HIDALGO (apro).- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que autoridades de Estados Unidos identificaron la adquisición de un inmueble en Miami y de un automóvil de alta gama por parte de César Román Mora Velázquez, excontralor estatal durante el sexenio de Omar Fayad Meneses (2016-2022). 

Esas operaciones, y la revisión posterior sobre estadía y su condición legal, son las que derivaron en que el pasado 29 de mayo fuera detenido, con fines de deportación. En México, enfrentará cargos por su posible responsabilidad en un esquema de desvíos que ascendió a dos mil 500 millones de pesos, movilizados del erario hidalguense a través de empresas fachada y servicios simulados. 

“Parece que fue identificado a través de la adquisición de una casa que hizo; digamos, no de interés social, poquito cara, en Miami, y con un vehículo también de alta gama, y esas fueron de las cuestiones que tomaron en cuenta las agencias especializadas para su detención”, expuso el mandatario, quien recordó que había una ficha internacional emitida para localizar a César Román. Sin mencionarla, se refirió a la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), para su búsqueda en 196 países miembros.       

Entrevistado después de emitir su voto en las primeras elecciones judiciales en México, Menchaca Salazar dijo desconocer si esas adquisiciones Mora Velázquez las hizo cuando fue funcionario (nombrado secretario de Contraloría por Omar Fayad en julio de 2018 y permaneció en el cargo hasta el término del sexenio anterior, en septiembre de 2022); además, añadió que el presunto participante de un esquema de malversación de recursos denominado la “Estafa Siniestra” “tendrá que comparecer ante el ministerio público” para explicar el origen de los recursos y los bienes de los que se hizo en el extranjero. 

Como secretario de la Contraloría, César Román –el miembro de mayor rango del grupo político del hoy embajador de México en Noruega que ha sido detenido– no presentó su declaración patrimonial, por lo que fue inhabilitado un año para ejercer cargos públicos, a partir del 21 de febrero de 2025. 

Desde que terminó su encargo gubernamental, el excontralor desapareció de la escena pública hidalguense y buscó defenderse ante órdenes de aprehensión a través de amparos. Por los posibles desvíos en los que pudo participar, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) igualmente inició un procedimiento de extinción de dominio contra propiedades identificadas en México, con valor de 501 mil 26.97 pesos. 

“Tuve información por parte de la embajada de Estados Unidos (…) está en un proceso de deportación y ya no está en nuestras manos. Una vez que le comuniquen, porque también lo hicieron a la Procuraduría de Justicia, se hará el trámite legal correspondiente”, añadió el gobernador. 

En este sentido, dijo no tener conocimiento acerca de que el excontralor cuente con un recurso legal que impida que sea entregado a la PGJEH y se cumplan órdenes de aprehensión en su contra, ya que, a través de una carta enviada a Proceso en septiembre de 2024, Mora Velázquez sostuvo que contaba con amparos basados en “la violación” de su “presunción de inocencia”, y que no existía ningún proceso legal en su contra, aun cuando las autoridades hidalguenses habían notificado la emisión de alertas internacionales para buscarlo. Además, llevaban a cabo operativos en Hidalgo y el Estado de México para su localización. 

“Él va a ser deportado de los Estados Unidos y existen varias carpetas”, sumó el mandatario hidalguense, para después exponer que “hay un entramado, que es una estafa, en la que dinero del estado fue desviado y va a servir muchísimo lo que aporte esta persona”. 

Aunque acotó que como gobernador y abogado “tampoco puedo hacer funciones de ministerio público y hacer señalamientos”, aunado a que “hay la presunción de inocencia”, afirmó que “existen los elementos por parte de la procuraduría” para presentar cargos por posibles desvíos, “tan es así que hubo la acción del gobierno de Estados Unidos a través de sus oficinas correspondientes”. 

“Una vez que esté a disposición de la procuraduría, se le dará el trámite”, anticipó, sin conocer fecha del posible arribo al país. En tanto, cuestionado si Mora Velázquez podría acceder a un criterio de oportunidad, respondió que “la ley penal permite eso a cualquier persona. En diferentes términos será ya una decisión de la procuraduría”, aunque planteó que al prospectar un escenario en el que el excontralor proporcione datos de personas de mayor jerarquía en un posible delito cometido, “nos estamos adelantando mucho, en mucha parte del proceso. Primero que esté sujeto, a disposición, de la procuraduría”. 

Con base en las investigaciones del llamado “maxiproceso de la Estafa Siniestra”, para drenar las arcas públicas participaron municipios –que recibían recursos extraordinarios– y secretarías de estado –que facilitaban la liberación–, así como contratistas y empresas simuladoras de servicios.  Mora Velázquez es considerado uno de los actantes principales en la presunta malversación.