Delincuencia organizada
Caso call centers de Zapopan: La "represalia" del Cártel Jalisco Nueva Generación
Un “empleo” que parecía como cualquier otro derivó en la desaparición del grupo de jóvenes entre el 20 y 22 de mayo, y posteriormente en su asesinato, en una trama que apunta a los tentáculos del crimen organizado más allá de las fronteras del país.
El Cártel Jalisco Nueva Generación desapareció y asesinó a los ocho jóvenes que laboraban en dos call centers de Zapopan en presunta represalia porque “desde dentro” se filtró información sobre fraudes inmobiliarios, lo que habría derivado en una sanción que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ocho empresas de tiempos compartidos ligadas a este cártel, de acuerdo con el móvil que establecen las investigaciones del caso. El inmueble de uno de los call centers es propiedad de la familia Rosales Ayllon, vinculada en negocios con Rafael Orendain Parra, funcionario del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y exmiembro del equipo de campaña del gobernador Enrique Alfaro.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las autoridades investigan al Cártel Jalisco Nueva Generación por la desaparición y asesinato de los ocho jóvenes que laboraban en centros de operación telefónica o call centers en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con las indagatorias, el grupo criminal realizó un presunto acto de represalia por la sanción que recibió por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser descubiertas sus operaciones ilícitas contra ciudadanos de ese país.
El grupo delictivo sospechó que los fraudes de tipo inmobiliario que realizaba se descubrieron por información que se filtró desde el interior de alguno de los centros, de acuerdo con información obtenida por Proceso de una persona cercana a la investigación.
Un “empleo” que parecía como cualquier otro derivó en la desaparición del grupo de jóvenes entre el 20 y 22 de mayo, y posteriormente en su asesinato, en una trama que apunta a los tentáculos del crimen organizado más allá de las fronteras del país, sin que las autoridades logren hasta ahora explicar desde cuándo y cómo operaban dichos centros en una supuesta normalidad, pero en realidad sin permisos y en la clandestinidad desde varios inmuebles de Zapopan.
Proceso encontró que uno de los call centers aparece en documentos públicos como propiedad de la familia Rosales Ayllon, vinculada en negocios con Rafael Orendain Parra, coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno municipal de Guadalajara.
Además de ser colaborador cercano del alcalde Pablo Lemus –quien llegó a la alcaldía como candidato de Movimiento Ciudadano–, Orendain fue parte del equipo de campaña del gobernador emecista Enrique Alfaro, de quien es amigo cercano.
Fraudes y extorsión
Las ocho personas desaparecidas, cuyos restos fueron localizados en 50 bolsas arrojadas a un barranco en la colonia Mirador Escondido, en el mismo Zapopan, fueron identificados el martes 6 con pruebas de ADN.
Se trata de los hermanos Itzel Abigail, de 27 años, y Carlos David Valladolid Hernández, de 23; Arturo Robles Corona, de 30; Carlos Benjamín García Cuevas, de 31; Jorge Miguel Moreno Morales, de 28; Mayra Karina Velázquez García, de 29; Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37, y Juan Antonio Estrada, quien no contaba con ficha de desaparición.
La primera noticia relacionada con la desaparición del grupo de jóvenes fue que todos laboraban en una supuesta empresa de ventas telefónicas (call center).
Pero el 27 de abril último el gobierno estadunidense advirtió que el CJNG estaría cometiendo fraudes contra sus ciudadanos de la tercera edad a través de un conglomerado de ocho empresas de tiempos compartidos.
