CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito en Jalisco ordenó al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) investigar y, en su caso, sancionar el presunto abuso físico y psicológico en contra de un judoca menor de edad por parte de sus entrenadores en las instalaciones de la institución deportiva.  

Asimismo, el órgano colegiado determinó la elaboración de una tesis de la situación para casos futuros y considerar que tanto el bullying como el hostigamiento pueden ser equiparables a la tortura, lo cual sentará un precedente para que los jueces concedan amparos en favor de los menores. 

El 13 de junio de 2023, Gabriela Martínez Ledezma, madre del menor, interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado tras considerar que su hijo fue violentado por parte de los entrenadores Axayácatl Germán Ortega y David García con el consentimiento de Rubert Martínez Texidor, jefe de ambos, así como de Sara Cárdenas Arce, presidenta de la Asociación de Judo Tapatía (AJT). 

Luego de ventilar los hechos en redes sociales, Martínez Ledezma denunció que el caso de su hijo ha estado marcado tanto por encubrimientos como por omisiones desde la cúpula del CODE Jalisco, encabezado por Luis Fernando Ortega Ramos, quien el pasado 13 de febrero giró un oficio de colaboración dirigido al Órgano Interno de Control (OIC) del estado, solicitando un proceso de investigación administrativa para dar seguimiento a los efectos legales.  

En dicho oficio, Ortega Ramos refiere apenas enterarse del caso; sin embargo, existen al menos un par de documentos que acreditan que ya tenía conocimiento de la respectiva carpeta de investigación. El primero de ellos, con fecha del 25 de julio de 2023, es un oficio enviado por el ministerio público desde la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niñas y Adolescentes, dirigido al director del CODE, en el que le solicitan remitir una serie de documentos como parte de las indagatorias, así como la respectiva respuesta un día después por parte de Adrián Eduardo Huerta Quintero, entonces director jurídico del organismo, en la que responde la solicitud “por indicaciones del director general”.  

El pasado 17 de febrero, Sara Cárdenas, comisaria de la Federación Mexicana de Judo (FMJ), fue vinculada a proceso por el delito de responsabilidad profesional y técnica, además de fijar tres meses de plazo para que se realice la investigación complementaria el desahogo y depuración de pruebas. 

A consecuencia de la vinculación, Lillian Estrada Bautista, presidenta de la FMJ, le notificó a Gabriela Martínez que Cárdenas Arce ya no formará parte del Consejo Directivo de dicha Federación, además de que, de acuerdo con sus estatutos, se está integrando una Comisión de Honor y Justicia con la intención de revisar la procedencia del asunto.  

El delito de responsabilidad profesional y técnica, contemplado en el artículo 161 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, se castiga hasta con tres años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por el doble de la pena privativa de libertad impuesta.