Morena lleva a cabo una peligrosa estrategia lingüística para que la designación de su “coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” no sea considerada un proceso interno para elegir candidato presidencial, es decir, una precampaña. Esta etapa, según las reglas del INE, inicia en noviembre para todos los partidos, por lo que, si el instituto o el tribunal electoral le dan la razón a la oposición, se considerarían ilegales tanto las giras como los gastos de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido en el gobierno.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el arranque formal del proceso de selección para definir la candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, y una primera medida cautelar del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena se lanza en un riesgoso ejercicio discursivo y legal, el cual lo expone a que las autoridades electorales lo obliguen a detener las campañas de sus aspirantes.

Justo cuando la suerte de la contienda se encuentra en las manos del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador operó un viraje de 180 grados en su política de confrontación con el organismo electoral, e invitó a sus consejeros a Palacio Nacional para darle “vuelta a la página” en la relación institucional y hablar, entre otros asuntos, del presupuesto del INE para el año entrante.

La legislación electoral establece que los partidos no pueden organizar su precampaña antes de noviembre, que este ejercicio no podrá extenderse más de 60 días y que cualquier gasto de precampaña debe documentarse ante el INE. Con los lineamientos de su proceso interno, que plantean el arranque de las giras el próximo lunes 19, Morena se está adelantando cinco meses al plazo legal, planea una campaña de dos meses y medio, y no contempla la supervisión del INE en las erogaciones.

Por ello, el pasado viernes 16 la Comisión de Quejas del INE dictó una primera medida cautelar, derivada de dos quejas de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cual ordena a Morena y sus aspirantes a respetar los “tiempos” de ley y las “reglas en materia de campañas”.

El organismo autónomo no decretó el aborto del proceso de selección; en su lugar planteó una serie de reglas que deberán seguir los aspirantes y sus equipos, las cuales abren el camino a un ejercicio un tanto surreal: los contendientes, que llevan meses promocionándose para la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales, no podrán pronunciar “directa y explícitamente” las palabras “campañas”, “candidato”, “Morena” ni “presidencia” durante sus actos proselitistas.

Según la medida cautelar, los contendientes no podrán llamar a votar a su favor ni a la de Morena, tampoco podrán dar a entender que buscan la candidatura o precandidatura a las elecciones presidenciales o de cualquier otro proceso de carácter electoral –se limitarán en promoverse como aspirantes al proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT)–, y aparte tendrán que entregar al INE un calendario semanal en el que detallarán “los recorridos de trabajo y actividades que tengan programadas”.

La dirigencia nacional de Morena y los aspirantes llevan ya varios días diseñando una estrategia lingüística, que consiste en utilizar eufemismos o sinónimos para no llamar las cosas por su nombre. En lugar de “precampaña”, el partido sostiene que se trata de un “proceso interno de selección”; en lugar de “candidato” a las elecciones presidenciales, hablan de “coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, y en lugar de “actos de campaña” dicen “recorridos de trabajo”.

A menudo los militantes del partido han tropezado con estas sutilezas discursivas. El propio López Obrador ha mezclado de manera reiterada los conceptos: en la conferencia matutina del pasado 6 de junio, un día después de la cena en la que dio el banderazo de salida a la campaña interna de Morena, el mandatario declaró que “ya inició el proceso electoral”. Días después, el 13 de junio, el mandatario afirmó que los militantes no están eligiendo al “precandidato” sino “al coordinador o coordinadora de la transformación”.

Carlos Alberto Ferrer Silva, quien hasta el pasado 3 de marzo fungía como titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el INE –y fue asesor de Lorenzo Córdova Vianello en la presidencia del organismo autónomo–, opina que todo el andamiaje discursivo de Morena se resume a una “simulación”:

“No importa el nombre que se le dé, la realidad –y esto es evidente– es que se trata de actos anticipados. No se puede engañar al sentido común, todos sabemos perfectamente bien que están haciendo una competencia para elegir a su candidato o candidata a la Presidencia de la República”, dice, en entrevista con Proceso. Y agrega: “Hace como precampaña, se mueve como precampaña… ¡es una precampaña!”.

Partiendo de este planteamiento, Ferrer resalta que todos los actos de Morena están fuera de la ley y violan los conceptos de equidad. “Los plazos y tiempos pueden gustarnos o no, pero así está nuestra ley y se debe acatar para que la competencia sea pareja”, insiste. Por ello, el especialista en materia electoral asevera que cualquier gasto para los eventos de los aspirantes es ilegal.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2433 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.