Familiares y defensores de Rosendo Radilla y de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez -–miembros del EPR–, víctimas de desaparición forzada cometida por el Ejército, denuncian que después de lidiar con gobiernos federales en busca de justicia, pese al discurso oficial el Ejército en la 4T no es distinto al de Felipe Calderón. Y también denuncian que tras años de lucha la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República continúan como el principal obstáculo para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Empoderado con el respaldo irrestricto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército “se resiste a rendir cuentas” y ha sellado un “pacto de impunidad” con la Fiscalía General de la República (FGR) para que altos mandos militares no sean tocados, ni siquiera ante sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A esas conclusiones han llegado abogados y familiares de Rosendo Radilla Pacheco y de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada cometidas por elementos del Ejército mexicano –Rosendo en 1974, y Edmundo y Gabriel en 2007–. 

La resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a ser escrutada fue más que evidente el lunes 13, a ser la gran ausente por “motivos de agenda” en la audiencia privada convocada desde enero último por la CoIDH para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia condenatoria contra México, emitida en noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en el contexto del combate contrainsurgente a la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero.

“El Ejército en esta administración tiene vía libre para hacer lo que le plazca, tanto que puede elegir no presentarse a una audiencia de la CoIDH, anunciarlo el mismo día que se realizó, aunque ello pueda significar consecuencias para el Estado mexicano en su conjunto”, denuncia Miguel Alcaraz Ceballos, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que representa a los familiares de Rosendo Radilla.

En entrevista, Alcaraz Ceballos explica que a casi 50 años de la desaparición de Radilla Pacheco, detenido por militares en Atoyac, Guerrero, por “componer corridos”, sus familiares han solicitado que se declare a México en “desacato” ante la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que han pasado más de 13 años de emitida la sentencia del tribunal regional, sin que se haya atendido la principal demanda: el castigo a los culpables y saber dónde está Rosendo.

“Hay una total simulación por parte de la FGR porque no ha habido una investigación exhaustiva, ese fue nuestro argumento principal y fue por lo que la Corte nos concede la audiencia, la segunda desde que se emitió la sentencia.

“Desde 2017 se tiene una lista de aproximadamente de 400 servidores públicos pendientes por declarar, entre soldados y expolicías estatales de Guerrero, y hasta ahorita lleva 67 declarados de los cuales 99% asegura que no se acuerda o prefiere guardar silencio”, dice el abogado de la CMDPDH.

Alcaraz Ceballos señala a la FGR por negarse persistentemente a investigar la cadena de mando, pese a que existen dos peritajes dentro del expediente por parte de expertos y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que recomiendan abordar esa línea de investigación e incluso fincar responsabilidades penales.

“Si duda, para investigar la cadena de mando se necesita la colaboración de la Sedena para acceder a los archivos, a la información de quiénes eran en ese entonces los coroneles, los generales de los batallones en los cuales es probable se llevaron a Rosendo Radilla, es decir, quiénes eran los encargados, quiénes daban órdenes, quiénes estaban al frente de la contrainsurgencia”, refiere el abogado.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2420 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.