CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En este noviembre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) renovará su presidencia, cargo en el que Rafael Guerra Álvarez ha permanecido en los últimos seis años y ahora busca una segunda reelección en la que se enfrentará con una de sus excompañeras de aula, la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez.

Es lunes 13 de octubre, apenas ha pasado una hora y 20 minutos de que las oficinas del TSJCDMX cerraron al público y Guerrero Rodríguez se dispone a posponer momentáneamente la firma de expedientes en su oficina de la Quinta Sala Civil para comentar con Proceso su intención de convertirse en la primera mujer en presidir el Poder Judicial capitalino.

Durante la charla las preguntas sobre la gestión de Rafael Guerra la ponen visiblemente incómoda. Sin embargo, reconoció que uno de los más grandes errores del actual presidente del Tribunal fue la extinción de juzgados.

“La extinción de los juzgados, siempre he estado en desacuerdo, también debo decir que siempre he estado en desacuerdo con la reelección, y si yo llego a la presidencia, no la buscaría”, promete.

Apenas 13 minutos después de iniciado el diálogo con la magistrada, a dos cuadras de la oficina, el abogado David Cohen Sacal salía del edificio 119 de la avenida Niños Héroes en la colonia Doctores, fue asesinado. En el tribunal y el gremio jurídico se afirma que esto podría impedir a Rafael Guerra Álvarez reelegirse para un nuevo periodo.

Pese a que la reforma judicial federal estableció que la renovación de la presidencia del Poder Judicial se definiría en las urnas, en el caso de la Ciudad de México el Congreso capitalino reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial local para que la elección de presidente de este 2025 se realice conforme a las reglas anteriores y abrió la puerta a que Guerra Álvarez busque conservar su cargo por un tercer periodo que concluirá en el año 2027.

Será hasta los comicios de 2027 que los votos de ese año y de 2025 serán contabilizados para que el magistrado que haya obtenido más sufragios se convierta en el primer presidente del Poder Judicial capitalino electo en las urnas.

“Él inició su gestión en 2019 y ahorita ya son seis años y yo creo que ya es tiempo de que haya un relevo para el Tribunal”, comenta Guerrero.

La magistrada explicó que la Constitución Política de la Ciudad de México prohíbe la reelección en el cargo de la presidencia del Poder Judicial local y consideró que, aunque la Ley Orgánica recién reformada sí permite a Guerra Álvarez buscar conservar su cargo, debe pesar más la Carta Magna capitalina que una ley reglamentaria.

Recordó que la primera vez que intentó presidir al Tribunal fue en 2019, cuando Guerra, quien fue su compañero en la universidad, resultó electo también por primera vez.

El último periodo de la presidencia de Guerra Álvarez ha estado marcado por las inconformidades de los trabajadores del Tribunal por los precarios salarios que reciben, la falta de pago de los vales de 2020, la falta de recursos humanos y materiales para realizar su trabajo, así como el crecimiento desmedido de las cargas de trabajo derivado de la extinción de juzgados de proceso escrito para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

Estos problemas serán heredados por la nueva administración del Tribunal, sin embargo, al ser cuestionada sobre si esto le preocupa, la magistrada responde que conforme a la reforma judicial ya no serán necesariamente conflictos que deban ser resueltos por el titular del Poder Judicial local.

“Con la reforma al Poder Judicial se reparten las funciones tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración. Ya no le va a corresponder al presidente o presidenta administrar los recursos humanos. Tiene que ser el Órgano de Administración.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) deberá tener las pláticas con los órganos correspondientes para que se pida el presupuesto de manera adecuada y en proporción a las necesidades que tiene el Poder Judicial.

Para el próximo año el Tribunal tiene previsto ejecutar la segunda etapa de implementación del CNPCF que implica la extinción de más de una decena de juzgados familiares y civiles de proceso escrito, lo que implicaría más caos para los trabajadores porque no incluye la creación de igual número de salas de proceso oral para repartir el trabajo de manera equitativa.

Por ello, aunque la magistrada reconoció que el titular del PJCDMX ya no tendrá facultades de administración sobre la institución, consideró que sí debe participar en la planeación y diálogo con el OAJ para hacerle saber a sus integrantes las necesidades que tiene el Tribunal para obtener recursos y no extinguir juzgados sino, por el contrario, crear nuevos.

“En parámetros internacionales se establece que por cada 100 mil habitantes debe de haber 17 juzgadores. En la Ciudad de México por cada 100 mil habitantes, habemos cuatro juzgadores o menos, con la extinción de juzgados ya yo creo que son menos”, detalla.

Rosalba Guerrero aclara que, en lugar de extinguir juzgados y crear unidades de gestión judicial, que actualmente están rebasadas por la carga de trabajo, deberían crearse nuevos órganos jurisdiccionales.

–¿Fue una mala decisión?

–No, no se planeó.

Guerrero reconoce que para ello se requieren más recursos, pues la implementación de la reforma, por su magnitud, debió ser acompañada de presupuesto suficiente para garantizarla.

“Por eso se debió de esperar a que pudiéramos ir implementando el Código Nacional hasta la última fecha que nos lo permitía, ir planeando debidamente cómo llegar a esa implementación de la mejor manera”, dice.

Entiendo –­continúa– que debe de ir acompañado de un presupuesto, pero el realizar una buena planeación representa también ver qué recursos pueden estar disponibles para poder aplicarlos a ese fin.

Descarta caos

Guerrero afirmó que actualmente hay un grupo de magistrados en materia civil y familiar que consideran ideal aplazar la implementación del CNPCF hasta abril de 2027, conforme al plazo establecido en la propia ley.

Pese a que en junio de ese mismo año los capitalinos elegirán a la segunda mitad de los nuevos juzgadores, la magistrada descartó que esto pueda resultar más caótico “porque una buena planeación nos llevaría a buen puerto”.

El 29 de mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró más de dos meses, es el más largo del que se haya tenido registro en los últimos años en dicha institución, para exigir mejoras salariales, recursos materiales y humanos, instalaciones adecuadas y aplazar la extinción de más juzgados.

Los inconformes responsabilizaron a Rafael Guerra de todo el caos que se vive diariamente en los juzgados y salas del Tribunal donde miles de usuarios se han quejado de que sus escritos son atendidos hasta con un mes de retraso.

La magistrada comenta que la extinción de los juzgados formó parte central de las inconformidades de los trabajadores porque sus cargas de trabajo fueron incrementadas y consideró que Guerra Álvarez debió manejar el conflicto de otra manera.

–¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido la presidenta? 

–Conciliado muy bien con la base trabajadora, establecer parámetros para poder darles una garantía de tener una mejor área para laborar y mejores condiciones.

Pese a que Guerra Álvarez cuenta con apoyos a escala federal, pues su esposa es integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, y él es cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum, la magistrada confía en que el lema de la mandataria federal (“es tiempo de mujeres”) prevalezca en esta elección local.

La magistrada expone que contar con el apoyo de los trabajadores es importante para ser presidenta del Tribunal y que hay algunos grupos que ya se han acercado con ella para respaldarla.

Entre los trabajadores existe un grupo inconforme con la reciente reelección del líder sindical, Diego Valdez Medina, cercano a Guerra Álvarez, por ello la magistrada Rosalba Guerrero dice que, de llegar a la presidencia, tendrá que dialogar y trabajar con el líder gremial sin excluir a nadie.

“Yo no hablaría tanto de negociar cosas con él, sino que nos pongamos de acuerdo en que el trabajador tenga sus derechos fundamentales y que nadie se los puede retirar”, aclara.

Una de las propuestas de Rosalba Guerrero es la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el trabajo de los juzgadores, especialmente el de los recién electos por voto popular que han sido exhibidos en redes sociales por el desconocimiento que tienen de las materias para las que ganaron los cargos.

“Que de las denuncias ciudadanas se dé intervención al Tribunal de Disciplina para que podamos tener un parámetro más certero de dónde están los puntos en los que se debe poner más atención”, agrega.