HIDALGO (apro) .- El director general de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Hidalgo, Siney Hernández Medina, confirmó que los expresidentes municipales y exfuncionarios del Poder Ejecutivo de la entidad que han sido detenidos por el esquema de desvíos conocido como la “Estafa Siniestra” han rechazado criterios de oportunidad para ofrecer pruebas de una posible implicación del exgobernador Omar Fayad Meneses. 

“Hasta ahorita ningún servidor público ha querido acceder a una cuestión de esta salida; por lo tanto, si no nos dan esa información” no se puede llegar al exmandatario ni sugerir que, como cabeza del gobierno, haya estado involucrado, planteó el funcionario en conferencia de prensa con motivo del tercer informe de actividades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. 

Hernández Medina aseguró que han planteado esta posibilidad a quienes enfrentan procesos por este mecanismo que, con base en las imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), operó mediante la liberación de recursos extraordinarios de la Secretaría de Finanzas, transferencias a municipios que simularon obras y servicios, dispersaron el dinero a empresas con característica de fachada y recibieron facturas a cambio. También, fue replicado por dependencias estatales, con una suma global que supera los dos mil millones de pesos. 

Sin embargo, insistió, todos los presuntos implicados que están recluidos se han negado a participar. 

El exfuncionario de mayor rango que se encuentra detenido por la “estafa siniestra” –con una sentencia por 12 años y cuatro causas penales más en proceso– es el exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, quien desde 1993 fue secretario particular de Omar Fayad, y cuya carrera política estuvo ligada a los cargos que ocupó el hoy embajador de México en Noruega: en la alcaldía de Pachuca, la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo estatal. 

El director general de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción mencionó que, contra Martiniano, “ya tenemos todas las carpetas judicializadas, existen si acaso todavía por ahí alguna que otra que está abierto un proceso; en investigación todavía”, para después precisar que es una carpeta más la que está en integración, sin precisar el probable delito por la secrecía de la indagatoria. 

Asimismo, reafirmó que en ninguna de las carpetas que están abiertas por el “maxiproceso”, como jurídicamente han categorizado los asuntos de la “estafa siniestra”, “hasta ahorita existe una relación directa, o que nos lleve a una relación directa con este exgobernador”, en referencia a Omar Fayad.  

Tampoco, contra la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo, desde cuya oficina se liberaron los recursos posteriormente distraídos, según el patrón identificado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

Igualmente, Hernández Medina precisó que por el posible involucramiento en este mecanismo de malversación de recursos sólo existen carpetas contra Martiniano Vega y el exsecretario de la Contraloría César Román Mora Velázquez, quien, tras promover un habeas corpus, un recurso jurídico mediante el cual se exige que una persona detenida sea llevada ante un juez para que se revise la legalidad de su arresto, recuperó el pasado 23 de octubre su libertad en Estados Unidos, donde estuvo cinco meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

César Román fue detenido en Miami, Florida, el 28 de mayo de este año por un asunto migratorio. Desde entonces, la Procuraduría General de Justicia estatal solicitó la cooperación binacional para el arribo a suelo mexicano y el cumplimiento de las órdenes pendientes.  

Las autoridades en la materia confirmaron que los casos en Hidalgo siguen en curso mientras se resuelve el habeas corpus, aunque no precisan el número de carpetas en las que está indiciado. 

En tanto, Martiniano, recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 22 de junio de 2023, enfrenta cuatro procesos. Los dos últimos, cuyas órdenes de aprehensión se cumplieron en la propia cárcel capitalina el pasado 22 de octubre, son por presunto peculado de 116 millones 62 mil pesos, que corresponden al cobro de un seguro catastrófico tras el paso del huracán Grace en 2021, pero de los que no hay evidencia de que ingresaran a las arcas estatales, y por la venta ilegal de tres helicópteros, sin avalúo y a un precio por debajo de su valor real. 

Asimismo, tiene dos procesos activos por presuntas compras fantasma de dos softwares: un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos “adquirido” a la empresa Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., tras un pago de 11 millones 850 mil 999 pesos, y uno para el monitoreo de obras, por el cual se destinaron 11 millones 998 mil 560 pesos, después de que la Oficialía Mayor a su cargo otorgara un contrato a la firma Aktaion Digital. 

En tanto, en julio pasado fue condenado a 12 años de prisión, más el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos, por firmar un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19, pero que no fue localizada entre los bienes estatales y, con base en la AIC, nunca ingresó a bodegas. 

Ese contrato y la factura fueron, respectivamente, firmado y emitida por la empresa de ingeniería civil y obras pesadas Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V. 

“Para que nosotros podamos actuar, necesitamos que denuncien, incluso hay denuncias anónimas (…) y cuando a mí me hacen algún reclamo: ‘pues es que fulanito estuvo en tal lado y robó’, no se tiene la denuncia y yo no puedo acusar a alguien si no tengo las pruebas”, expuso la fiscal anticorrupción Alicia Medina Castelazo, sobre los casos de personajes del anterior gobierno que no están inmersos en carpetas de investigación aunque, según el propio esquema de la “estafa siniestra” dado a conocer por el actual mando hidalguense, las dependencias que encabezaron sí estuvieron implicadas. 

En su informe de actividades, al fiscal refirió que de octubre de 2024 a septiembre de 2025 registraron 600 carpetas de investigación contra funcionarios por abuso de autoridades (249), peculado (64), cohecho (31), negociaciones indebidas (5), enriquecimiento ilícito (3), entre otras.  

Asimismo, que recuperaron 50 millones 192 mil 527 pesos por reparación del daño, todos casos de peculados.