MONTERREY (apro)..- El senador de Nuevo León por Morena, Waldo Fernández, declaró este lunes que la detención de Karina Barrón, secretaria del municipio de Monterrey, se debió que la demandó por perpetrar un montaje en su contra con la participación de la Fiscalía General de Justicia estatal.

“Lamentablemente, se ha normalizado la guerra sucia, pero aquí yo fui víctima de guerra sucia y de un montaje con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ellos admitieron a trámite una denuncia de violación con una persona que nunca se identificó en ninguna parte del proceso.

“Jamás se identificó. No hubo un dictamen médico, ni un dictamen psicológico y en cuanto tuvieron esta denuncia la subieron a un periodista en la ciudad de México”, declaró Fernández al salir del juzgado en donde un juez federal dictó hoy prisión preventiva como medida cautelar contra Karina “N”.

La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, detenida el domingo por la Fiscalía General de la República (FGR), fue candidata al Senado en la pasada contienda y anteriormente, diputada federal por el PRI y diputada local.

Conforme a las declaraciones de Fernández, hace más de un año fue acusado falsamente de violación y Karina “N” estaba implicada en lo que calificó como “montaje”, como parte de una guerra sucia política.

Explicó que fueron imputadas tres personas involucradas en el caso y que el juez les dictó prisión preventiva como medida cautelar derivado de la denuncia que él presentó.

“Yo presenté una denuncia por hechos, una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión. Esto fue días antes de la elección. Y el día de hoy es una parte del proceso de justicia. No podemos normalizar, bajo ninguna circunstancia las calumnias, la difamación, la guerra sucia, pero sobre todo, yo soy, o en ese momento era aspirante al senado de la República. ¿Qué pasa con los ciudadanos de Nuevo León?”, afirmó.

“Montaje burdo”

El senador describió como una pesadilla lo que ha vivido durante un año y medio al ser descalificado en redes sociales después de la acusación de violación de una persona que, asegura, nunca se identificó y fue pagada para hacerlo.

“Hay tres personas, entre ellas, una mujer que era un personaje público, que se aprovechó de otra mujer que le pagó 1 millón de pesos y consta en autos ahí y que a partir de ahí fueron e hicieron un montaje (…).

“El Ministerio Público de la Fiscalía de General de Justicia del Estado simple y sencillamente habla solamente con el abogado que presenta la denuncia. Y la presunta persona que me denuncia ni siquiera habla, no participa. Es un montaje burdo”, acusó.

Fernández señaló a la Fiscalía estatal por dar trámite a una denuncia de violación de una persona que nunca se identificó, sin dictamen médico y psicológico.

Asimismo, afirmó que el abogado de la funcionaria, de nombre Gustavo, intentó extorsionarlo, mientras que ella y su esposo le compraron un boleto de avión y pagaron el hospedaje de la mujer que lo acusó para que acudiera a presentar la denuncia, “así de infame lo que me estaban haciendo”.

Culpó también a la Fiscalía por admitir una denuncia de alguien que no se identificó y de no haberle hecho saber de la misma, pues se difundió primero por un medio de comunicación y por redes sociales, antes de que se le notificara.

“En ningún momento se identificó la persona, en ningún momento. Tan es así que batallamos o batallaron las autoridades casi 8 meses en encontrarla porque falseó su edad en la declaración que da, falseó su estado civil y movió su fecha de nacimiento (…)”.

El legislador federal describió que conoció el número de averiguación por información expuesta por un periodista de la Ciudad de México, “tenía más información que el que estaba presuntamente acusado, pero más allá de eso, se pasó el proceso electoral y las personas se desaparecieron. Nunca más volvieron a incitar la investigación de un delito tan grave”.

Explicó que la medida cautelar establecida por el juez federal fue prisión preventiva y que la audiencia de vinculación se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, en donde se definirá la situación de los detenidos.

Entre tanto, la funcionaria y los otros dos detenidos quedarán en internamiento en un centro de reinserción social del estado de Nuevo León.