Seguridad
Paraquat, el arma de Sedena contra narcocultivos
Debido a la prohibición de usar glifosato en las dependencias de la administración federal, la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó cotizaciones del potente herbicida al menos a 30 agroempresas, revelan documentos filtrados por el colectivo Guacamaya.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Debido a la prohibición de usar glifosato en las dependencias de la administración federal, durante 2022 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó cotizaciones de paraquat –un herbicida más potente que el glifosato– al menos a 30 agroempresas para el proyecto DAMA-02/2022 “Adquisición de Herbicida para Erradicación de Plantíos de Enervantes”, según documentos consultados entre los seis terabytes de correos electrónicos de la Sedena, filtrados por el colectivo Guacamaya y disponibles en el sitio de la organización de periodistas Distributed Denial of Secrets.
En las cotizaciones, dirigidas a José Gerardo Vega Rivera, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), se ofertan seis mil litros de Transquat, nombre comercial del paraquat, a un monto de 699 mil 600 pesos, en este caso comercializados por la empresa Petroagro, SA de CV. Dicho volumen de herbicida alcanzaría para fumigar hasta mil 600 hectáreas, es decir, un poco más de dos veces la superficie del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.
En el registro sanitario de la Cofepris se contabilizan 92 productos que contienen paraquat como ingrediente activo. Entre las empresas que lo venden se encuentran: Agricultura Nacional, Agronova, Agroquímica Tridente, Chemimport, Agroquímicos Versa, Petroagro, Pyosa, Rainbow Agroscience y Syngenta-ChemChina.
La cotización está fechada en El Salto, Jalisco, el 26 de abril de 2022, más de un año después de que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitió el oficio 00067/21 donde solicita a las distintas secretarías “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
En el oficio, emitido en febrero de 2021, se solicita además a las secretarías informar acerca del uso del glifosato. En respuesta a la solicitud, el vivero Cárdenas adjuntó el contrato SDN-VFMC-01219 celebrado entre 2015 y 2020 para la “adquisición y suministro de agroquímicos necesarios para la producción del vivero forestal militar Cárdenas”, por un monto total de nueve millones 687 mil 100 pesos.
En el oficio 74338, marcado como “urgente”, de las comunicaciones internas de la Sedena, dirigida a los 31 viveros forestales y firmada el 15 de agosto de 2020 por el secretario Luis Cresencio Sandoval González, se menciona que el uso del glifosato en la dependencia será eliminado en cuatro años… al menos para trabajos agroforestales.
En 2007 la Sedena clasificó como información reservada el tipo de agroquímicos que utiliza en las fumigaciones aéreas de enervantes. Entre diciembre de 2018 y mayo de 2022 el Ejército destruyó con glifosato al menos siete mil 162 hectáreas de cultivo de cannabis en Guerrero, Sinaloa, Durango y Michoacán, según cifras de la propia dependencia.
En otro correo del remitente mmox.dn19@sedena.gob.mx aparece una fotografía del helicóptero Bell 407 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con equipos de fumigación agrícola rociando paraquat, un herbicida altamente tóxico que Estados Unidos alentó para destruir plantíos de mariguana desde la década de los setenta en México, según documentos de análisis de la propia Sedena.
Además del Bell 407, la FAM cuenta con el Bell 206, ambos de manufactura norteamericana, controlados por el Escuadrón Aéreo 111, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, para rociar herbicida directamente sobre los plantíos de amapola y mariguana, secando los plantíos en pocos días.
El tema de las fumigaciones aéreas en cultivos de amapola y cannabis no ha sido abordado por el titular del Ejecutivo, quien ha sido interpelado por organizaciones de campesinos que buscan su cultivo con fines medicinales.
Apenas en abril de 2022, campesinos de los municipios de Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, en la Sierra de Guerrero, detuvieron a elementos del Ejército que participaban en recorridos terrestres de identificación, para después fumigar los plantíos de amapola.
La exposición a los herbicidas puede causar problemas de salud, tales como daño hepático y renal, envenenamiento del sistema nervioso central e insuficiencia respiratoria. Al mismo tiempo, las campañas de erradicación de enervantes perjudican el medio ambiente al contaminar el suelo y las fuentes de agua y destruir otras formas de vida vegetal.
A escala mundial la fumigación aérea es una fallida política antidrogas, pues los herbicidas impactan en todo el ecosistema, causando daños irreversibles a la tierra y las comunidades que la habitan. En el caso del Plan Colombia –iniciativa respaldada por Estados Unidos destinada a reducir la producción y el tráfico de drogas en el país sudamericano– las erradicaciones aéreas fueron suspendidas por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2015, por representar un riesgo a la salud y al medio ambiente, además de tener una eficacia limitada en la reducción de la producción de coca y cannabis.
Sin embargo, en 2019 –durante el gobierno de Iván Duque Márquez– anunció el regreso de la fumigación aérea como herramienta para combatir el narcotráfico.
