CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, a manos de militares, en hechos ocurridos hace 45 años, la hija del luchador social, Tita Radilla, acusó actos de “simulación” por parte del Estado, sin que hasta ahora haya una estrategia de búsqueda o castigo a los responsables. Por el contrario, “hoy son miles y miles (de desaparecidos), y esta escalofriante cifra aumenta día a día sin que nada ni nadie pueda pararlo y, lo peor, que tengan que ser las familias las que tengan que salir a los montes, a los cerros, a los desiertos, a los lugares más inhóspitos, a buscar a sus seres queridos desaparecidos”, lamentó ante el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y la fiscal especial de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías. Radilla Martínez, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos de México (Afadem), resaltó que llevar el caso de su padre ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos formó parte de la estrategia de familiares de decenas de desaparecidos durante el periodo conocido como “guerra sucia”, para obligar al Estado mexicano a implementar acciones de búsqueda y sanción a los responsables, así como la reparación integral y medidas de no repetición. El caso fue litigado por Afadem y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Acompañada de integrantes de Afadem procedentes del estado de Guerrero, para conmemorar el décimo aniversario de la sentencia de la CoIDH, Tita Radilla advirtió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, si bien muchos de los familiares de las víctimas de los años sesenta y setenta murieron esperando justicia y otros están demasiado enfermos, “no quiere decir que termina la exigencia”. Las víctimas de desaparición forzada durante la “guerra sucia”, abundó, dejaron familias sufriendo por ellos, de ahí que, a más de 40 años y en algunos casos hasta 50 años, las nuevas generaciones “conocen de esa historia llena de fuerza y coraje y muchos están ahí listos para seguir en este camino hasta encontrarlos”. La defensora destacó que, a 10 diez años de publicada la sentencia por la desaparición de Rosendo Radilla, que el Estado mexicano se comprometió a cumplir, hasta ahora “no hay una sola pista sobre su paradero”, pese a que se han realizado múltiples diligencias, entre ellas seis excavaciones que –subrayó-- “se han hecho de manera ineficiente, con muchas limitaciones, sin investigaciones previas, por lo que no han arrojado resultado alguno”. Y también sin resultados se encuentran las diligencias realizadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues si bien se llevaron a cabo acciones de búsqueda, fueron interrumpidas por limitaciones en recursos materiales y humanos, en tanto que los testimonios de exmilitares que presuntamente estuvieron activos en Atoyac de Álvarez, cuando fue detenido y desparecido Rosendo y cientos más, no han revelado “qué hicieron con ellos y dónde los dejaron”, recalcó Radilla Martínez. En su intervención, Encinas Rodríguez sostuvo que el gobierno de López Obrador está comprometido con los desaparecidos de “larga data” y que “lo más importante es que es una prioridad del gobierno”, en tanto que es “una agenda pendiente” de la Fiscalía General de la República (FGR) “en el deslinde de responsabilidades”. El funcionario federal reconoció la relevancia del caso Radilla Pacheco en la realización de cambios legislativos, como lo es la reforma al Código de Justicia Militar, para que los casos de violaciones a derechos humanos sean investigados en el ámbito civil y no el militar, tema en el que “sigue habiendo un déficit”, y ejemplificó con el caso de la masacre de Tlatlaya, donde militares ejecutaron a civiles, y que se mantiene en la impunidad. De acuerdo con Encinas Rodríguez, el gobierno de López Obrador tiene “certeza de la dimensión del problema, que no es novedoso”, ya que la desaparición forzada es una práctica que tiene muchos años, y se comprometió a que “en el corto plazo habrá resultados”. A su vez, Sara Irene Herrerías hizo un recuento de las actuaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y ahora la FGR en el esclarecimiento de la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ente las diligencias que se han llevado a cabo destacó la identificación de 19 militares en retiro y uno activo, quienes laboraban en la 27 Zona Militar en Atoyac, donde inicialmente fue llevado Rosendo Radilla, en agosto de 1974. A ellos, dijo, se les está tomando declaración, lo mismo que a algunos de los 372 sugeridos por la representación legal de la familia Radilla. Herrerías hizo referencia a la declaración ministerial que se le tomó al expresidente Luis Echeverría Álvarez, el 30 de abril de 2018, así como la solicitud de asistencia jurídica al gobierno de Estados Unidos y las acciones de búsqueda coordinadas con la Comisión Nacional de Búsqueda. En el evento participó el exministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío, quien contó que el caso Radilla fue el más trascendental que le tocó analizar, por su trascendencia judicial y legislativa, al tiempo que urgió a la implementación de un protocolo homologado de búsqueda en el que estén involucrados los jueces de distrito. El director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara, expresó que a 45 años de la desaparición de Radilla Pacheco “no ha habido medidas decisivas de búsqueda y localización”, y confió en que el gobierno de López Obrador dé respuesta a los familiares de cientos de desaparecidos de la llamada “guerra sucia”.