CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Estamos ante una actitud “permanente de hostigamiento que tiene el Tribunal hacia uno de los poderes”, acusó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ignacio Mier, luego del rechazo de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la invitación a un diálogo político que les hicieron los legisladores.

“Tenemos que actuar en consecuencia”, continuó el morenista Ignacio Mier. Anunció que la próxima semana, en la sesión del martes 14, buscarán que el pleno de los dipu­tados apruebe la nueva convocatoria para el proceso de selección de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

De esta forma repondrán el primer documento que el Tribunal, con los votos de sólo cuatro de los siete magistrados, invalidó el 23 de diciembre de 2022 por considerar que la convocatoria daba facultades “inconstitucionales” de intervención a la Jucopo en el proceso de selección.

La mayor parte de los integrantes de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados se ha manifestado contra las recientes determinaciones del Tribunal Electoral Federal, entre ellas la de junio de 2022, para incorporar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente, lo que no sucedió pese a la amenaza de sanciones.

Sobre la respuesta negativa de los magistrados electorales, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, recriminó: “Era una invitación, no un citatorio, y nos responden –con todo respeto dicho para los litigantes– como si fuéramos a hacer un ‘alegato de oídas’”.

En contraste, la diputada panista Alejandra Felipe Torres opinó que la reciente confrontación podría haberse suscitado a partir de una malinterpretación del asunto, pues recordó que los tres poderes de la Unión “tienen la función de regularse y de verificarse entre ellos mismos”, y ahí es donde entra el Poder Judicial.

Confrontación

De manera tajante, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el legislador Juan Ramiro Robledo, apuntó: “Yo estoy en contra del gobierno de los jueces. No en todos los casos los jueces deben decir la última palabra”.

Recordó que el asunto se inició por la queja de dos personas que “aspiraban” a inscribirse como candidatas, pero no lo hicieron. “Sí hay materia electoral, pero las quejosas no tienen interés legítimo para aquejarse todavía”.

Agregó que cuando los jueces establecen criterios sobre un tema, los vuelven jurisprudencia, y luego, norma jurídica, se dan atribuciones que no marca la ley, “y tienen injerencia en todos lados”.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales consideró que es tiempo de “revisar los límites que pueden tener el Poder Judicial, los tribunales”, desde los otros dos poderes de la Unión.

Desde un tono más conciliador, Acción Nacional señaló que “para eso están las instituciones, para que, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, nos apeguemos a la legalidad y al estado de derecho, y eso es apegarnos a todas las sentencias que se emitan desde el Poder Judicial”, dijo la diputada Alejandra Felipe.

Consideró: “Me parece que hay una falta de interpretación correcta de este asunto… Una de las funciones del Poder Judicial es, precisamente, checar, verificar todos los procesos que se realicen, sobre todo aquellos que implican alguna designación o que implican alguna elección de autoridades”.

Hamlet García, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral, indicó que la Constitución marca, claramente, “que es la Cámara de Diputados, con el apoyo de un Comité Técnico, la que desarrolla de manera soberana la designación de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, y no el Tribunal Electoral. Concedió: “Le puede corresponder a la Suprema Corte, pero no mediante una votación, sino mediante insaculación”, precisó.

A final de cuentas, concluyó el diputado Ramiro Robledo, todo esto ya se hubiera resuelto de haberse aprobado por el Senado la Reforma Electoral vía legal.

“Porque todavía no se aprueba el plan B, según el cual el Tribunal Electoral y el INE solamente pueden actuar con base en el principio de aplicación de ‘estricto derecho’, que quiere decir que, si no lo dice la ley, no pueden tener competencia con sus propios criterios”.

Invitaciones declinadas

Ante la imposibilidad de acatar, antes del inicio del periodo de sesiones, en febrero, la sentencia del Tribunal para reponer la convocatoria y designar a cuatro consejeros del INE, el 2 de enero Mier anunció que quedaban suspendidas todas las etapas del proceso, incluida la de formación del Comité Técnico de Evaluación de los Candidatos.

Tras revisar las posibles salidas al tema, con el análisis de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara, los legisladores acordaron un “periodo de reflexión” en el que invitarían a los magistrados del TEPJF a sostener un diálogo con ellos en San Lázaro.

La idea era plantear el encuentro entre el 2 y el 9 de febrero, para permitir que la asamblea de los diputados pudiera reponer la convocatoria, con una nueva votación el 14 de febrero, e iniciar este proceso.

Pero la propuesta fue rechazada tajantemente por los magistrados electorales. En una carta fechada el viernes 3, en la que “por instrucciones del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón”, se hizo a los diputados una contrapropuesta: celebrar una audiencia con los integrantes de la Jucopo a efecto de escucharlos “en las instalaciones de esta Sala Superior”.

El miércoles 8 el disgusto de la Jucopo no pudo ser más evidente. Mier indicó: “Ellos se confundieron. No hay inocencia, sabemos que lo hicieron en esa actitud que han venido asumiendo, digamos, de poca colaboración con otro poder, y prefirieron darle una salida legal”.

En igual sentido, tras la reunión de ese día, el coordinador perredista, Luis Cházaro, aseveró: “No acudiremos, ya lo hemos decidido en la Junta… y vamos a responder en el marco de instalar una mesa jurídica”. Este último punto será para pedir la opinión de la Corte sobre este tipo de asuntos.

La negativa de abrir un debate político fue cuestionada por el diputado Hamlet García, ante las dudas legítimas que, dijo, podrían surgir al acatar el fallo: “¿Podrían participar los consejeros que ya están en función? Porque si tú dices que no estás violando un principio de igualdad, ¿como por qué alguien que integra un órgano no va a tener el derecho a presidirlo?”

Mencionó irónicamente que incluso en el Máximo Tribunal del país algo así hubiera tenido un efecto adverso: “Es como si dijeras que la ministra Piña no puede presidir la Corte. Ella es integrante. No llegó un nuevo ministro a presidir la Suprema Corte”. 

Reportaje publicado el 12 de febrero en la edición 2415 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.