MÉXICO-GUATEMALA (Proceso).- Cientos de campesinos de Guatemala fueron obligados a dejar sus hogares en la comunidad de Laguna Larga la noche del 2 de junio de 2017 para evitar un desalojo violento por parte de militares. Horas después de su huida, el ejército de ese país llegó al lugar, quemó las casas, destruyó parte de la iglesia y exterminó a los animales de corral.

Los campesinos guatemaltecos fueron expulsados por el gobierno de Jimmy Morales, bajo la premisa de que el área donde estaban asentados desde hacía 15 años formaba parte de la Reserva de la Biósfera Maya.

A nueve años del desplazamiento forzado y de resistir en la franja fronteriza con México, cerca de Campeche, lograron que se abra la puerta para el retorno a la tierra de la que fueron despojados, pero aún no hay fecha.

Las más de cien familias de las etnias maya q’eqchi’, chuj y población mestiza de Laguna Larga construyeron sus viviendas con lonas, palos, cartones y guano, pensando siempre que su estancia sería temporal en una especie de limbo fronterizo, en el que ninguna de las autoridades de ambos países asume la atención integral que necesitan y a la que tienen derecho.

A pesar de que en este 2026 se aprobó el retorno de la comunidad continúan en el campamento migrante, en el que carecen de condiciones dignas de vida. No cuentan con energía eléctrica, agua limpia, infraestructura hospitalaria ni acceso suficiente a todos los niveles de educación formal.

“Nos avisaron que llegaría el ejército y nos salimos a la línea fronteriza porque decían que nos iban a llevar; cuando regresamos para ver si quedaban cosas, los militares ya le habían echado fuego, matado pollos y a los puercos se los comió el ejército porque sólo estaban las cabezas”, recordó Tomás Ramírez.

Estos testimonios reflejan la crudeza de una noche que marcó el inicio de un largo exilio en condiciones precarias, donde la supervivencia se convirtió en la única prioridad para las familias desplazadas.

El doble discurso 

El 15 de agosto de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y los mandatarios de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y de Belice, John Antonio Briceño, firmaron un acuerdo para la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya (CBGSM).

El proyecto de conservación contemplaba la protección de 5.7 millones de hectáreas de 11 áreas protegidas de Belice, 27 de Guatemala y 12 de México, entre las que destacan: en México, la Reserva de la Biosfera Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna Balam Kú; en Guatemala, el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Dos Lagunas; y en Belice, el Área de Conservación y Manejo Río Bravo y el Área Natural Protegida Aguas Turbias.

En el evento de la firma, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que buscan impulsar un modelo sostenible de desarrollo para las comunidades de los tres países.

“Poseemos los tres países en esta selva inmensa, un inmenso patrimonio y en consecuencia tenemos una inmensa responsabilidad en la que hoy Guatemala, México y Belice, nuestros tres gobiernos, damos un paso al frente, porque protegiendo la Gran Selva Maya protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro”, se lee en el comunicado.

Las palabras del presidente resuenan contrarias a la situación que vive la comunidad desplazada de Laguna Larga que, bajo la excusa de proteger la naturaleza, fue desalojada por un ejército que destruyó sus hogares.

“Estamos ni tan bien, ni tan mal. Tenemos calidad de vida porque vivimos en la naturaleza, pero también necesitamos unas cuantas cosas”, comentó Joysi Pérez, quien era menor de edad cuando, junto con su familia, huyó de los militares.

Sin una fecha para retornar a la tierra en la que estaban sus hogares, la comunidad de Laguna Larga continúa con la esperanza en medio de una línea fronteriza entre México y Guatemala, en la que durante nueve años han sido ignorados por ambos gobiernos.

Guardianes desterrados

Los antecedentes de este desalojo se originan cuando el 10 de febrero de 1989, bajo el mandato del presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, se decretó la Ley de Áreas Protegidas. A su vez, se creó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) con el objetivo de hacer cumplir dicha legislación y preservar los recursos naturales. Dicha institución ordenó los desalojos de las comunidades y justificó el desplazamiento forzado en aras del medioambiente, pero violentando los derechos humanos y la interculturalidad.

Edgar Pérez Archila es un abogado guatemalteco que ha trabajado durante 28 años en la defensa de los derechos humanos y ha acompañado procesos vinculados a conflictos de genocidio y masacres. Actualmente se encuentra asesorando el caso de la comunidad de Laguna Larga.

Explicó que en 1990 se creó la Reserva de la Biósfera Maya, conocida como el Petén, la cual es el área natural protegida más grande del país. Reiteró que ya había asentamientos humanos viviendo en las poco más de 2.1 millones de hectáreas; ése fue el caso de Laguna Larga.

“Dentro de ese la ley se crea la Conap y su función es cuidar las áreas protegidas, entonces, promueve los desalojos, pero nunca se llegó a discutir el problema estructural. Había 53 comunidades dentro de estos territorios”, expresó.

La extensión del área protegida del Petén ocupa casi el 19% del territorio nacional de Guatemala y es una de las partes más extensas de la selva tropical en Mesoamérica. La protección al territorio en su momento se declaró como urgencia nacional, ya que la cacería ilegal, las talas ilícitas y los asuntos vinculados al narcotráfico eran constantes, según refirió el Gobierno guatemalteco ante la UNESCO.

“En 2016 presentamos una propuesta alternativa para las comunidades asentadas en la Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón. En 2016 se instaló una mesa para discutirla y en 2017 empezamos las reuniones con las autoridades (...) propusimos que se acordaran las reglas para dialogar el tema. En eso estábamos cuando tuvimos noticias de que había la posibilidad de desalojar una de las comunidades que estaban sentadas a la mesa. Pensamos ¿cómo es posible si estamos sentados con el gobierno?”, refirió.

Para sorpresa de Edgar y los demás integrantes de la mesa de diálogo, el desalojo no afectó a la comunidad que esperaban, sino a Laguna Larga. “Se rompió el diálogo y la negociación” después de esto.

El desplazamiento forzado se dio durante la expansión del proyecto Guatecarbón, al que este país se suscribió en 2006, y que fue implementado por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (Conap), la misma instancia que ordenó el desalojo. La comunidad de Laguna Larga está dentro del área de influencia asociada con dicho proyecto de conservación.

Por las características del desplazamiento, en el que se preveía que el ejército guatemalteco ingresaría al territorio haciendo uso de la fuerza para desalojarlos, violentando los derechos humanos de los habitantes, se interpuso un amparo cuyo fallo les dio la razón, aunque con una respuesta ambigua, según explicó el abogado Pérez Archila.

“En el 2000, la Corte de Constitucionalidad nos da la razón, dice que tienen derecho a los mínimos Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), pero nos deja una resolución ambivalente, no es clara. El Conap se resiste al retorno provisional, y paralelo se presentó una solicitud de medidas cautelares a la CIDH por la gravedad de los hechos, porque se reunían los requisitos de necesidad de urgencia e irreparabilidad”, abundó.

En septiembre de 2017, la Comisión Interamericana decretó medidas cautelares que hasta el día de hoy no se han cumplido. Desde el mandato del expresidente de Guatemala Jimmy Morales hasta el del hoy presidente Bernardo Arévalo, Laguna Larga sigue sin recuperar su calidad de vida. Se determinó que el Estado debe asegurarles viviendas, infraestructura, trabajo y medios para su subsistencia alimentaria.

“Antes de 2017 esta comunidad era un ejemplo, estaban organizados, tenían calles, accesos, y ellos mismos generaban su desarrollo, sembraban y comercializaban con el Desengaño del lado mexicano, y ahí también dejaban su dinero, porque estaba más cerca. Era una comunidad transfronteriza, que los estados deben cuidar y promover, pero en cambio los vieron como delincuentes”, detalló el abogado y defensor de derechos humanos.

Antes de autorizar el retorno de Laguna Larga a la tierra de la que fueron desplazados por el ejército, el gobierno de Guatemala ofreció cinco fincas y ninguna reunía las condiciones mínimas. La tierra no era fértil para el cultivo ni había fuentes de agua cercanas.

“Estamos avanzando a pasos lentos”, esbozó.

Laguna Larga estaba asentada en el Triángulo la Candelaria, sitio que, aunque se encuentra dentro de un Área Natural Protegida, es de usos múltiples, de conformidad con la ley; es decir, es compatible con los asentamientos humanos.

Secuelas del desplazamiento

Edwin López y su esposa cargaron a sus dos hijos y una maleta con las pertenencias más útiles para caminar hacia la frontera, junto con el resto de los habitantes.

Aquel día de junio de 2017 llovía intensamente mientras atravesaban pastizales de casi dos metros de altura, con el temor constante de ser picados por alguna serpiente. Caminaron lo suficiente para alejarse del riesgo de una agresión militar directa, buscando refugio en la incertidumbre de la línea divisoria entre ambas naciones.

“Venimos caminando a la intemperie, bajo la lluvia; salí casi a lo último, como a las cuatro o cinco de la tarde. Caímos aquí en la frontera y eran pastizales altísimos; podría haber culebras, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Esa noche dormimos bajo la lluvia, otros al pie de los árboles. Yo traía un nailon para protegernos un poco, pero los que no tenían se durmieron ahí como pudieron”, relató Edwin sobre aquellas primeras horas del desplazamiento.

El 4 de junio, a dos días del desalojo, Edwin se acercó con otras personas a lo que quedaba de Laguna Larga y confirmó que los militares ya habían reducido las casas a cenizas.

El desplazamiento forzado no sólo tuvo como consecuencia la pérdida de los hogares y de la calidad de vida, sino que también provocó decesos por las secuelas emocionales y físicas del evento. Según los registros de la propia comunidad, la tragedia se cobró la vida de 19 personas.

“Tres mujeres abortaron. En 2020 murió una pareja de esposos acá en el campamento por el trauma del desalojo. En total fueron 19 muertos entre los abortos y los demás”, agregó el poblador con pesadumbre.

A su llegada a México, los habitantes de Laguna Larga recibieron el apoyo de organizaciones civiles y ciudadanos mexicanos, quienes les proporcionaron alimento mientras levantaban los refugios que terminarían siendo sus hogares durante casi una década.

Debido a la violencia del desplazamiento y las precarias condiciones de vida posteriores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de la comunidad, las cuales el gobierno de Guatemala nunca acató en su totalidad.

Entre las medidas se exigía el acceso a una alimentación adecuada y agua potable; sin embargo, los campesinos aseguraron que estudios realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala confirmaron que el agua disponible estaba contaminada.

“Tiene heces porque la laguna se divide entre Guatemala y México, y del lado guatemalteco tienen ganado. La cloramos, usamos pastillas de Unicef y apoyo de Voces Mesoamericanas, pero ni así queda bien. No podemos comprar garrafones porque no tenemos dinero”, explicó Edwin.

Incumplimiento y abandono

En la resolución 36/2017 del 8 de septiembre de 2017, la CIDH también solicitó al Estado de Guatemala garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, salubridad, vestimenta y seguridad para el campamento.

Además, se instó a garantizar el derecho a la salud con monitoreos médicos para quienes padecieran enfermedades crónicas, así como el acceso a la educación para la infancia y la juventud, pero la mayoría de estas medidas quedaron en el olvido institucional.

Para el campamento de Laguna Larga la realidad fue muy distinta a los mandatos internacionales. La escuela local sólo cubría el nivel de primaria y el acompañamiento médico recayó más en el sistema de salud mexicano que en el guatemalteco.

Carlos Pérez, quien hoy tiene 23 años y termina su bachillerato, recuerda que tuvo que frenar sus estudios durante mucho tiempo por la falta de medios y la necesidad de cuidar a su madre enferma y a sus hermanos.

“Fue complicado porque salimos de noche bajo una tormenta con las cosas al hombro. Cuando uno es niño, esa situación es traumática. Las amenazas de sacarnos fueron constantes y ese día nos dijeron que debíamos irnos para evitar que nos golpearan o nos llevaran a la cárcel”, apuntó Carlos.

Era apenas un menor cuando caminó bajo la lluvia, desplazado de su hogar, perdiendo oportunidades económicas y educativas que sólo ahora, años después, intenta recuperar en un municipio de Petén.

Lucía Cob siembra maíz, frijol y calabaza chihua para sobrevivir. Tiene cuatro hijas y dos hijos; a diario se levanta temprano para preparar el desayuno y moler el maíz de nixtamal que su esposo vende en el ejido El Desengaño, en Campeche, México. Los más pequeños van a la primaria, el único nivel de educación al que pueden acceder en el campamento migrante.

“Yo quiero un lugar digno porque pienso en mis niños” dice, y hace estas preguntas: “¿Qué les vamos a dejar?, ¿dónde van a vivir? Nunca he visto la ayuda ni de México ni de Guatemala”.