Calica
Conflicto entre Cemex y Calica, pretexto ideal para el ingreso de las Fuerzas Armadas
La empresa estadunidense Calica denunció como ilegal la irrupción de efectivos militares y policiacos en sus instalaciones el martes 14. La acción, justificada por los gobiernos federal y estatal fue el cumplimiento de una medida otorgada judicialmente a Cemex por un diferendo comercial.
La empresa estadunidense Calica denunció como ilegal la irrupción de efectivos militares y policiacos en sus instalaciones el martes 14. La acción, justificada por los gobiernos federal y estatal como el cumplimiento de una medida otorgada judicialmente a Cemex por un diferendo comercial, tuvo lugar en la zona aledaña a donde se extrae material para la construcción del Tren Maya y provocó reacciones desfavorables al presidente López Obrador en el congreso estadunidense, además de reabrir el frente con los grupos ecologistas como Sélvame del Tren.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En la madrugada del martes 14 efectivos de la Marina y del Ejército ocuparon los terrenos de Calica, al sur de Playa del Carmen, para garantizar una medida cautelar ordenada por un juez de materia civil, derivada de una demanda interpuesta por la empresa mexicana Cemex, que acusa a la trasnacional de incumplir obligaciones derivadas de sus relaciones contractuales.
La irrupción con la que se vio apoyada Cemex por las fuerzas federales volvió a tensar la relación entre la filial de Vulcan Materials Company con autoridades mexicanas, pues escaló al plano internacional.
Incluso, pese a que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi), que resuelve el arbitraje entre Calica y el Estado mexicano, había solicitado en un resolutivo de septiembre de 2022 el cese de ataques contra el particular desde las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste volvió a lanzarse contra dicha empresa, a la que acusa de “ecocidio”.
En respuesta, congresistas estadunidenses y diversos actores políticos de aquel país calificaron de ilegal el ingreso de las Fuerzas Armadas.
Los recursos contra Calica son llevados en juzgados civiles y en la Fiscalía General de Justicia del estado, pero en la incursión participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la policía de Quintana Roo y la Policía de Solidaridad, ésta última con sede municipal en Playa del Carmen. La participación de la fuerza federal se aplicó bajo el argumento de que los puertos son jurisdicción de la Marina.
Trabajadores de Calica que fueron testigos de la irrupción, dijeron a Proceso que la dimensión del operativo se debió a que Cemex tenía la urgencia de descargar producto que arribó a través del puerto de Punta Venado para ser ocupado en la obra del Tren Maya, aledaño a los predios de dicha empresa.
No obstante, Cemex aseguró que sólo se trató del cumplimiento de una medida cautelar ordenada por juzgados civiles locales, tras una demanda que interpuso contra la filial de Vulcan, debido a que no tenía acceso a una parte del puerto que le subarrienda a la empresa estadunidense.
Desde entonces, la caseta número 1 de Calica –comercialmente denominada Sac-Tun– que conduce a la zona de maniobras del puerto de Punta Venado, objeto de otro litigio entre esta empresa y autoridades mexicanas, se encuentra resguardada por marinos y soldados.
Hay dos filtros en el lugar. El primero se encuentra en la entrada y es encabezado por efectivos de infantería de la Sedena; el segundo, ya dentro de la propiedad de Calica, lo integran marinos, quienes incluso revisan al personal de seguridad privada de la propia empresa de origen estadunidense.
En un posicionamiento enviado a medios de comunicación, Cemex afirmó que cuenta con una relación contractual vigente con Calica para el uso de la terminal marítima de Punta Venado, concesionada en favor de la subsidiaria de Vulcan desde hace más de 20 años. Desde ahí descarga cemento que utiliza en los diversos proyectos que ha emprendido en la región.
Sin embargo, Cemex afirma que desde finales del año pasado ha enfrentado dificultades para ingresar al puerto. Ante ello, tuvo que demandar a la concesionaria.
“Después de meses de negociaciones, y no habiendo podido llegar a un acuerdo con Calica, Cemex presentó una demanda ante un Juzgado Civil local, que otorgó medidas cautelares para que Cemex pudiera seguir con sus operaciones durante el litigio pendiente”, expuso la empresa mexicana.
