Jesuitas
Jesuitas en La Tarahumara: En constante "situación de riesgo"
La muerte de El Chueco –capo que gozaba de la protección de las autoridades locales– no ha frenado los riesgos para estos religiosos. “Esa muerte no resuelve nada. Todo sigue igual”, resume el sacerdote Javier Ávila.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano implementar medidas cautelares para proteger la vida de los jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara, pues no sólo se mantiene impune el asesinato de sus compañeros Javier Campos y Joaquín Mora, cometido hace nueve meses, sino que enfrentan constantes actos de violencia y amenazas. La muerte de El Chueco –capo que gozaba de la protección de las autoridades locales– no ha frenado los riesgos para estos religiosos. “Esa muerte no resuelve nada. Todo sigue igual”, resume el sacerdote Javier Ávila.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Ante las constantes “amenazas de muerte” contra los sacerdotes jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara, las cuales se dan en un “contexto de violencia e inseguridad” provocado por el crimen organizado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado mexicano que les otorgue medidas cautelares a estos religiosos, en una resolución emitida a fines de enero último.
La CIDH también le recuerda al Estado que esta “situación de riesgo” ya se “materializó” con el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrado el 20 de junio del año pasado en la remota comunidad chihuahuense de Cerocahui, un crimen que ha quedado impune a nueve meses de ocurrido.
Y agrega que el presunto asesino de los dos religiosos, el narcotraficante José Noriel Portillo Gil, El Chueco, quien apareció muerto la semana pasada en un solitario paraje, gozaba de la protección de las autoridades y se desplazaba libremente por la Sierra Tarahumara, junto con sus hombres fuertemente armados.
Así, debido a la “gravedad” y “urgencia” del caso, la CIDH determinó lo siguiente:
“La Comisión solicita al Estado (gobierno) de México que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros”.
Y menciona a los ocho jesuitas “beneficiarios” de esta protección: Jesús Reyes Muñoz, Esteban Cornejo Sánchez, Sebastián Salamanca Huet, Luis Ramón Avitia Aguilar, Luis Gilberto Alvarado Durán, Enrique Javier Mireles Bueno, Alberto Munguía Gómez y Daniel Martín.
Pide además protección para tres religiosas –cuyos nombres no menciona– que colaboran con aquellos en la Tarahumara. Así, en total son 11 las personas beneficiadas por ese organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos.
“Un fracaso más del Estado”
El jesuita Javier Ávila, conocido como Pato, quien también trabaja en la zona en el municipio de Creel, donde dirige la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC), comenta preocupado:
“Tras nueve meses del asesinato de nuestros dos compañeros jesuitas, a El Chueco no lograron atraparlo las autoridades gubernamentales, todo ese tiempo siguió disfrutando de su libertad. Ahora acaba de aparecer su cadáver, muy probablemente fue asesinado por alguna banda rival. Lo mataron los mismos criminales”.
