CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–  Pese a los señalamientos de nepotismo e inconformidades de los trabajadores, abogados y usuarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) durante su controvertida gestión, Rafael Guerra Álvarez utilizó la reforma judicial en su favor para mantener el control sobre la institución y asegurarse una gestión de más de ocho años con la opción de contender por el mismo cargo en las elecciones judiciales de 2027.

Ayer 14 de noviembre, en sesión extraordinaria del Pleno de los 79 magistrados capitalinos, Guerra Álvarez, hombre cercano a la llamada Cuarta Transformación, obtuvo 60 votos para retener la Presidencia del Tribunal por el periodo del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de agosto de 2027, cargo al que llegó en enero de 2019. 

En 2027 la Presidencia del Tribunal será definida, por primera vez, conforme a los votos obtenidos en las urnas.

De acuerdo con las reglas de la reforma judicial, nada impide al magistrado presidente Guerra participar en esa elección e intentar conservar su magistratura y así convertirse en un contendiente más por otro periodo presidencial del Tribunal.

Eso, debido a que la reforma a la Constitución capitalina en materia de Poder Judicial establece en su artículo segundo transitorio que todos los magistrados y jueces que se encuentren en funciones a la publicación del decreto de modificación, en diciembre de 2024, serán incorporados a la lista para participar en la elección ordinaria de 2027.

En ningún párrafo de dicho artículo transitorio, ni de la propia reforma, se establece alguna prohibición para que el magistrado presidente en funciones en 2027 participe en la elección.

Además, en caso de resultar electo en 2027 y de obtener una votación por encima del resto de los magistrados que serán electos ese año y de los que fueron electos en los comicios extraordinarios de 2025, Guerra podría convertirse nuevamente en presidente del Tribunal.

Mientras tanto, cumplirá en enero próximo siete años al frente del Poder Judicial capitalino, institución en la que, desde el inicio de su gestión en 2019, fue cuestionado por su cercanía con el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, y, por tanto, con la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, actual mandataria federal.

Guerra Álvarez recibió una institución de justicia retrasada en innovación tecnológica, con juzgados que conocen litigios que datan de hace más de 20 años, casos de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias por todos conocidos, pero por nadie denunciados.

Pese a que prometió a los trabajadores mejorar las condiciones en las que laboran, esta promesa se esfumó al poco tiempo.

Aquel 2019 el Tribunal sufrió un primer recorte presupuestal de 7.7%; sin embargo, la administración de Guerra aprobó la renta de un nuevo edificio ubicado en Avenida Patriotismo por casi 15 millones de pesos mensuales.

Ese edificio supuestamente sería la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia, pues ahí serían albergados los nuevos órganos creados en materia de oralidad, así como las oficinas del propio magistrado presidente, Guerra Álvarez.

Actualmente el edificio alberga juzgados de proceso oral civil de cuantía menor y algunos de primera instancia en materia civil y, según documentos consultados por Proceso (18 de julio de 2025), la renta de este inmueble en el año 2023 costó 16 millones 580 mil 775 pesos mensuales.

Cuando ocurrió la pandemia por covid-19 y las oficinas públicas tuvieron que cerrar el Tribunal implementó la justicia digital, sin infraestructura suficiente por las medidas de austeridad acatadas por Guerra en consonancia con la 4T.

Pese a ello, el Tribunal renta sus equipos de cómputo y hasta el año 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en el alquiler de computadoras, y 49 millones 598 mil 400 pesos para equipos de impresión.

Durante el paro de mayo último, los trabajadores del Poder Judicial local afirmaron que los equipos rentados son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que incrementó durante la pandemia y que actualmente siguen arrastrando.

Ese mismo año los trabajadores iniciaron un primer paro de labores por el retraso en los pagos quincenales de diciembre, el aguinaldo y los vales de fin de año, mismos que formaron parte de sus demandas del paro de este 2025.

Desde entonces, cada fin de año los trabajadores han tenido que salir a las calles a exigir a Guerra mejoras en sus condiciones de trabajo, pago puntual de sus salarios y prestaciones.

Nepotismo judicial

Asimismo la opacidad en la institución incrementó, pues a la fecha Guerra Álvarez alega que en el Tribunal aún hay casos de covid-19 y muertes por la enfermedad, por lo que mantiene las audiencias, que por ley deben ser públicas, a puerta cerrada.

Mientras tanto, los casos de nepotismo dentro del Poder Judicial CDMX han continuado durante su gestión.

Algunos de ellos fueron evidenciados durante los comicios del 1 de junio último, pues María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, quien era juez de proceso oral en materia Familiar, intentó subir a magistrada Familiar en la elección, pese a ser señalada por colectivos de madres víctimas de violencia vicaria de favorecer con sus resoluciones a sus agresores.

Su esposo, Omar Arturo Pérez Ricalde, quien actualmente trabaja en el PJCDMX como secretario de Acuerdos Titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2, intentó convertirse en juez Familiar.

También participó en la elección Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, hija de la ahora exmagistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas,  

Al momento de postular su candidatura, Rodríguez Pujol ya trabajaba en el Tribunal como juez interina en el juzgado Sexto de lo Familiar y buscaba ser magistrada en materia Familiar.

Otro caso fue el de la exmagistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien intentó conservar su magistratura en las urnas y cuyos hijos, Saraí y Joaquín Campos Santos trabajan en el Poder Judicial local como secretaria de acuerdos en juzgado Familiar y Director de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) de Proceso Oral en materia Familiar.

Al igual que su madre, Joaquín Campos Santos fue candidato en la elección extraordinaria y aspiró a ser juez familiar, pero ninguno de los dos tuvo éxito.

Santos Mendoza pasó a retiro y su hijo regresó a su cargo al frente de la UGA, una de las áreas creadas por Guerra Álvarez como parte de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que causó la extinción de juzgados de proceso escrito e incrementó el rezago y el caos dentro de la institución.

Lazos federales

Desde su llegada a la presidencia del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez no sólo ha sido vinculado con el expresidente López Obrador y la titular del Ejecutivo federal.

También se le ha cuestionado por los vínculos familiares y de amistad que tiene en la cúpula del Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante su esposa, Verónica de Gyvés, en el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

De Gyvés incluso llegó a formar parte de la terna enviada por López Obrador al Senado para designar al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo en el que finalmente fue designado Alejandro Gertz Manero.

Mientras que la cercanía pública de Esquivel Mossa con el Tribunal local ha sido constante, principalmente después de que en el año 2023 la juez María Magdalena Malpica Cervantes, titular del juzgado Noveno Civil de la CDMX, dictó una sentencia en la que determinó que la ministra es la única y original autora de su tesis de licenciatura.

Dicha resolución ha sido utilizada por la ministra y sus abogados para intentar enterrar definitivamente el escándalo del supuesto plagio de la tesis con la que consiguió su título de licenciada en Derecho.

Esquivel constantemente acude a los eventos presididos por Guerra Álvarez en el TSJCDMX y ahora que fue reelecto por un tercer periodo fue una de las primeras en felicitarlo públicamente.

Felicito al Magistrado, Doctor Rafael Guerra Álvarez, Presidente Electo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Le deseo éxito en esta encomienda, que representa una responsabilidad fundamental para fortalecer la confianza y el acceso a la justicia en nuestra… pic.twitter.com/RmbpljWGPm — Yasmín Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) November 14, 2025