesidad de educación inclusiva desde las instituciones como base para un cambio:  

“Se necesita un sistema jurídico sensible al contexto, a la situación, una justicia de caso por caso (...) el inicio de la cadena para corregir esto, me parece que es la educación inclusiva, a la que todos puedan acceder desde las primarias”.  

Ambas invitadas coincidieron en que, este tipo de espacios de diálogo, son ejercicios necesarios para que se haga efectivo el derecho a la consulta y participación en políticas públicas y legislación.  

El foro concluyó con un llamado a cuestionar a los candidatos del Poder Judicial sobre sus propuestas en materia de discapacidad, así como con una invitación a la difusión del tema.