San Martín Texmelucan
San Martín Texmelucan: Tianguistas advierten de un polvorín social
Puebla está a punto de enfrentar un conflicto social, a decir de comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan. Ellos rechazan el plan de la alcaldesa morenista Norma Layón para pagar un adeudo de 800 millones de pesos a particulares por los predios en los que se asienta.
Puebla está a punto de enfrentar un conflicto social, a decir de comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan. Ellos rechazan el plan de la alcaldesa morenista Norma Layón para pagar un adeudo de 800 millones de pesos a particulares por los predios en los que se asienta uno de los más extensos mercados de esa clase en el país, especializado en textiles, que genera unos 60 mil empleos y del cual dependen entre 12 mil y 20 mil familias.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. (Proceso).– Comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan, uno de los más grandes de Latinoamérica, lanzan un llamado de auxilio a los gobiernos federal y estatal para evitar que la alcaldesa morenista Norma Layón Aarun instrumente un plan que, aseguran, desataría un grave conflicto social y político, generaría una crisis económica y agudizaría la inseguridad que ya afecta a esta región.
El detonador de lo que ellos llaman una “bomba de tiempo” es la propuesta que la edil planteó para supuestamente resolver un litigio que data de 1994, con respecto a las 18.6 hectáreas donde lunes y martes de cada semana se instalan de 12 mil a 20 mil comerciantes de este tianguis.
Se trata principalmente de pequeños textileros de Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y diversos municipios de Puebla.
Layón Aarun asegura a Proceso que la estrategia diseñada por su administración traza una ruta para cumplir con una sentencia que en 2000 dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese fallo obliga al ayuntamiento a indemnizar a particulares afectados por la reubicación de tianguistas en ese predio, ejecutada por la autoridad hace 29 años.
El adeudo por el incumplimiento de esa resolución asciende, a la fecha, a más de 800 millones de pesos, el doble del presupuesto anual de San Martín.
Al argumentar incapacidad para cubrir ese monto –que aumenta cada año–, en 2022 la edil y los particulares que ganaron juicios de amparo presentaron un acuerdo ante el juzgado que conoce de la causa, mismo que lo aprobó.
La estrategia, explica Layón, consiste en que las inmobiliarias que ganaron los amparos escrituren al municipio una proporción de terrenos dentro del tianguis que corresponda a esa cantidad de dinero.
El ayuntamiento ha abonado a dichas inmobiliarias 35 millones de pesos en los últimos años.
“Una vez que tengamos la propiedad de los mismos, se procederá a la subasta pública a terceros para que por fin puedan tener la propiedad de los terrenos del tianguis. Lo que se obtenga de esa venta será otorgado a los quejosos para que nuevamente nos trasladen la proporción de sus terrenos y así volver a vender nuevos espacios a terceros, hasta que se finalice con el pago de la deuda”, expone la alcaldesa.
Con este plan, que será sometido al Cabildo y después al gobierno y al Congreso, pretende llevar el tianguis “a la formalidad” y que cada comerciante pueda comprar su espacio, pues tendrán “derecho al tanto”. Si no toman ese derecho, terceros interesados podrán adquirir el local o el área en subasta.
Aunque la alcaldesa confía en la viabilidad de esta fórmula, los comerciantes ya han expresado un rotundo rechazo y aseguran que lo que se busca es privatizar el tianguis, hacer “un gran negocio” con su reventa y trasladar a los comerciantes el costo de un conflicto generado por acciones ilícitas u omisiones en que incurrieron funcionarios que han gobernado San Martín.
Los comerciantes piden la intervención de autoridades federales y estatales para buscar una solución en la que participen todos los involucrados, antes de que se desate un conflicto social que afectaría la economía del municipio, el cual ya se ha visto impactado en los últimos años por una creciente inseguridad.
Apenas el 13 de febrero último, mil 200 integrantes de colegios de abogados, arquitectos, contadores, ingenieros civiles y de grupos empresariales y de comerciantes de San Martín pidieron reforzar la seguridad, en un escrito dirigido al gobernador Salomón Céspedes Peregrina.
Refieren que se ha vuelto cotidiano encontrar cadáveres embolsados, encobijados y descuartizados. Agregan que los comerciantes foráneos que acuden al tianguis son víctimas constantes de extorsiones por parte de agentes de tránsito municipales y que muchos de ellos han sufrido asaltos y secuestros por grupos delincuenciales.
Conflicto añejo
El 26 de octubre de 2022 unos 10 mil integrantes de las 32 organizaciones que operan en el tianguis se unieron en una marcha para dejar claro que defenderán sus lugares de trabajo.
Elim Garzón, dirigente del Círculo de Organizaciones Populares (COP), dice que, luego de la pandemia de covid-19, es imposible que los comerciantes y las agrupaciones tengan la capacidad económica para comprar los espacios, por lo que, al subastarse, éstos podrían ser acaparados por empresarios.
Sobre todo, señala que los tianguistas asumen que es injusto comprar algo que tienen tres décadas de estar pagando y donde ellos mismos han construido.
Garzón recuerda que en 1994, cuando el ayuntamiento los reubicó, ese lugar era una zona con campos de cultivo inundables que no contaba con ningún servicio, por lo que los tianguistas invirtieron para introducir agua, luz y drenaje, así como para construir pasillos, sanitarios y techumbres.
Arnulfo Galindo Guzmán, dirigente de la organización Josefa Ortiz de Domínguez, dice que la alcaldesa no podría vender los espacios en los cuales el valor de la infraestructura que han construido asciende a unos dos mil millones de pesos, más que el costo de los terrenos, y donde el municipio “nunca invirtió un peso”.
Galindo recuerda que a lo largo de los años han firmado convenios con presidentes municipales y pagado por permisos para ocupar los predios:
“Que quede claro, no somos paracaidistas, ni invasores. No dejaremos que nos quiten o nos vendan nuestro espacio de trabajo. No somos 100 ni 200, imagínese qué pasará si más de 15 mil comerciantes, más trabajadores y familias, nos vamos a la rebelión o invadimos las calles”.
Entrevistados por separado, Garzón y Galindo coinciden en que hasta ahora la alcaldesa ha excluido a los tianguistas, por lo que sólo se han enterado de su plan a través de trascendidos en medios de comunicación.
Garzón sostiene que los gobiernos municipales han considerado el tianguis como “un monstruo”, pero que, pese a su problemática, el espacio de intercambio comercial tiene muchas “bondades”, pues da trabajo a muchos de sus habitantes y es un motor para la economía de la región.
De acuerdo con estudios del COP, el tianguis, que actualmente abarca más de 20 hectáreas, genera unos 60 mil trabajos directos e indirectos, entre empleados de mostrador, costureros de las maquilas, cargadores, vigilancia, transportistas, estacionamientos y vendedores de comida, entre otros.
Adicionalmente, cada semana acuden a surtir mercancía de 20 mil a 40 mil pequeños comerciantes, aboneros y vendedores informales, que en su mayoría viajan de entidades del Sureste del país, e incluso de Guatemala y Belice.
La mayoría de los tianguistas tienen pequeñas maquilas que producen prendas como calcetería o camisetas, pero en el laberinto de pasillos, carpas y techumbres también se venden vestidos de novia y trajes para caballero.
Vicios de origen
El conflicto por los terrenos tiene como origen un decreto publicado el 2 de agosto de 1989 por la expropiación de 30 hectáreas del poblado San Lucas Atoyatenco en favor del ayuntamiento. De esa extensión, 11.4 hectáreas se destinarían a vivienda y 18.6 a infraestructura urbana y para descentralizar el comercio.
Tres meses antes de que se publicara ese decreto, el 6 de mayo de ese año, Apolonio Méndez Meneses, primer alcalde panista de esta localidad, ya había firmado un contrato de “transmisión onerosa de derechos”, que en realidad era una compraventa de las 18.6 hectáreas en favor de Consorcio del Ángel, SA de CV, propiedad del empresario Abel Garcés Sandoval.
El municipio argumentó incapacidad económica para realizar las obras que comprometía el decreto y, de manera irregular, omitió someter la firma de este contrato a la aprobación del Congreso del estado.
Al poco tiempo, Consorcio del Ángel celebró la compraventa de seis hectáreas del terreno con la empresa llamada Corporación Inmobiliaria Celeste, SA de CV, que justo se constituyó en esas fechas y en la que participaba Guadalupe Arellano Hernández, un regidor del Cabildo presidido por Apolonio Méndez.
Esa inmobiliaria vendió lotes y manzanas a particulares. Una de las compradoras fue Concepción Briseño, esposa (ahora fallecida) de Apolonio Méndez. En tanto, Consorcio del Ángel hizo algunas obras de infraestructura para dar cumplimiento al decreto, en las que invirtió 18 millones de pesos.
El 30 de mayo de 1994 la administración del priista José Luis Domínguez Bermúdez decidió resolver un problema generado desde los años setenta por la creciente presencia de vendedores ambulantes en San Martín. Mediante un operativo policiaco, unos cinco mil 500 vendedores fueron reubicados para ocupar las 18.6 hectáreas que dos administraciones antes se vendieron a la inmobiliaria.
Aunque la autoridad argumentó sobre los vicios de nulidad que tenía el contrato que Apolonio Méndez firmó para vender esos terrenos sin la autorización del Congreso, no agotó la vía legal para echar abajo el contrato. Tampoco lo hicieron las siguientes administraciones municipales.
Así, las inmobiliarias y los adquirientes de lotes y manzanas, que fueron identificados como “compradores de buena fe”, interpusieron y ganaron amparos que ordenaban la devolución de los terrenos.
Al mismo tiempo 22 ejidatarios de San Lucas Atoyatenco obtuvieron amparos que dejaron sin efecto el decreto expropiatorio de 1989.
Con este lío jurídico, el ayuntamiento alegó estar imposibilitado para cumplir los fallos de los amparos por dos motivos: uno, porque la justicia federal había brindado protección a ejidatarios y a compradores, y dos, porque no contaba con suficientes policías para desalojar a los tianguistas, que ya eran más de 12 mil.
A partir de esta negativa se inició el juicio por inejecución de sentencia 3/96. Entre 1997 y 1998, el caso dio de qué hablar a nivel nacional, pues el Poder Judicial amenazó con destituir por desacato al entonces alcalde panista Víctor León Castañeda, quien, por cierto, era abogado de algunos compradores de lotes.
El caso llegó a la Segunda Sala de la SCJN, la cual emitió una resolución el 24 de noviembre del año 2000, siendo ponente Mariano Azuela Güitrón.
El ministro advierte en su fallo que la manera en que actuaron las sucesivas administraciones municipales dio lugar a una situación conflictiva, “no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el político y social”.
Explica que todos los grupos consideraban tener la razón, incluidos los tianguistas que se fundamentaban en autorizaciones que el propio municipio les dio y “en el pago de derechos” que hicieron a la autoridad.
Al reconocer que ya era imposible ejecutar las sentencias de amparo, el juzgador emitió un incidente de cumplimiento “sustituto” donde asentó que, como ya no podía regresar los terrenos, el municipio debía pagar a los particulares afectados.
Este fallo deja claro que “deberá darse intervención a todas las personas físicas y morales” que consideren tener derechos sobre el predio y que son autoridades responsables del acatamiento el ayuntamiento, el gobierno y el Congreso estatal.
En 2013, tras desahogar una serie de periciales, el Juzgado Primero de Distrito de Puebla concluyó que el ayuntamiento debía pagar 575 millones 931 mil pesos, de los cuales 85% (490 millones de pesos) eran para las inmobiliarias representadas por Guadalupe Arellano Hernández y Abel Garcés.
Aunque el municipio interpuso varios recursos de queja contra esta resolución, alegando incapacidad económica, la SCJN confirmó el fallo. Requirió incluso al municipio solicitar al Congreso una partida extraordinaria o explorar la posibilidad de contraer un crédito.
Para evitar caer en desacato, las administraciones municipales recientes han destinado 4 millones de pesos de su presupuesto anual para abonar al cumplimiento del fallo, pero sólo han pagado un total de 35 millones de los 800 millones de pesos a los que ya asciende el adeudo.
En un análisis jurídico entregado por las organizaciones se acusa que “ninguna de las autoridades municipales ha hecho lo jurídicamente correcto para encontrar una salida a la problemática del tianguis en la que prevalezca el interés de la colectividad sobre el interés de particulares, porque hacer lo jurídicamente correcto afectaría intereses políticos y económicos”.
Indican que aún es viable promover en tribunales la nulidad de los instrumentos notariales con los cuales los particulares sustentan sus amparos.
Asimismo advierten que el plan de Layón daría pie a que unos cuantos con capacidad económica para participar en las subastas se beneficien a costa del interés de los pobladores. También, que se generaría una “lluvia” de amparos por parte de los tianguistas, complicando más el conflicto legal.
En medios periodísticos poblanos se ha alertado que podría ocurrir un fenómeno similar a lo que pasó con el tianguis de Tepeaca, que era considerado el más antiguo de América Latina, pues se instalaba desde 1440.
Ahí, en los años noventa, el conglomerado de comerciantes migró al municipio de Huixcolotla, cuando la autoridad municipal quiso obligarlos a comprar espacios y, de paso, desplazar a sus organizaciones.
