Presidencia
La ruta de la "simplificación" administrativa: reconfigurar, centralizar, controlar…
El Ejecutivo Federal plantea la desaparición de al menos 16 órganos desconcentrados y organismos descentralizados para ser remplazados por unidades administrativas, lo que evidencia la determinación del gobierno federal de retomar la rectoría de la mayor cantidad de sectores.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, envió el martes 18 a la Cámara de Diputados su propuesta para realizar la mayor “simplificación” que se haya planteado a la Administración Pública Federal: plantea la desaparición de al menos 16 órganos desconcentrados y organismos descentralizados para ser remplazados por unidades administrativas en sus respectivas dependencias.
El documento –que motivó el repudio de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD– propone la desaparición del Fideicomiso de Fomento Minero, así como la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas funciones quedarían a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
Aunque esta propuesta quedó detenida para su análisis a profundidad en septiembre próximo, puso en evidencia de nuevo la determinación del gobierno federal de retomar la rectoría de la mayor cantidad de sectores, incluso en funciones que se habían conferido a organismos con autonomía constitucional, como ha sido el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del cual el presidente de la República ha externado: “Desde que se creó no ha ayudado en nada a combatir la corrupción de gobiernos anteriores”.
Ante la propuesta presentada en el Senado para desaparecer este órgano, el doctor en Ciencia Política, Carlos Arturo Martínez Carmona, considera que “centralizar o tener bajo la tutela del Ejecutivo federal muchas de las acciones, implica que las diferentes visiones sobre el mundo, la pluralidad en términos políticos, culturales, etcétera, sea de una forma ensombrecida”.
Reconfiguración
El enfoque del Poder Ejecutivo para reordenar toda la Administración Pública, está sustentado en el argumento “de una ineficiencia o ineficacia, en el sentido de un gasto incorrecto sobre las instituciones de gobierno y, por otro lado, por un papel mal desempeñado por parte de las agencias gubernamentales», explica Martínez Carmona.
El también experto en instituciones políticas y movimientos sociales explica que persiste la idea desde el gobierno federal de “un mayor control o una mayor centralización. Es el argumento que está detrás, digamos, de fondo con la intención de reordenar toda la administración pública”.
Considera que esto deja en claro que la tendencia es hacia la reabsorción de muchas de las funciones que tenían o tienen estos órganos autónomos para reponerlos al Poder Ejecutivo.
“Todo esto implica –señala– una reconfiguración de la manera de hacer gestión pública en nuestro país, que desde luego tiene de fondo una noción y una lógica que tiene que ver con un ataque al modelo neoliberal”.
En la última semana del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, que concluye este domingo 30, la mayoría simple, construida por Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT, logró transitar en cuatro días al menos 14 proyectos de decreto. Lo hizo en fast track y mediante el tradicional “albazo”.
Ante tal hecho, Martínez Carmona ve pocas posibilidades de detener los cambios que instruye el primer mandatario.
“En términos sociales, en términos de las organizaciones civiles, de los partidos políticos, de los actores independientes, etcétera, el asunto es que hay poca capacidad de resistencia para aquellos que se oponen directamente a estos cambios, lo cual implica que pareciera que los cambios van a pasar: sí o sí”, dijo aún sin conocerse el actuar del Senado para avalar todo lo que le remitió la colegisladora en sede alterna y antes de clausurar sus trabajos.
Pero, según la lectura de Martínez Carmona, no todos los cambios están destinados para el último año de la Presidencia de López Obrador, sino que estarían planteados con el propósito de reforzar el control del Estado en un escenario de continuidad de Morena en la siguiente administración federal.
Así lo expuso: “A final de cuentas es como un modelo que se está reajustando. Lo que vamos a ver –porque pareciera que las cosas van a avanzar favorablemente para el proyecto del Ejecutivo, y si el partido en el poder continúa el próximo sexenio– son cambios estructurales más amplios” que reconfigurarán la administración pública y la manera que “pensamos al Estado mexicano”.
Gobierno, “juez y parte”
En un sorpresivo movimiento, aunque en línea con los comentarios emitidos desde Palacio Nacional contra los comisionados del INAI, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, presentó formalmente su iniciativa para desaparecer al INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública.
Aunque el mismo 28 de abril el senador morenista retiró su propuesta de la Gaceta Parlamentaria, el presidente López Obrador la apoyó, al tiempo que criticó el gasto operativo y la poca eficacia de este organismo.
Pero de nueva cuenta, la cruzada contra los entes autónomos volvió a dejar claro el conflicto entre dos modelos transparencia: uno, el que quiere continuar con estos entes emanados por cuestiones políticas y en menor medida por la sociedad civil; y otro que quiere fortalecer dos ámbitos: el del Ejecutivo federal, en particular la Secretaría de la Función Pública, y el del Legislativo, mediante la Auditoría Superior de la Federación, señala José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
A su parecer, es de aquí donde viene el principal cuestionamiento a la centralización de funciones fiscalizadoras que quiere atraer el aparato estatal: “el Estado estaría siendo juez y parte”.
Aunque no considera una idea descabellada la rendición de cuentas que deben de hacer órganos como el INAI o el propio Instituto Nacional Electoral, explica que lo apropiado es, en primera instancia, realizar los ajustes a la ley que permitan transitar entre uno y otro modelo, sin ir de inmediato por la reducción administrativa.
“Es en este sentido donde el Ejecutivo, y principalmente el Legislativo, mucho tienen que hacer para fortalecer estas dos oficinas, pero que tuvieran autonomía propia. Y precisamente este es el gran cuestionamiento. Si al desaparecer estos órganos, ¿cómo es que entonces el Ejecutivo podría sancionar al respecto?, cuestiona.
