CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Mientras el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman que no hay dinero para comprar insumos para la institución ni incrementar el salario de los trabajadores, el tribunal destina más de 340 millones de pesos en pagar rentas de edificios, computadoras e impresoras sin que pueda enfrentar la falta de insumos ante el creciente número de casos que llegan a los tribunales de la capital.

En mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró 41 días en el que, entre otras cosas, demandaron insumos para poder trabajar, la apertura de más plazas, un incremento salarial y el pago de prestaciones que les deben desde el año 2020.

Pese a la parálisis de miles de casos en materia familiar, civil, penal y laboral, la presidencia del PJCDMX y el gobierno capitalino insistieron en que no hay recursos suficientes para responder a estas demandas.

Para poner fin al paro, las autoridades se comprometieron a destinar por única ocasión 29 millones 47 mil 748.23 pesos a distribuirse en partes iguales entre los trabajadores del nivel 046 al J20 y a entregar un bono extraordinario cuya cantidad no fue definida.

Ambos pagos serán entregados en diciembre próximo y también se comprometieron a realizar un análisis presupuestal para determinar qué partidas pueden ser recortadas del presupuesto del propio PJCDMX para poder incrementarles el salario en el año 2026.

Pese a los alegatos de la falta de dinero, el PJCDMX destina parte de su presupuesto, entre otras cosas, al pago de rentas de edificios y bienes muebles como computadoras e impresoras que, por lo menos hasta el año 2023, significaron un gasto de 347 millones 664 mil 600 pesos.

De acuerdo con la última auditoría realizada al PJCDMX en el año 2024, con relación al ejercicio 2023, la institución renta los edificios de Fray Servando y Patriotismo, que albergan tribunales laborales y juzgados civiles respectivamente.

Por la renta del edificio de Fray Servando, destinó 23 millones 305 mil 300 pesos ese año (1 millón 942 mil 108 pesos mensuales), pese a que el inmueble fue uno de los más dañados del PJCDMX durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tanto, que causó que en octubre de ese año los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, los 10 de proceso oral en materia familiar y la Unidad de Gestión Administrativa en materia familiar, que se encontraban ahí el día del sismo, tuvieron que ser reubicados en los edificios de la Ciudad Judicial de la Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores.

Mientras que la Dirección de Consignaciones Civiles, que también se encontraba en Fray Servando, fue trasladada al edificio de Río de la Plata 48.

Dichas acciones fueron adoptadas casi un mes después del sismo, pues todavía el 24 de septiembre de 2017 el PJCDMX había informado que ninguno de sus inmuebles presentaba daño estructural y los trabajadores fueron obligados a reanudar labores al día siguiente.

El inmueble permaneció cerrado al público y los trabajadores, excepto para personal de seguridad, hasta el año 2022, cuando se implementó la reforma laboral con la que se crearon nueve tribunales laborales y el primer tribunal de asuntos colectivos en la CDMX.

Estas oficinas fueron ubicadas en Fray Servando 32 donde también fueron colocadas 11 salas de audiencia y la Oficialía de Partes Común en la materia.

Durante el paro de labores del PJCDMX los trabajadores de ese edificio dieron a conocer que los nueve tribunales laborales y el de asuntos colectivos cuentan con nueve personas cada uno para atender más de 30 mil expedientes, no cuentan con peritos asignados y en redes sociales han dado a conocer que sólo hay dos actuarios para los 10 tribunales que recorren toda la CDMX para realizar diversas diligencias.

“No nos pagaban horas extra hasta que tuvimos que cerrar, nuestros juzgados son muy pequeños, nuestros archivos somos de cuatro por cuatro o menos”, dieron a conocer el 27 de junio último durante una marcha realizada por los trabajadores desde la Ciudad Judicial hasta el Zócalo capitalino.

En tanto, el PJCDMX renta la Torre Vertia, ubicada en Avenida Patriotismo, cuyo dueño es Grupo Constructor Rouz.

En el año 2023, la institución gastó 198 millones 969 mil 300 pesos (16 millones 580 mil 775 pesos mensuales) para pagar la renta de dicho lugar, pese a que la empresa dueña, a la que fue adjudicado directamente el contrato de arrendamiento, está implicada en el caso del Cártel Inmobiliario.

La renta de dicho edificio fue aprobada en el año 2019, a unos meses de que inició la administración de Guerra Álvarez, e implicaba la mudanza de las oficinas que se encontraban en La Viga 1174 y Avenida Juárez 104, cuyas rentas costaban en aquel entonces nueve millones de pesos mensuales que se incrementarían en un 60% por la rent.a 

El contrato tenía vigencia hasta el año 2024 e incluía la adecuación de los espacios a las necesidades del PJCDMX, el equipo y mobiliario de oficina, así como el mantenimiento del primer año de arrendamiento.

En su momento, la organización civil México Justo advirtió que la diferencia de montos de las rentas del edificio de Patriotismo y los otros inmuebles que albergaban oficinas del PJCDMX, podía ser utilizada para mejorar otras áreas y capacidades profesionales del organismo.

Asimismo hasta 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en la renta de computadoras y 49 millones 598 mil 400 pesos para el alquiler de equipos de impresión.

Durante el paro los trabajadores se quejaron de que estos equipos son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que desde el año 2020 no sólo incrementó, sino que, hasta ahora no lo han podido abatir.

Contrataciones por honorarios

Aunque entre las demandas de los trabajadores está la contratación de más personal para hacer frente a la carga de trabajo, el PJCDMX tiene previsto para este año destinar miles de pesos en la contratación por honorarios de diferentes profesionales, aunque no todos estarán adscritos a juzgados, salas u otras oficinas jurisdiccionales.

De acuerdo con los documentos públicos del PJCDMX, este año la administración de Guerra Álvarez contrató a Enrique Rodríguez Gutiérrez como profesor del grupo coral del Tribunal quien mensualmente recibe un pago de 18 mil 820 pesos libres de impuestos, por lo que al final de 2025 habrá recibido 225 mil 840 pesos de los capitalinos.

Mientras que un trabajador administrativo especializado en el PJCDMX gana apenas 12 mil pesos mensuales libres de impuestos y en los últimos 10 años no ha sido incrementado su salario más de un 5% a inicios de este año, lo que implicó que su sueldo creciera, apenas, 200 pesos más.

Proceso confirmó que el grupo coral del Tribunal está conformado por trabajadores jubilados de la institución que son convocados por el magistrado presidente, Rafael Guerra para participar en los eventos que organiza su oficina.

Se prevé que el próximo 11 de agosto el grupo coral participe en la inauguración de la Feria Nacional del Libro Jurídico que cada año organiza el PJCDMX.

En cambio, un notificador ejecutor de la Dirección de Administración Financiera contratado bajo el mismo esquema de honorarios recibirá un pago mensual de 13 mil 125 pesos mensuales, es decir, 157 mil 500 pesos al final del año libres de impuestos.

Ello, pese a que para ser notificador ejecutor se requiere licenciatura en Derecho con cédula profesional.

Entre los contratos por honorarios más altos están los de servicios de seguridad de los cuales fueron adjudicados 28 por pagos mensuales de 26 mil 730 pesos libres de impuestos, 320 mil 760 anuales, a capitanes y tenientes cuyas corporaciones de origen no se precisan en ninguno de los instrumentos jurídicos e incluso están contemplados licenciados cuya profesión es desconocida.

“Realizar tareas como coordinador de seguridad, para apoyar y reforzar las actividades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuando en el interior de los inmuebles se presenten situaciones que atenten contra la integridad y seguridad de las personas o bienes; además de coadyuvar con la atención de emergencias que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el interior de las instalaciones”, señalan los contratos como descripción del servicio requerido.