CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Activistas de la organización Movimiento Indígena Maya presentaron ayer una demanda colectiva contra la minera Calica, una filial de la transnacional estadunidense Vulcan Materials, en la cual exigieron el cierre definitivo de la empresa especializada en la extracción de piedra caliza, que mantiene un arbitraje internacional contra el Estado mexicano desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su demanda, los integrantes de la organización sostuvieron que la minera provocó “graves violaciones al medio ambiente y la salud de las niñas y niños de las comunidades rurales de Quintana Roo”, principalmente a través del polvo desprendido con material explosivo de las zonas de extracción, que causaría asma en las zonas aledañas de la minera.

El activista ambientalista Raúl Benet aseveró que, además de los daños a la salud, la extracción minera dañó los mantos freáticos y modificó los flujos de los ríos subterráneos; exigió que la empresa repare los daños y devuelva al Estado el puerto de Punta Venado.

La demanda colectiva fue presentada en medio de una intensa batalla legal y mediática entre el gobierno mexicano y la minera, que inició con un arbitraje internacional en el que Calica reclama mil 529 millones de dólares al Estado por el supuesto incumplimiento de una concesión –para explotar los predios El Corchalito y La Adelita–, en violación con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

De las oficinas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el pleito se trasladó al centro del debate público en México, cuando López Obrador acusó Calica de financiar una campaña legal contra el Tren Maya, la señaló por causar devastación ambiental y en mayo pasado la mandó a cerrar con un grupo de soldados de la Secretaría de Marina (Semar).

El gobierno de López Obrador presentó una queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por “destrucción del territorio”, mientras Calica obtuvo del CIADI una medida cautelar que prohíbe a mandatario y su equipo atacar públicamente a la empresa.